Ricardo Anaya exigió revisar perfiles ante vínculos con cárteles y organizaciones religiosas señaladas por delitos

Por Gabriela Díaz | Reportera

La presentación de candidaturas al Poder Judicial Federal provocó una nueva controversia política. Ricardo Anaya Cortés, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que algunos aspirantes tienen nexos con el crimen organizado.

Desde la Cámara de Senadores, el panista criticó duramente el proceso de selección. Denunció que no existió una revisión exhaustiva de los perfiles antes de incluirlos en el listado oficial de candidatos.

El señalamiento más grave fue contra Fernando Escamilla Villarreal, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, exlíder del cártel de Los Zetas. Anaya cuestionó que alguien con ese historial legal pudiera aspirar a un cargo judicial.

“Es un cochinero, una absoluta farsa”, expresó Anaya, al referirse al mecanismo de insaculación y entrevistas, que no habría descartado perfiles con antecedentes comprometedores.

Oposición reacciona ante candidaturas ligadas al crimen

Anaya también reprochó que figuras con vínculos religiosos y antecedentes judiciales aparezcan entre los aspirantes. Mencionó el caso de un ministro de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder está acusado de abuso sexual contra menores.

“¿Cómo es posible que eso no se haya tomado en cuenta?”, preguntó el exabanderado presidencial, ante medios de comunicación en el recinto legislativo.

El PAN exigió al Comité de Evaluación del Poder Judicial revisar a fondo los expedientes. Reclamaron que estos nombramientos comprometen la legitimidad de la reforma judicial que impulsa Morena.

En sus declaraciones, Anaya pidió que se excluya a quienes tengan cualquier tipo de vínculo con el crimen organizado o historial de defensa legal de narcotraficantes.

Noroña también admitió irregularidades en el proceso

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció fallas en la integración de los listados. En su opinión, el Poder Judicial intentó imponer candidaturas sin filtros adecuados.

“Nos hicieron la maldad de meterlas como pase directo”, declaró el legislador, quien también apuntó contra los responsables del Comité de Evaluación.

Noroña argumentó que algunos perfiles “tramposos” fueron incluidos deliberadamente, sin cumplir con los requisitos estipulados por la ley.

El senador lamentó que candidatos con historial dudoso hayan sido favorecidos, mientras que perfiles con trayectoria limpia fueron descartados del proceso.

Cuestionan la legitimidad del Comité de Evaluación

El también exmilitante del Partido del Trabajo arremetió contra la “hipocresía” de los encargados de revisar los perfiles. Acusó que hubo “mano negra” en la integración de las listas finales.

“El Comité cepilló a la mayoría de aspirantes honestos para garantizar el pase directo a otros que no cumplen”, denunció Noroña durante su intervención en tribuna.

Estas declaraciones encendieron la polémica en medio de la discusión sobre la reforma judicial que impulsa el oficialismo. La iniciativa contempla que jueces y magistrados sean electos por voto popular.

La oposición advirtió que, sin controles adecuados, la reforma podría abrir la puerta a la infiltración de intereses criminales en el sistema judicial.

JUFED pidió vigilancia internacional del proceso

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó preocupación por el proceso.

A través de un comunicado, solicitaron a la comunidad internacional estar atenta ante posibles irregularidades. Alertaron que el sistema judicial podría quedar en manos de intereses ajenos al derecho.

Los jueces subrayaron que las reformas deben garantizar la integridad y la imparcialidad. Consideraron inadmisible que perfiles cuestionables avancen en las listas sin objeciones.

Además, exigieron transparencia absoluta en cada etapa del procedimiento de selección, desde la evaluación hasta la votación pública.

INE aclaró sus límites ante la polémica

La presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el INE no tiene atribuciones en esta etapa del proceso.

Taddei recordó que la revisión de antecedentes corresponde exclusivamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Insistió en que el organismo electoral no puede intervenir.

“Es facultad del Comité de Evaluación. Nosotros no participamos en el escrutinio de los perfiles”, aclaró Taddei ante la prensa.

El INE se declaró listo para organizar una elección judicial, si así lo determina la ley. Pero reiteró que no le compete decidir sobre la idoneidad de los candidatos.

La crisis amenaza la credibilidad de la reforma judicial

El escándalo generó tensión entre los partidos en el Senado. La oposición pidió suspender el procedimiento hasta que se depuren las listas de aspirantes.

Los legisladores del PAN solicitaron que se convoque a un nuevo proceso de entrevistas. Proponen incluir filtros más rigurosos para impedir el acceso de perfiles polémicos.

Desde el bloque oficialista, algunos senadores como Noroña respaldaron revisar el proceso. Aceptaron que hubo errores, pero insistieron en no deslegitimar toda la reforma.

Mientras tanto, organizaciones civiles han comenzado a documentar los perfiles cuestionados. Han solicitado al Senado publicar los expedientes completos para su análisis. –sn–