Avanza reforma en transparencia y protección de datos; proponen sustituir al INAI

Por Gabriela Díaz | Reportera

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados presentó este jueves una iniciativa para reformar el marco legal en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

El dictamen, impulsado por el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, plantea una transformación del sistema de transparencia en el país, incluyendo la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Un nuevo modelo de transparencia

Durante su intervención, Mejía Berdeja señaló que la propuesta busca descentralizar el acceso a la información y trasladar las funciones del INAI a 18 autoridades especializadas, de acuerdo con el ámbito de cada sujeto obligado. Con este esquema, explicó, se pretende garantizar mayor eficiencia en la gestión de solicitudes y fortalecer el principio de máxima publicidad.

El dictamen también establece que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia, con lo que se pretende optimizar el uso de recursos públicos.

Además, se propone la creación del organismo Transparencia para el Pueblo, encargado de resolver recursos de inconformidad presentados por ciudadanos en caso de negativa de información.

Reducción de costos y eliminación de burocracia

La propuesta señala que el 80% de las funciones actuales del INAI serán absorbidas por la Secretaría de Anticorrupción, pero con solo el 35% del costo de su estructura, lo que representaría un ahorro de casi mil millones de pesos anuales.

Los fondos ahorrados, según el legislador, podrían destinarse a políticas públicas prioritarias, además de consolidar un modelo de rendición de cuentas más accesible para la población.

Modificaciones en la Ley General de Transparencia

El dictamen prevé la expedición de nuevas leyes generales en materia de transparencia y protección de datos personales, además de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se establece que las contralorías estatales y municipales serán responsables de garantizar el acceso a la información a nivel local, mientras que los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, contarán con áreas especializadas en transparencia.

Críticas y cuestionamientos

La iniciativa ha generado controversia, especialmente por la sustitución del INAI y la concentración de facultades en una sola dependencia. Organismos de la sociedad civil han advertido que este modelo podría debilitar la independencia de la transparencia y aumentar la discrecionalidad en la gestión de la información gubernamental.

Además, han expresado preocupación por la eliminación de un organismo autónomo que ha sido clave en la vigilancia del uso de recursos públicos y la rendición de cuentas.

Impacto en la protección de datos personales

El dictamen también contempla cambios en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. La nueva Secretaría de Anticorrupción asumiría las funciones del INAI en este rubro, lo que ha generado inquietudes sobre la capacidad del gobierno para regular el uso de datos privados sin vulnerar derechos fundamentales.

Un nuevo esquema de vigilancia ciudadana

El legislador Mejía Berdeja defendió la iniciativa argumentando que el modelo actual ha derivado en duplicidades y gastos innecesarios, sin garantizar acceso efectivo a la información.

“Este es un cambio necesario para consolidar una administración pública más eficiente y cercana a la ciudadanía. Se trata de eliminar privilegios y fortalecer la transparencia desde una visión verdaderamente democrática”, afirmó.

Sin embargo, expertos han advertido que centralizar la transparencia en el Ejecutivo podría dificultar la rendición de cuentas, especialmente en casos de corrupción que involucren a dependencias gubernamentales. –sn–