Organizaciones acusan impunidad sistemática en investigaciones por tortura

Por José Víctor Rodríguez | Reportero

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la intención de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) de cerrar la investigación por tortura en contra de Diego, indígena ñuhú de la sierra norte del estado, pese a la existencia de elementos que acreditan el delito.

El 29 de mayo de 2023, Diego, perteneciente al pueblo otomí, presenció el homicidio de una persona. Al día siguiente, fue trasladado por la Fiscalía para rendir declaración, pero en ese proceso sufrió tortura por parte de agentes ministeriales.

Los policías lo forzaron a firmar una versión manipulada de los hechos, redactada en español, sin traductor ni respeto a su lengua ñuhú. Además, lo presionaron para señalar a una persona como culpable, lo cual él negó en múltiples ocasiones.

La declaración obtenida bajo coacción fue utilizada para justificar la detención de un individuo. Desde entonces, Diego ha reiterado que nunca acusó a esa persona ni reconoció responsabilidad alguna.

Impunidad institucionalizada

Con apoyo del Centro Prodh y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego interpuso una denuncia formal por tortura en junio de 2023. La FGEV abrió la carpeta XAL/FIM/FEIDT/219/2023, pero omitió diligencias clave durante meses.

Tras la obtención de un amparo, la investigación avanzó mínimamente. Se recabaron peritajes médicos y psicológicos, además del testimonio ratificado de la víctima. No obstante, el 25 de marzo de 2025 se notificó a los representantes legales el inminente cierre del caso.

La Fiscalía argumentó que no existían elementos suficientes para continuar, a pesar de que no se habían agotado diligencias básicas ni se había valorado la prueba pericial con el debido rigor técnico.

Actualmente, el caso también se encuentra bajo investigación dentro del expediente de queja DAI/0161/2023, abierto por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz.

Colaboración de comisiones

En el marco de esta queja, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) colabora en la aplicación del Protocolo de Estambul, instrumento internacional para la documentación de la tortura.

Las organizaciones acompañantes denunciaron que el intento de cierre sin esclarecer los hechos refleja una conducta sistemática de impunidad por parte de las instituciones veracruzanas.

De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz se ubicó como el segundo estado con más carpetas de investigación por este delito, con 2,441 casos entre 2019 y 2024.

Pueblos originarios

En el mismo periodo, se registraron 4,061 víctimas de tortura en Veracruz, lo que coloca a la entidad en el primer lugar nacional en número de personas afectadas, muchas de ellas indígenas.

La Policía Ministerial ha sido señalada reiteradamente como la autoridad que incurre en mayores violaciones a los derechos humanos durante detenciones y procesos de investigación.

Las organizaciones exigieron que no se cierre la investigación sin agotar las diligencias necesarias. Subrayaron que Diego tiene derecho a una pesquisa con enfoque intercultural y sin revictimización.

El caso de Diego representa un patrón recurrente en Veracruz, donde la tortura es usada como método para fabricar culpables, sobre todo cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad.

Tortura y fabricación de culpables

La denuncia por parte de las organizaciones también incluyó un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.

“Las instituciones deben demostrar que no son cómplices ni encubridoras de prácticas ilegales, como lo es la tortura. La impunidad no puede seguir imperando”, afirmaron en un comunicado.

El Centro Prodh, junto al Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte, recordó que las declaraciones obtenidas bajo coacción violan el debido proceso y no pueden ser consideradas como prueba válida.

Instaron a que se anulen los actos jurídicos derivados de dicha declaración y se garantice la reparación integral del daño para Diego, conforme a estándares nacionales e internacionales.

El cierre anticipado de la carpeta XAL/FIM/FEIDT/219/2023 fue calificado como un retroceso en la lucha contra la tortura y la defensa de los pueblos indígenas en México.

Cierre del caso

Las organizaciones advirtieron que, de consumarse el cierre sin agotar recursos internos, llevarán el caso ante instancias internacionales de derechos humanos.

“Este caso podría ser una muestra más ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cómo se vulneran los derechos de los pueblos originarios en México”, precisaron.

También acusaron que la Fiscalía ha actuado con negligencia y omisión sistemática, omitiendo investigar a los agentes ministeriales involucrados, a pesar de estar plenamente identificados.

El caso de Diego se ha convertido en un emblema de la lucha contra la criminalización de los pueblos indígenas y del uso de la tortura como herramienta de control penal. –sn–