El organismo nacional emitió la Recomendación 50/2025 para garantizar pensiones dignas y sin restricciones inconstitucionales

Por Fausto Hernández | Reportero

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) restituir pensiones negadas por aplicar normas que contravienen la Constitución. La Recomendación 50/2025 evidenció un patrón de violaciones graves al derecho a la seguridad social.

La queja, presentada en mayo de 2024 por una persona adulta mayor, denunció la negativa del ISSSTE de pagarle íntegramente sus pensiones por jubilación y viudez. El instituto alegó incompatibilidad conforme al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores (ROPDT).

Dicho reglamento establece que ninguna persona podrá recibir prerrogativas que excedan diez veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La CNDH determinó que esta disposición vulneró los derechos de la víctima por ser restrictiva, arbitraria y contraria a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El organismo constató que el ISSSTE aplicó la norma sin justificación y sin considerar la condición de persona adulta mayor. También omitió brindarle protección especial y atención prioritaria, tal como exige el marco constitucional y convencional.

Aplicación inconstitucional de normas restringió derechos

La CNDH acreditó que el precepto utilizado para negar las pensiones ya había sido declarado inconstitucional por la SCJN. Pese a ello, el ISSSTE lo utilizó como base para limitar el derecho a una pensión digna.

La víctima sufrió afectaciones económicas y psicológicas por la restricción indebida. El ISSSTE tampoco le explicó con claridad los motivos de su decisión, ni le ofreció recursos eficaces para defenderse.

Ante estos hechos, la CNDH recomendó al ISSSTE restablecer el pleno goce de las pensiones. Deberá devolver las cantidades descontadas y generar mecanismos administrativos que eviten repetir estas prácticas.

La recomendación también ordenó modificar el ROPDT y otras normas reglamentarias que establezcan restricciones inconstitucionales. En caso de imposibilidad jurídica, deberá proponer reformas legislativas al Ejecutivo Federal.

CNDH ordenó medidas estructurales para prevenir abusos

Mientras se efectúan las reformas, el ISSSTE tendrá que emitir una circular interna. En ella se definirán criterios claros para el otorgamiento de pensiones en casos similares y procedimientos para atender reclamaciones.

Dicha circular se difundirá entre las áreas involucradas en la aplicación de los reglamentos. Se buscará garantizar la transparencia, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos en el trámite de pensiones.

Además, el personal de la Delegación Regional Sur del ISSSTE en la Ciudad de México recibirá capacitación especializada. El curso deberá orientarse al respeto y protección de los derechos humanos de personas adultas mayores.

Estas acciones buscan prevenir nuevas violaciones y reparar el daño causado por la omisión institucional. La CNDH subrayó la responsabilidad del Estado de garantizar derechos efectivos, sin simulaciones ni restricciones injustificadas.

ISSSTE deberá modificar legislación o proponer reformas al Ejecutivo

En términos estructurales, el ISSSTE tendrá la obligación de revisar la legalidad y constitucionalidad de los lineamientos que aplica. Deberá justificar cualquier limitación conforme a criterios válidos establecidos por la SCJN y los tratados internacionales.

La Comisión remarcó que el caso no es aislado, sino muestra de un patrón de negación de derechos a través de normas restrictivas. Advirtió que muchas personas jubiladas enfrentan obstáculos para acceder a su pensión en condiciones justas.

El organismo enfatizó que la seguridad social constituye un derecho humano indivisible. La aplicación técnica de normas no puede prevalecer sobre el mandato constitucional de protección integral, especialmente en sectores vulnerables.

Con esta Recomendación, la CNDH abrió una vía para que personas en situación similar puedan exigir la restitución de sus derechos. También ofreció asesoría para quienes hayan recibido resoluciones injustas bajo el mismo argumento normativo. –sn–