Familiares de desaparecidos cuestionan actuación de autoridades en el rancho Izaguirre

Por José Víctor Rodríguez | Reportero

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asumió la investigación sobre el caso de Teuchitlán, Jalisco, tras la queja interpuesta por colectivos y familiares de personas desaparecidas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) confirmó la transferencia del caso y aseguró que no existen quejas directas contra el actuar de las autoridades.

El anuncio fue realizado por Luz del Carmen Godínez, presidenta de la CEDHJ, quien explicó que la comisión estatal únicamente había iniciado un acta de investigación y no una queja formal.

Condiciones irregulares en el predio

El primer visitador, Manuel Alejandro Murillo, indicó que las condiciones en las que la Fiscalía del Estado (FE) de Jalisco permitió el acceso al rancho no fueron adecuadas.

Según Murillo, el día de la visita ya no estaban los objetos que previamente habían reportado los colectivos, entre ellos:

• Calzado y prendas de vestir.
• Maletas y mochilas.
• Cobijas y pertenencias personales.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco había documentado estos hallazgos desde el 5 de marzo, pero cuando la CEDHJ realizó su visita el 20 de marzo, estos elementos habían desaparecido.

Dudas sobre la manipulación de la escena

La CEDHJ indicó que no puede asegurar si la escena fue alterada, pero reconoció que las condiciones del lugar cambiaron en el transcurso de los días.

A pesar de esto, Godínez afirmó que su equipo brindó acompañamiento a las familias y realizó actividades de contención en el lugar.

Funciones y limitaciones de la CNDH

La CNDH es un organismo autónomo encargado de proteger, estudiar y promover los derechos humanos en México. Entre sus facultades están:

• Recibir e investigar quejas contra servidores públicos.
• Emitir recomendaciones a autoridades.
• Realizar estudios sobre derechos humanos.
• Capacitar a instituciones en el respeto a garantías fundamentales.

No obstante, sus recomendaciones no son vinculantes, lo que significa que las autoridades no están obligadas legalmente a acatarlas.

Los colectivos de búsqueda han señalado que la CNDH debe garantizar que las investigaciones sean transparentes y evitar la revictimización de las familias afectadas. –sn–