Con 476 votos a favor, el Pleno reformó la Ley Federal de Armas; Sedena tendrá mayor control y regulación

Por Gabriela Díaz | Reportera

La Cámara de Diputados aprobó con 476 votos a favor y dos abstenciones una reforma que modifica de fondo la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La medida permitirá a ejidatarios, comuneros, jornaleros y trabajadores de instituciones públicas poseer armas de fuego bajo ciertas condiciones.

El dictamen, promovido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, reformó 59 artículos de la legislación vigente. La intención, señalaron los legisladores, es otorgar un marco legal más claro, reducir la criminalización del campo y brindar herramientas de legítima defensa en zonas vulnerables.

Las reformas precisan que trabajadores de órganos autónomos como el Banco de México, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal de Electricidad podrán portar armas durante el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se permitirá a ejidatarios, comuneros y jornaleros la posesión de un rifle calibre .22 o una escopeta dentro de sus viviendas, siempre bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Legislación para seguridad rural

La reforma exige que los titulares de armas de fuego designen ante el Registro Federal a una persona que se haga cargo del armamento en caso de fallecimiento o desaparición. Esta disposición pretende evitar la circulación irregular tras la muerte del propietario legal.

Además, se prohíbe el envío de armas por medio de servicios de paquetería, una práctica que ha sido empleada para el tráfico de armamento. Ahora será responsabilidad de la Sedena autorizar, controlar y vigilar todo movimiento legal de armas.

El diputado Luis Arturo Oliver Cen, de Morena, explicó que esta legislación otorga herramientas reales al Estado para sancionar a la delincuencia, sin criminalizar a los sectores productivos del país que requieren protección.

Por su parte, el legislador Christian Mishel Castro Bello, del PRI, reconoció avances en el control, pero alertó que no se ha legislado con suficiente contundencia sobre el tráfico ilegal, principal fuente de armamento de la delincuencia organizada.

Preocupa violencia

El diputado César Israel Damián Retes, del PAN, respaldó la reforma al considerar que fortalece el marco jurídico para que las instituciones y sectores productivos operen en condiciones de mayor seguridad.

Desde su perspectiva, los trabajadores de campo han vivido en el abandono, sin alternativas frente a la violencia rural. El acceso controlado a armas puede significar una forma de disuasión ante los grupos delictivos que operan impunemente en territorios agrícolas.

El morenista Humberto Coss y León Zúñiga aseguró que el dictamen cierra vacíos legales que permitían prácticas ilícitas, además de reforzar el papel fiscalizador de la Sedena. “Es una reforma de seguridad pública y justicia para el campo”, dijo.

También sostuvo que el nuevo marco legal no incentiva la violencia, sino que busca emparejar las condiciones de defensa frente a una realidad que ya es violenta. “Los criminales ya están armados. Esta reforma nivela el terreno legal”, concluyó.

Reforma polariza opiniones

A pesar del consenso mayoritario, diversas organizaciones civiles han manifestado preocupación sobre el impacto de esta reforma. Colectivos como México Unido Contra la Delincuencia advirtieron que facilitar la posesión de armas puede generar más riesgos que beneficios.

No obstante, legisladores insistieron en que los cambios establecen controles estrictos, supervisión permanente y registro obligatorio. No se trata de una legalización amplia, sino de una medida limitada a contextos laborales y rurales específicos.

La iniciativa también contó con el aval técnico de la Sedena, que supervisará los trámites de posesión, portación y renovación de permisos. Asimismo, los ciudadanos deberán aprobar exámenes médicos y psicológicos para poder mantener el arma legalmente.

El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y posible ratificación. Se espera que el debate en la Cámara Alta incluya a especialistas, asociaciones del campo y defensores de derechos humanos.

Proteger al campo y fortalecer al Estado

El dictamen establece que el derecho a la legítima defensa no puede estar condicionado por la ubicación geográfica ni el oficio del ciudadano. La nueva legislación pretende corregir desigualdades históricas en materia de seguridad rural.

En zonas donde la presencia del Estado es limitada y la impunidad prevalece, señalaron los legisladores, permitir que ejidatarios y jornaleros protejan sus hogares es una necesidad más que una concesión.

La reforma también contempla sanciones más severas para quienes violen las condiciones de tenencia, así como inspecciones aleatorias a quienes figuren en el Registro Federal de Portadores.

Los trabajadores de empresas paraestatales con funciones sensibles —como el transporte de valores o la supervisión de redes eléctricas— podrán usar armamento, siempre y cuando se certifiquen mediante protocolos federales.

Este nuevo marco jurídico representa un giro en la política pública de seguridad y defensa ciudadana. En palabras del diputado Oliver Cen, “por fin se legisla pensando en quienes han sufrido en silencio, sin Estado y sin ley”. –sn–