La diputada federal del PRI propuso cambios sustanciales a dos leyes clave para acelerar procesos, proteger víctimas y obligar a las autoridades a actuar sin dilación

Por Gabriela Díaz | Reportera

En respuesta a la creciente crisis de desapariciones en el país, la diputada federal Fuensanta Guerrero presentó una iniciativa legislativa que plantea reformas urgentes a dos leyes fundamentales.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumentó que el marco legal vigente resultó insuficiente para enfrentar la emergencia humanitaria que vive México.
Según sus declaraciones, más de 125 mil personas desaparecieron en territorio nacional, en su mayoría durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta fue entregada en la Cámara de Diputados, con el objetivo de acelerar los procedimientos para emitir la Declaración Especial de Ausencia y reforzar los protocolos de búsqueda.
Guerrero precisó que las familias enfrentaron un sistema lento, insensible y omiso, mientras los responsables operaron con impunidad.
Su propuesta incluyó modificaciones a la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Afirmó que la legislación debe ponerse al servicio de las víctimas, no del burocratismo que protege a quienes abandonan su deber.

Reducción de plazos y enfoque con perspectiva de derechos

Entre los cambios sugeridos, la diputada planteó reducir de seis meses a 90 días el plazo para emitir la Declaración Especial de Ausencia.
Asimismo, en el artículo 8 de dicha ley propuso disminuir de tres meses a 30 días el lapso para solicitar dicha declaración tras la denuncia.
También sugirió que las medidas provisionales se dicten en un máximo de tres días hábiles, en vez de los 15 actuales.
Estas reformas apuntaron a brindar certeza jurídica a las familias y acceso rápido a mecanismos de protección.

Guerrero solicitó que el proceso contemple variables de vulnerabilidad como edad, género, discapacidad o pertenencia a grupos históricamente marginados.
Pidió que los protocolos incorporen enfoques diferenciados, con perspectiva de género, niñez y derechos humanos.
Planteó que la respuesta del Estado no puede ser homogénea ni indiferente ante contextos de riesgo evidentes.
El reconocimiento de las condiciones particulares de las víctimas fue parte medular de su propuesta.

Obligaciones claras para autoridades y Ministerio Público

La legisladora zacatecana incluyó la reforma de diversos artículos de la Ley General en materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Propuso que el Ministerio Público remita la investigación en un plazo no mayor a tres días hábiles, si la víctima o sus representantes así lo solicitan.
También estableció que cualquier demora injustificada deberá sancionarse conforme a la ley.
Aclaró que los funcionarios no deben tener margen para la negligencia ni excusas ante el sufrimiento ajeno.

Guerrero incluyó la obligación del Estado mexicano de conformar un Programa Nacional de Evaluación de Riesgos de Desaparición.
Este instrumento permitiría prever y prevenir desapariciones en zonas o sectores específicos del país.
Además, exigió que los tres niveles de gobierno aseguren el presupuesto suficiente para la búsqueda efectiva de personas.
Argumentó que sin recursos ni personal capacitado, las leyes son letra muerta y las familias quedan desamparadas.

Replanteamiento integral de protocolos de búsqueda

Los artículos 24, 67, 70, 82, 86, 89, 99 y 100 fueron considerados por Fuensanta Guerrero como nodales para replantear el modelo actual.
La reforma busca que se actúe en campo, con rapidez y sensibilidad, no sólo en oficinas o a través de expedientes.
La diputada también promovió cambios para que las autoridades actúen sin necesidad de esperar 72 horas tras la desaparición.
Esto derivaría en operativos más eficaces y en una mayor esperanza de localización con vida.

Guerrero insistió en que el sistema de justicia debe dejar de protegerse a sí mismo y comenzar a proteger a la ciudadanía.
Reconoció la labor de las colectivas de búsqueda, a quienes consideró un pilar en la defensa de los derechos humanos.
Planteó que las instituciones deben apoyar sus tareas, otorgarles herramientas, información y garantías de seguridad.
Dijo que el Estado ha fallado, pero aún puede corregir el rumbo si toma decisiones firmes.

Un compromiso retomado ante la urgencia nacional

La diputada recordó que esta iniciativa fue presentada en la pasada Legislatura 65, junto con Laura Lorena Haro y Cristina Ruiz Sandoval.
Sin embargo, la mayoría oficialista bloqueó su avance legislativo y la envió al archivo sin discusión.
Ante la gravedad de los hechos recientes, Guerrero decidió volver a presentarla, con el respaldo de nuevas colectivas.
Puntualizó que no permitirá que el olvido institucional siga siendo el destino de miles de desaparecidos.

Citó como ejemplo el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, donde hallaron restos humanos sin que el gobierno actuara con celeridad.
En ese contexto, aseguró que la propuesta responde a un mandato ético, legal y político con las víctimas.
Afirmó que lo ocurrido en múltiples estados refleja una crisis de Estado, no sólo una cadena de omisiones locales.
Convocó a los legisladores a debatir sin ideologías ni cálculos partidistas una reforma de carácter humanitario.–sn–