La contienda judicial se empañó con señalamientos de vínculos con el crimen organizado; candidatos cercanos a capos aspiran a cargos clave.

Por Fausto Hernández | Reportero

Como si se tratara de una predicción cumplida, la participación de figuras vinculadas al narcotráfico en la elección judicial quedó confirmada por Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien aceptó que existen candidatos con nexos con el crimen organizado.

Durante un pronunciamiento público, el legislador de Morena declaró que algunos aspirantes ejercieron como defensores de capos del narcotráfico. Afirmó que tales perfiles no deberían figurar en el proceso judicial del próximo 1 de junio.

“Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional”, sentenció el senador.

Las declaraciones de Fernández Noroña generaron reacciones inmediatas en el ámbito político y jurídico, debido a la gravedad del señalamiento y la cercanía del proceso electoral judicial.

Sheinbaum pidió revisar perfiles

Durante su conferencia matutina del miércoles, la presidente Claudia Sheinbaum abordó el tema con reservas, aunque reconoció la necesidad de una intervención directa del Poder Judicial.

Afirmó que la Sala Superior del Tribunal Electoral debe analizar cada caso y considerar la aplicación de medidas precautorias o, de ser necesario, la exclusión inmediata del proceso.

“Desde mi particular punto de vista, veremos qué decide el Tribunal, aunque ya estén en la boleta. Podría imponerse una medida precautoria o, en su caso, descalificarse a la persona”, indicó.

Sheinbaum insistió en que solo con pruebas firmes podría proceder una sanción, pero dejó la responsabilidad en manos del órgano jurisdiccional correspondiente.

Organización revela identidades

La organización Defensorxs, dedicada al litigio y defensa de derechos humanos, reveló los nombres de al menos tres aspirantes vinculados con redes delictivas.

Entre ellos figura Fernando Escamilla Villareal, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, y de Eleazar Medina Rojas, conocido como El Chelelo.

Otro caso es el de Andrés Montoya García, aspirante a magistrado del Tribunal de Apelación en Sonora, quien habría estado implicado en la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005.

También se encuentra Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en julio de 2023, tras una persecución en la que transportaba presuntamente un arma de fuego y drogas.

Fernández Noroña defendió el trabajo de los Comités de Evaluación

Las críticas sobre posibles omisiones de los Comités de Evaluación del Poder Judicial también fueron respondidas por Fernández Noroña, quien defendió la labor de dichos órganos.

“Es bien fácil criticar desde la comodidad. Hay que reconocer el esfuerzo, se procesaron cientos de aspirantes”, comentó el legislador en entrevista con medios.

Reconoció que podría haberse filtrado algún perfil indebido, pero negó que existiera mala fe o negligencia deliberada en el proceso de selección.

“Hasta en las familias hay errores. No todos los hermanos son puros, castos y virginales”, ironizó el senador, al minimizar la situación.

Oposición exige depuración

Diversos legisladores de oposición solicitaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial actúe sin demora y revise la legalidad de cada candidatura expuesta.

Señalaron que permitir la participación de personajes ligados al crimen socava la legitimidad de las instituciones y debilita la democracia.

Demandaron también una revisión integral del proceso de selección llevado a cabo por los Comités de Evaluación, al considerar insuficiente el control aplicado.

Legisladores del PAN y PRD coincidieron en que se deben establecer filtros más estrictos para evitar que el narcopoder infiltre la justicia.

Preocupación por la credibilidad

La irrupción de “narcocandidatos” en el proceso judicial generó alarma entre organizaciones de la sociedad civil, que advierten una crisis de legitimidad institucional.

Activistas y expertos consideraron que la presencia de estos perfiles demuestra el avance de los intereses criminales en el aparato estatal.

“Es un riesgo mayúsculo permitir que operadores jurídicos ligados al narco accedan a tribunales. Comprometería toda la estructura judicial”, declaró un vocero de Justicia Abierta.

La organización pidió la intervención de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para vigilar el proceso.

Urge blindaje institucional

Analistas políticos y constitucionalistas coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación y vigilancia en la elección de jueces y magistrados.

Indicaron que los recientes casos evidencian fallas estructurales que podrían revertirse con una depuración exhaustiva del padrón de aspirantes.

El académico Roberto Pérez Ruiz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, propuso la creación de un comité ciudadano autónomo que supervise los comicios judiciales.

“El Estado debe garantizar que la justicia no sea cooptada por intereses criminales. De lo contrario, estaríamos ante una regresión autoritaria”, advirtió.

En riesgo la legitimidad

La participación de figuras vinculadas al crimen en el proceso judicial plantea un riesgo serio sobre la legitimidad de quienes conformen el próximo Tribunal.

Organizaciones como Transparencia Mexicana alertaron sobre el posible sesgo en decisiones futuras si se confirma que narcocandidatos accedieron al cargo.

El Tribunal Electoral se pronunció en breve comunicado y afirmó que revisaría los casos señalados, aunque no ofreció mayores detalles ni plazos.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que colaborará con las autoridades jurisdiccionales si se requiere la depuración de candidaturas. –SN–