El atentado dejó nueve personas muertas; autoridades identificaron al grupo armado como una célula de Los Chapitos, rivales de Los Mayos

Un ataque armado ocurrido al interior del centro de rehabilitación Shaddai A.C., en la colonia Colinas de San Miguel, dejó nueve personas muertas y evidenció una disputa abierta entre dos grupos del Cártel de Sinaloa.

El atentado fue confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó que los agresores pertenecían a una célula de Los Chapitos, brazo violento liderado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque tuvo como objetivo a internos relacionados con la facción de Los Mayos, vinculada a Ismael Zambada Sicarios, alias Mayito Flaco, en medio de una guerra intestina por el control de plazas estratégicas.

“Todo indica que fue una célula de Los Chapitos la que ingresó al centro de rehabilitación y abrió fuego contra un grupo vinculado a sus rivales directos”, informó García Harfuch en conferencia matutina.

Atentado premeditado en zona urbana

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en la ciudad de Culiacán, cuando hombres armados irrumpieron en el inmueble y comenzaron a disparar contra los presentes, sin que existiera un enfrentamiento previo.

Según el relato ofrecido por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los sicarios cuestionaron a los internos si pertenecían a algún grupo criminal antes de accionar sus armas largas.

“Llegaron, les preguntaron que si eran de algún grupo. Me imagino que nadie les dijo que sí eran. Lo que hicieron fue rafaguear, no a todos…”, narró Rocha Moya ante medios de comunicación.

El saldo preliminar fue de ocho personas ejecutadas en el sitio y una más que perdió la vida posteriormente en un hospital de la zona, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Sin detenidos, pero con avances en la investigación

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron personas detenidas por los hechos, aunque las autoridades estatales ya contaban con información sobre los vehículos utilizados durante el ataque.

García Harfuch aseguró que se realizarían las detenciones correspondientes, en coordinación con corporaciones federales y locales, con el objetivo de esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

“La instrucción es clara: no permitir que estos actos de barbarie queden impunes. La información que tenemos nos permitirá dar con los responsables en las próximas horas”, afirmó.

La FGE de Sinaloa atrajo las investigaciones y confirmó que mantiene contacto con las familias de las víctimas para brindar acompañamiento jurídico y psicológico.

El Cártel de Sinaloa, dividido por el poder

El atentado puso de nuevo en evidencia la fractura interna del Cártel de Sinaloa, dividido desde hace más de cinco años entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

Mientras los primeros operan con brutalidad en distintas regiones del país, los segundos mantienen una estructura más discreta, aunque con presencia territorial significativa.

La disputa se ha intensificado en zonas urbanas, como Culiacán y Mazatlán, donde ambos grupos buscan establecer control en el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Según especialistas en seguridad, la violencia reciente refleja un cambio en la lógica de la confrontación: ya no se limita a emboscadas entre sicarios, sino que ha comenzado a dirigirse a civiles vinculados a los grupos criminales.

Clínicas como blanco de la violencia

El centro de rehabilitación Shaddai A.C. operaba legalmente y ofrecía tratamiento a personas con problemas de adicciones, sin antecedentes penales ni denuncias previas, según datos de la FGE.

Sin embargo, en los últimos años, centros similares se convirtieron en blancos del crimen organizado, debido a la presencia de jóvenes que intentaban desligarse de las organizaciones delictivas.

La violencia contra estos espacios ha sido sistemática. En 2010, un ataque similar ocurrió en Chihuahua, dejando 19 personas muertas. En 2017, otro hecho en Irapuato dejó 11 víctimas fatales.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa urgió a reforzar la protección de estos centros, ya que su personal y pacientes se han convertido en blanco fácil de ejecuciones extrajudiciales.

Familias exigen justicia y garantías de no repetición

Familiares de los internos asesinados exigieron justicia inmediata y protección para los sobrevivientes, muchos de los cuales fueron trasladados a lugares seguros para evitar represalias.

“Mi hijo estaba ahí para curarse, no para morir acribillado. ¿Qué seguridad ofrecen si ni un lugar así puede ser respetado?”, reclamó la madre de una de las víctimas, quien pidió anonimato.

La comunidad religiosa vinculada al centro Shaddai convocó a una jornada de oración y pidió al gobierno de Rocha Moya medidas firmes contra el crimen organizado.

En respuesta, el Ejecutivo estatal anunció una estrategia conjunta con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, para realizar patrullajes constantes en las zonas de mayor riesgo.

Exigen resultados, no promesas

Organismos civiles y colectivos por la paz solicitaron transparencia en las investigaciones y resultados concretos, ante la desconfianza que persiste en la procuración de justicia local.

La Red de Apoyo a Víctimas de Violencia en Sinaloa advirtió que el silencio institucional agrava la situación de inseguridad, al permitir la repetición de hechos similares sin consecuencias.

En ese sentido, García Harfuch reiteró que no se tolerará la infiltración de grupos criminales en centros de asistencia social o de salud, y prometió que los responsables serán llevados ante tribunales.

Las autoridades federales prevén presentar un informe completo sobre el caso el próximo viernes, con avances sustanciales en las líneas de investigación y posibles órdenes de aprehensión.

Por lo pronto, Culiacán vivió otra jornada marcada por el terror, en una ciudad que no logra salir del círculo vicioso de la violencia estructural. –sn–