Habitantes denuncian mortandad de peces, afectaciones económicas y omisión de autoridades federales y estatales

Por Mireya Estrada | Corresponsal

La contaminación minera en Temascaltepec, al sur del Estado de México, se convirtió en un problema de alcance regional. Las descargas al río Grande Acatitlán han afectado también a comunidades de Guerrero y Michoacán.

Los vertidos tóxicos, provenientes de la mina La Guitarra, propiedad de la firma canadiense Sierra Madre Gold and Silver, arrastraron desechos peligrosos. Esto generó una grave alteración en el ecosistema de la presa El Gallo, ubicada aguas abajo.

Las denuncias de los pobladores alertaron sobre la muerte masiva de peces, sedimentos contaminantes y la pérdida de biodiversidad. Además, la actividad económica local, centrada en la pesca, registró daños severos.

Indalecio Benítez Mondragón, vocero del Comité Pro Defensa y Saneamiento del Río Grande Acatitlán, sostuvo que la crisis ambiental se extendió a pesar del aparente cese de descargas.

Persisten residuos tóxicos pese a suspensión de descargas

Benítez explicó que los residuos contaminantes continuaron esparciéndose río abajo. “Aunque ya no están soltando residuos como antes, el daño persiste; la contaminación es evidente en las márgenes del río”, declaró.

El sedimento lodoso cubre kilómetros del cauce, y según testimonios de habitantes, la toxicidad del agua no permite el uso doméstico ni el consumo. Tampoco puede emplearse para riego agrícola.

Las comunidades afectadas identificaron alteraciones en especies locales, como peces deformes y desaparición de nutrias. Los efectos han sido inmediatos y visibles, sostuvieron los denunciantes.

Los pobladores aseguraron que nadie del gobierno se ha presentado para atender la emergencia. No hubo estudios ni visitas técnicas para evaluar la situación ambiental.

Colapsa producción pesquera en presa El Gallo

En la presa El Gallo, ubicada en Luvianos, productores estimaron la pérdida de más de 200 toneladas de tilapia. El impacto económico alcanzó a pescadores de Tiquicheo y Cutzamala, quienes reportaron pérdidas millonarias.

La tilapia de esta región abastece mercados del centro del país. La mortandad de peces generó escasez en centros de abasto como Toluca y Ciudad de México, y frenó el comercio regional.

Muchos productores quedaron al borde de la quiebra. “No solo perdimos la cosecha, perdimos la confianza de los compradores”, expresó uno de los pescadores afectados.

Además de los efectos económicos, las comunidades reportaron problemas de salud. Habitantes presentaron infecciones dérmicas tras contacto con el agua contaminada.

Autoridades ausentes pese a gravedad del desastre

Benítez denunció que ni Conagua ni el gobierno estatal del Estado de México respondieron a los llamados. Afirmó que hasta ahora no se realizaron pruebas de laboratorio ni sanciones a la empresa responsable.

“Solo hay impunidad”, acusó el activista. Añadió que, tras múltiples oficios enviados, no hubo respuesta institucional ni protocolos de contención ambiental.

El Comité Pro Defensa planeó medidas de presión para exigir acciones inmediatas. Entre las propuestas se planteó el cierre de válvulas de la planta potabilizadora Los Berros, parte del Sistema Cutzamala.

También se contempla la clausura de la toma de agua de la mina La Guitarra, hasta que se garantice la remediación ambiental. Las fechas se definirán próximamente.

Empresas mineras cambiaron razón social sin supervisión

Desde enero de 2024, la mina La Guitarra cambió de razón social, luego de una transacción de 35 millones de dólares. La firma First Majestic Silver vendió parte de sus acciones, aunque conservó cerca del 48 %.

La nueva propietaria, Sierra Madre Gold and Silver, asumió las operaciones sin que las autoridades ambientales realizaran una revisión técnica previa.

Pobladores advirtieron que la falta de regulación permite a las mineras operar sin controles, poniendo en riesgo a miles de personas. “Es una bomba de tiempo que ya explotó”, declaró Benítez.

Se teme que sin intervención gubernamental el daño se vuelva irreversible. La zona posee un alto valor ambiental por la biodiversidad de sus afluentes.

Contaminación representa riesgo para salud pública

El Comité alertó que la situación no es solo ambiental. Advirtió que el agua contaminada podría haber ingresado a sistemas de distribución que abastecen a comunidades rurales.

Benítez sostuvo que la población dejó de consumir productos acuáticos por miedo a intoxicaciones. “Ya no hay confianza ni en lo que pescamos ni en el agua que usamos”, lamentó.

Los pescadores organizados exigieron indemnizaciones y declararon zona de desastre ecológico. Acusaron negligencia oficial al no aplicar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Solicitaron además la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para evaluar la situación e imponer sanciones inmediatas.

Daños ecológicos afectan a Guerrero y Michoacán

El río Grande Acatitlán desemboca en la presa El Gallo, que a su vez conecta con otros cuerpos de agua en Guerrero y Michoacán. Las corrientes trasladaron residuos tóxicos a otras cuencas.

Pescadores de Carácuaro y Coyuca de Catalán reportaron muerte de peces y coloración extraña del agua. La contaminación afecta el turismo y el comercio regional.

Organizaciones ambientalistas de Morelia, Chilpancingo y Toluca se pronunciaron para exigir una auditoría ambiental integral. Señalaron que los daños cruzan fronteras estatales.

Los líderes comunitarios llamaron a integrar un frente regional para impedir que la minería siga destruyendo los ecosistemas del occidente y sur del país.

Autoridades ignoraron reportes previos de contaminación

Desde 2021, el Comité había presentado reportes técnicos y fotografías sobre descargas de lodos y espuma química. Sin embargo, las dependencias no emitieron resoluciones.

Benítez mostró documentos sellados por Semarnat, sin resolución favorable. Afirmó que existe colusión entre autoridades y la empresa canadiense para mantener la operación.

La crisis también se reflejó en la salud mental de las comunidades. Psicólogos voluntarios reportaron síntomas de ansiedad, insomnio y depresión en niños y jóvenes.

“El río era parte de nuestra vida, ahora es una amenaza”, dijo una madre de familia de Temascaltepec.

Organizaciones exigen intervención federal inmediata

Grupos como Greenpeace México y Poder se sumaron a la denuncia y demandaron que se declare la zona como área de emergencia ambiental.

Presentaron un recurso ante la CNDH y solicitaron medidas cautelares para garantizar el derecho al agua limpia, la salud y el medio ambiente sano.

La situación, además, se encuentra en revisión por parte de legisladores del Congreso del Estado de México, quienes preparan un exhorto a dependencias federales.

Las comunidades esperan que no se repita la historia de otros desastres impunes como el de Río Sonora. –sn–