Miguel Ángel Castillo Anaya, director de Pánuco Online, había sido intimidado un mes antes de que se reportara su desaparición; Artículo 19 exigió una investigación inmediata

Por Roberto Córdova | Corresponsal

La desaparición del periodista Miguel Ángel Castillo Anaya encendió las alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y colegas del gremio en el estado de Veracruz. Su paradero es desconocido desde el pasado 13 de abril.

El comunicador dirigía el portal informativo Pánuco Online, medio digital con 27 mil seguidores en redes sociales, el cual actualmente aparece sin contenido. La información previa fue eliminada.

La organización Artículo 19 reveló que, semanas antes de desaparecer, Castillo Anaya había recibido amenazas derivadas de su ejercicio profesional. Dichas intimidaciones provinieron de sujetos desconocidos.

Además, documentaron que el 26 de febrero cubrió una protesta social en Pánuco, donde pobladores exigieron el cierre de un relleno sanitario que ocasionó enfermedades en la zona.

Acusaciones directas contra el alcalde de Pánuco

En la nota publicada en su medio, el periodista responsabilizó al alcalde Óscar Guzmán de Paz por cualquier acción que pudiera afectarle. Lo hizo público a través de redes sociales.

«Periodista en peligro, hacemos responsable a Óscar Guzmán de Paz, alcalde de Pánuco, Veracruz, de lo que suceda al periodista Miguel Ángel Castillo Anaya y su familia», se leyó en una publicación.

La denuncia también fue acompañada por un llamado a las autoridades federales para intervenir en el caso. Exigieron protección inmediata por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Se solicitó la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante la falta de respuesta de autoridades locales.

Silencio institucional tras la desaparición

La última comunicación con el periodista ocurrió el 13 de abril. El pasado 18 de abril, Artículo 19 confirmó su desaparición y reiteró la gravedad de los antecedentes registrados.

La activista Troncoso declaró que Anaya había sido obligado a borrar el contenido de su página. Denunció también que elementos policiacos lo habían amenazado directamente.

“Ya había sido amenazado por el comandante de la policía”, aseguró. Agregó que desde hace más de seis días, la familia no sabía nada de él.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades veracruzanas no emitieron ningún informe público sobre la investigación o indicios de su ubicación.

Intentos de cooptación y censura informativa

En diciembre de 2024, Anaya Castillo recibió una propuesta sospechosa por parte de personas no identificadas. Le ofrecieron recursos económicos para integrar una supuesta «nómina».

El objetivo, de acuerdo con Artículo 19, era impedir que difundiera información crítica hacia la administración municipal de Pánuco, encabezada por Guzmán de Paz.

La organización señaló que se trató de un intento claro de cooptación mediática. También advirtió sobre la normalización del condicionamiento de la publicidad oficial.

“El condicionamiento de recursos públicos limita la libertad de expresión y reduce el margen editorial de los medios independientes”, puntualizó la agrupación.

Artículo 19 exige intervención inmediata

Frente a la desaparición, Artículo 19 instó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz a activar los protocolos correspondientes.

Pidió también que se garantice la vida e integridad del comunicador y se investiguen a fondo los antecedentes del caso, incluida la presunta participación de funcionarios locales.

El organismo internacional recordó que Veracruz es uno de los estados más letales para el ejercicio periodístico en México, con múltiples casos de desapariciones y asesinatos.

Advirtieron que la omisión institucional fomenta un clima de impunidad y alienta a que las amenazas escalen hasta la violencia o la censura absoluta.

Exigen garantías para ejercer el periodismo en Veracruz

Colectivos de periodistas independientes expresaron su preocupación ante el caso y llamaron a la sociedad civil a mantener la exigencia de justicia y protección.

Solicitaron a la Segob, la Fiscalía General de la República (FGR) y la CNDH activar sus mecanismos para acompañar a la familia del periodista desaparecido.

Asimismo, alertaron sobre un patrón sistemático de agresiones contra periodistas que denuncian irregularidades gubernamentales, sobre todo en municipios rurales.

La comunidad periodística exigió que se garantice el libre ejercicio del periodismo sin amenazas, chantajes o desapariciones forzadas. –sn–