Proponen ajustar tarifas eléctricas ante olas de calor e inundaciones

Por Gabriela Díaz | Reportera

En un contexto de creciente afectación por el cambio climático, la diputada Verónica Martínez García impulsó una propuesta legislativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. La iniciativa contempló ajustar las tarifas finales de energía eléctrica conforme a eventos meteorológicos extremos.

El planteamiento apuntó a garantizar el acceso equitativo a la electricidad para todos los usuarios, con énfasis en las poblaciones más vulnerables. Entre los factores considerados se incluyeron olas de calor, sequías, inundaciones y niveles de humedad.

Al presentar su propuesta ante la Cámara de Diputados, Martínez García subrayó la importancia de adecuar las tarifas al entorno climático de cada región. Argumentó que estos ajustes podrían mejorar la capacidad de las familias para hacer frente a las condiciones extremas.

La diputada propuso reformar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, facultando a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para definir mecanismos que incorporen estos criterios ambientales.

Tarifas justas frente a temperaturas extremas

Según explicó la legisladora coahuilense, el uso doméstico de equipos como ventiladores, aires acondicionados, climas y calentadores incrementó los costos energéticos. Dichos aparatos se volvieron indispensables ante el incremento de las temperaturas.

Por ello, consideró urgente ajustar la fórmula tarifaria para reflejar la realidad económica de las familias en zonas cálidas o húmedas. Sostuvo que las fórmulas actuales dejaron en desventaja a quienes padecieron las peores condiciones climáticas.

“La tarifa 1A cubre hasta los 25 grados centígrados, y la 1F abarca hasta 33 grados, pero creemos que es momento de hacer un nuevo análisis”, expresó Martínez García. Propuso un modelo más equitativo y acorde al impacto ambiental.

Aseguró que la propuesta responde a la necesidad de transformar las políticas energéticas para proteger la economía familiar. Su enfoque priorizó la justicia tarifaria sin sacrificar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

Participación del Ejecutivo Federal

La iniciativa otorgó al Ejecutivo Federal la posibilidad de establecer mecanismos tarifarios especiales, previa solicitud de los congresos estatales. Esto permitiría fijar cobros distintos para usuarios básicos de acuerdo con su ubicación y condiciones climáticas.

El mecanismo facilitaría la coordinación entre los niveles de gobierno y la CRE, a fin de aplicar medidas específicas en zonas más afectadas. De esta manera, se buscaría garantizar que ningún hogar quedara excluido por incapacidad económica.

La diputada coahuilense argumentó que el Ejecutivo podría actuar mediante acuerdos puntuales, transparentando cada tarifa ajustada. Añadió que estos cambios podrían prevenir conflictos sociales por los altos costos del servicio eléctrico.

Señaló que la propuesta no sólo busca aliviar el gasto familiar, sino también fomentar una política energética solidaria y realista. “No podemos permitir que las familias sufran las consecuencias del clima sin apoyo institucional”, puntualizó.

Cambio climático y justicia social

La representante federal advirtió que los fenómenos climáticos extremos aumentarán con mayor frecuencia e intensidad. Subrayó que las autoridades deben adelantarse a las consecuencias del calentamiento global mediante reformas estructurales.

“Debemos diseñar políticas públicas que respondan al impacto real de estos eventos, especialmente en las regiones más afectadas”, sostuvo Martínez García. Reiteró su compromiso con los sectores de menores ingresos y mayor exposición al calor extremo.

La legisladora hizo hincapié en que la reforma contribuiría también a la seguridad física de la ciudadanía. Consideró que mitigar el riesgo de golpes de calor o fallas eléctricas salvaría vidas durante las temporadas más adversas.

Reclamó una mayor participación del Congreso y los estados para atender el fenómeno desde una perspectiva de equidad territorial. Remarcó que las regiones del norte y sur del país enfrentan distintos desafíos que deben reflejarse en la estructura tarifaria.

Una propuesta con respaldo social

Organizaciones ciudadanas y expertos en cambio climático expresaron su respaldo a la iniciativa presentada. Consideraron que representa un avance hacia una política energética sensible a las realidades ambientales y económicas del país.

En redes sociales, usuarios compartieron sus experiencias sobre el aumento de los recibos de luz durante las olas de calor. Mencionaron que las tarifas actuales no reflejaban las dificultades reales que enfrentan durante los meses más intensos.

Especialistas del sector energético señalaron que la CRE dispone de herramientas técnicas para implementar esquemas regionalizados. Apuntaron que estos ajustes podrían aplicarse sin comprometer la estabilidad financiera de la Comisión Federal de Electricidad.

También destacaron que el modelo propuesto podría reducir la evasión de pagos, al disminuir la inconformidad por tarifas percibidas como injustas. El uso de variables climáticas permitiría mayor transparencia en el cálculo de los cobros.

Acuerdo legislativo en curso

La iniciativa se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual dictaminación. La diputada Martínez García confió en que las distintas fuerzas políticas puedan coincidir en la urgencia de la medida.

En tribuna, aseguró que su propuesta se fundamentó en datos climáticos, sociales y económicos actualizados. Invitó a los legisladores a asumir una postura responsable frente a la nueva realidad que enfrenta el país.

Anticipó que, de aprobarse, la reforma permitiría una mejor distribución de los recursos energéticos sin aumentar la carga fiscal. Consideró que su impacto positivo sería visible en corto plazo en las zonas más calurosas del país.

Cerró su intervención con un llamado a fortalecer el rol del Estado como garante del derecho a la electricidad. Reiteró que ningún mexicano debe sufrir marginación energética por causa del clima o la pobreza. –sn–