Toluca duplicó las denuncias por agresión sexual en los primeros meses del nuevo gobierno

Por Mireya Estrada | Corresponsal

Toluca se convirtió en una de las ciudades con mayor número de denuncias por violación sexual en el estado de México, durante el arranque del mandato de Ricardo Moreno Bastida. Los datos oficiales mostraron un incremento considerable en este delito.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros dos meses de 2025 se registraron 40 carpetas de investigación en la capital mexiquense. Esta cifra duplicó las registradas en el bimestre anterior.

Durante noviembre y diciembre de 2024, cuando Juan Maccise aún fungía como presidente municipal, solo se habían contabilizado 21 casos. La variación reflejó un aumento abrupto tras la transición de administración.

Este incremento situó a Toluca entre las demarcaciones con mayor incidencia, junto con Ecatepec, otra localidad históricamente afectada por altos niveles de violencia sexual.

Toluca y Ecatepec

Los registros del SESNSP revelaron que ambas ciudades acumularon cerca del 20 por ciento de las 443 denuncias interpuestas en todo el Estado de México durante el mismo periodo. Esta proporción las colocó como epicentros de este delito.

En el año 2024, Toluca ya había presentado cifras preocupantes, con un total de 199 carpetas abiertas por violación sexual. No obstante, la tendencia al alza se intensificó al inicio del nuevo trienio.

El delito de violación es uno de los que mayor impacto genera en la vida de las víctimas, según diversas organizaciones sociales. Su ocurrencia no solo afecta a nivel físico, sino también psicológico y emocional.

Las estadísticas apuntaron a una necesidad urgente de revisar políticas públicas, estrategias de prevención y atención integral para las personas agredidas sexualmente.

Legisladores y expertos

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en su análisis publicado en mayo de 2022, expuso el daño multidimensional causado por una agresión sexual. Se trata de una afectación profunda en la integridad y seguridad de la víctima.

El documento advirtió que este tipo de violencia deja secuelas físicas, médicas y psicológicas, cuya reparación resulta compleja. Además, remarcó que se trata de una transgresión a una de las esferas más íntimas de la persona: su sexualidad.

Organismos defensores de derechos humanos reiteraron que el aumento en las cifras exige acciones contundentes de los gobiernos municipales. La falta de políticas públicas eficaces para prevenir la violencia sexual es un pendiente grave en varios municipios mexiquenses.

Colectivos feministas y organizaciones civiles también exigieron transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales, especialmente cuando las cifras reflejan un deterioro evidente.

Gobierno de Ricardo Moreno

Desde el arranque de su administración, Ricardo Moreno Bastida fue señalado por activistas locales por no presentar una estrategia clara para combatir la violencia de género. A casi 100 días de gobierno, las cifras reforzaron esa percepción.

En actos públicos, el presidente municipal se limitó a señalar que “la seguridad es una prioridad”, sin detallar medidas específicas para atender la violencia sexual. Esto generó críticas entre representantes sociales y regidores de oposición.

Las autoridades municipales aún no presentaron una campaña focalizada contra la violencia sexual, ni reforzaron los protocolos de atención inmediata a las víctimas. Este vacío de acción profundizó la preocupación social.

En redes sociales, habitantes de Toluca reclamaron mayor presencia policial, programas de prevención, centros de atención psicológica y canales confidenciales de denuncia en el municipio.

Organizaciones sociales

Frente a la alarmante cifra de violaciones, colectivos como Mujeres Toluca en Resistencia pidieron un plan de acción integral para prevenir, atender y sancionar este tipo de delitos. También solicitaron recursos para casas de resguardo.

Especialistas en criminología coincidieron en que la impunidad en estos casos sigue siendo uno de los factores que alientan su repetición. Según datos oficiales, la mayoría de las denuncias no derivan en una sentencia.

En el mismo periodo, el Poder Judicial del Estado de México apenas resolvió el 12 por ciento de las carpetas iniciadas por violación. Este índice reflejó una brecha entre la denuncia y la sanción efectiva.

Ante la presión social, el cabildo de Toluca solicitó una sesión extraordinaria para analizar el fenómeno. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Ricardo Moreno no emitió un pronunciamiento oficial.

El fenómeno de la violencia sexual

Los datos del SESNSP permitieron observar que el alza en los casos de violación coincidió con la disminución de patrullajes nocturnos y recortes en programas de prevención de la violencia en zonas vulnerables.

Vecinas de colonias como San Mateo Oxtotitlán y Santiago Miltepec denunciaron que los módulos de seguridad se encontraban inactivos o abandonados. En algunos sectores, los botones de pánico dejaron de funcionar.

La ausencia de mecanismos de protección para mujeres y niñas en espacios públicos fue otra de las quejas reiteradas. Además, las autoridades municipales no reactivaron las líneas de atención inmediata en caso de violencia sexual.

En contraste, municipios como Metepec y Zinacantepec iniciaron campañas de concientización y protocolos de capacitación para sus policías, lo que resultó en una reducción moderada de casos.

La continuidad de la crisis exigió voluntad política para revertirla

Mientras los números de violencia sexual en Toluca aumentaron, expertos en políticas públicas urgieron a las autoridades locales a retomar mecanismos de prevención comunitaria y justicia restaurativa.

La opacidad en el manejo de datos y la falta de actualización en los informes de seguridad también fueron señaladas por observatorios ciudadanos. Estos organismos acusaron al gobierno municipal de minimizar la gravedad del problema.

En medios locales, varios reportajes expusieron la falta de acompañamiento legal y psicológico a las víctimas, quienes en su mayoría enfrentaron el proceso solas o con ayuda de organizaciones externas.

El gobierno de Ricardo Moreno se encuentra ahora en una disyuntiva: implementar medidas de fondo o continuar con una gestión reactiva frente a una crisis que ha sido sostenida por años en la región. –sn–