Las nuevas leyes de Adquisiciones y Obra Pública proponen transparencia, eficiencia y respaldo a Mipymes

Por Paola Ramírez | Reportera

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, propuso una reforma integral a las leyes que regulan la compra y ejecución de obra pública. El objetivo: cerrar las brechas que han permitido prácticas corruptas y hacer más eficiente el gasto público.

Con una narrativa centrada en la transparencia y la estrategia, Buenrostro presentó los cambios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Obras Públicas. La funcionaria federal explicó que las nuevas disposiciones priorizaron la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia federal afirmó que la transformación tiene como eje central la eficiencia del gasto, el impulso al contenido nacional y la inclusión. También se introdujeron modalidades modernas como la subasta inversa, los diálogos competitivos y la adjudicación directa con estrategia de negociación.

Afirmó que el cambio permitirá utilizar cada peso del erario con mayor responsabilidad y calidad. Además, agregó que el nuevo marco legal facilitará el acceso de más empresas a las contrataciones gubernamentales.

Impulso al contenido nacional y a las Mipymes

Una de las reformas más relevantes aumentó del 50% al 65% la proporción mínima de insumos nacionales en las contrataciones públicas. Esta medida fortalecerá la industria interna y servirá como motor para las cadenas de valor del país.

El nuevo marco normativo también instituyó licitaciones exclusivas para Mipymes, cooperativas y productores locales. Se establecieron beneficios como anticipos y plazos de pago más cortos para estos sectores.

Con estas medidas, el gobierno federal busca dinamizar la economía desde abajo, otorgando a las pequeñas empresas mayor protagonismo en la vida económica nacional. Además, se establecieron criterios más rigurosos para garantizar que estas disposiciones no se violen.

Los cambios también incluyen una visión sostenible, con incentivos para proyectos que generen menor impacto ambiental y fomenten la innovación.

CompraNet se transforma sin desaparecer

Sobre la plataforma CompraNet, Buenrostro negó que se elimine. En su lugar, el gobierno federal presentó una versión más moderna, flexible y modular. Esta nueva herramienta permitirá integrar todos los procesos de adquisición.

La funcionaria explicó que la plataforma estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, lo que eliminará la dependencia de proveedores privados. Afirmó que se desarrolló con tecnología propia, bajo estándares internacionales de seguridad.

La nueva versión de CompraNet digitaliza el ciclo completo de adquisiciones: planeación, procedimiento y formalización. Con esta medida, el gobierno pretende agilizar trámites, identificar focos de riesgo y mejorar la transparencia.

Además, se creará una tienda digital para productos y servicios comunes de la administración pública. Esta herramienta facilitará la eficiencia operativa de las dependencias federales.

Supervisión y rendición de cuentas en obra pública

La reforma a la Ley de Obras Públicas introdujo cambios sustanciales para garantizar la integridad en la ejecución de proyectos. Se reforzó la figura del supervisor de obra, quien ahora tendrá responsabilidad solidaria en caso de irregularidades.

El nuevo esquema corrigió vacíos legales que, por años, permitieron prácticas opacas. A partir de ahora, la adjudicación directa requerirá estudios de mercado y justificaciones formales, que deberán registrarse en ComprasMx.

También se fortalecieron los esquemas de competencia. Se institucionalizaron mecanismos como la subasta inversa y los diálogos estratégicos para evitar favoritismos e influyentismo en las asignaciones.

Se previó una reducción mínima del 33% en los tiempos de contratación. Con esto, el gobierno federal planea ejecutar proyectos más rápido, con mejores condiciones y sin afectar la transparencia.

Impulso a proveedores públicos y desarrollo regional

Otro de los cambios aprobados consistió en regular la contratación entre instituciones públicas. Este tipo de convenios, antes tratados como excepciones, ahora deberán sustentarse con análisis técnicos y financieros.

La reforma también estableció preferencia por empresas locales en las contrataciones regionales. De este modo, se busca impulsar el desarrollo económico en las entidades federativas y reducir la dependencia de grandes proveedores centralizados.

Estas disposiciones estarán respaldadas por registros obligatorios en ComprasMx, lo que permitirá seguimiento público y trazabilidad en tiempo real. Con ello, se espera inhibir actos de corrupción y fomentar la confianza ciudadana.

El nuevo marco legal también permitirá detectar fallas estructurales en etapas tempranas de los proyectos, evitando retrasos o sobrecostos que suelen afectar la inversión pública.

Un nuevo paradigma en el gasto público

La secretaria Raquel Buenrostro puntualizó que las reformas no pretenden burocratizar los procesos, sino simplificarlos con criterios objetivos. Insistió en que el nuevo sistema prioriza la calidad, la transparencia y la eficiencia.

Además, se brindarán capacitaciones a servidores públicos y proveedores para adaptarse a los nuevos procedimientos. El gobierno federal garantizará acompañamiento técnico para evitar errores administrativos.

Con este paquete de reformas, se busca consolidar un nuevo paradigma en la forma de gastar el dinero público. El enfoque será preventivo y no reactivo, evitando que la corrupción alcance niveles estructurales.

Por último, Buenrostro aseguró que este rediseño institucional cumple con los estándares internacionales de integridad y eficiencia. México, dijo, no puede permitirse más escándalos por contratos fraudulentos. –sn–