La Asociación de Abogados Cristianos presentó una denuncia penal contra organizadoras de la movilización

Por Daniel Reséndiz | Corresponsal

Once católicos fueron agredidos en Guadalajara el pasado 8 de marzo, durante la marcha feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Catedral de Guadalajara, donde los afectados resguardaban el recinto religioso.

Integrantes de colectivos feministas arremetieron contra los fieles, pese a que estos no realizaron provocaciones ni actos violentos.

La Asociación de Abogados Cristianos (AAC) anunció la presentación de una denuncia penal contra las organizadoras de la movilización.

Denuncia por agresión y violación de derechos

La querella argumentó que la agresión vulneró la libertad religiosa y puso en riesgo la integridad de los católicos afectados.

El director jurídico de la AAC, Carlos Ramírez, señaló que este tipo de hechos no pueden quedar impunes.

Afirmó que la violencia registrada en la marcha evidenció la falta de garantías para el ejercicio de creencias religiosas.

Exigió que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables de la agresión contra los católicos.

Exigencia de justicia y medidas de protección

Los afectados aseguraron que la movilización feminista se convirtió en un escenario de violencia sin control.

Los católicos agredidos recalcaron que su único propósito era proteger la Catedral de Guadalajara ante posibles daños.

Indicaron que fueron atacados sin razón, lo que puso en evidencia la radicalización de ciertos sectores de la protesta.

Los abogados de la AAC solicitaron que se refuercen las medidas de seguridad en futuras movilizaciones.

Reacciones de grupos religiosos y organizaciones

Líderes de asociaciones católicas repudiaron el ataque y exigieron castigo para los agresores.

Pidieron que las autoridades estatales garanticen el respeto a la libertad de culto en el estado de Jalisco.

Advirtieron que, de no haber sanciones, la violencia contra comunidades religiosas podría repetirse.

En contraste, colectivos feministas justificaron la movilización como un acto de protesta legítima.

Autoridades analizan la denuncia interpuesta

El gobierno de Jalisco confirmó que la denuncia fue recibida por la Fiscalía Estatal.

Se informó que se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Las autoridades no descartaron citar a las organizadoras de la marcha para deslindar responsabilidades.

El proceso legal podría sentar un precedente en torno a los límites de las protestas sociales.

Posturas encontradas y el debate sobre la protesta social

El caso ha generado posturas divididas entre defensores de la protesta feminista y sectores religiosos.

Mientras activistas recalcan su derecho a manifestarse, organizaciones civiles denuncian el uso de la violencia.

El debate se centra en los límites entre la libertad de expresión y la preservación del orden público.

Las investigaciones determinarán si existen elementos para proceder penalmente contra las organizadoras. –sn–