Pide al Senado garantizar estándares internacionales en libertad de expresión
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México lanzó una advertencia al Senado de la República. Requirió una revisión responsable de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en comisiones este jueves.
A través de sus redes sociales, el organismo solicitó garantizar procesos de consulta abiertos y públicos. El llamado incluyó la necesidad de incorporar estándares internacionales sobre libertad de expresión, privacidad y derechos digitales.
La iniciativa promovida por la presidente Claudia Sheinbaum generó críticas por supuestos riesgos de censura. La norma otorga atribuciones amplias a una nueva agencia para intervenir plataformas digitales.
El proyecto fue aprobado en comisiones por mayoría del bloque oficialista conformado por Morena, PT y PVEM. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
ONU pide respeto a derechos digitales
En su publicación, la ONU-DH solicitó que el Senado considere las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Enfatizó la importancia de proteger la libertad de información y de prensa.
«Exhortamos al Senado a garantizar espacios de consulta amplia y plural», escribió el organismo. También pidió considerar los derechos de comunidades indígenas en entornos digitales.
La iniciativa contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta instancia tendría rango de Secretaría de Estado y capacidades regulatorias sobre medios y plataformas.
El artículo 109 del dictamen faculta a dicha agencia para bloquear servicios digitales sin establecer causas claras. Los motivos quedarían sujetos a lineamientos definidos por la propia autoridad.
Oposición calificó la reforma como ley de censura
Durante la discusión en comisiones, integrantes de la oposición advirtieron sobre la concentración de poder en materia informativa. Acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de pretender controlar los medios de comunicación.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el dictamen representa un retroceso democrático. Según su postura, se trata de una herramienta para silenciar voces críticas desde el poder.
También legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra de la reforma. Afirmaron que abriría la puerta al uso discrecional de facultades para restringir el flujo informativo.
A pesar de las objeciones, el bloque oficialista avanzó con 29 votos en favor frente a solo nueve en contra. El dictamen se turnó al Pleno del Senado para su posible aprobación.
Sheinbaum negó intención de censurar medios
Horas antes de la discusión, Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de censura. Aseguró que su propuesta busca regular plataformas digitales con base en criterios de transparencia.
Reconoció que la redacción del proyecto podía ser objeto de ajustes. Señaló que la decisión final corresponde al Congreso, no al Poder Ejecutivo.
«No estamos planteando censura. Estamos en contra de la censura», expresó la mandataria. Admitió que el texto debe corregirse para evitar ambigüedades jurídicas.
La presidente reiteró que el enfoque de la reforma es promover la transformación digital. Negó cualquier intento de restringir libertades en el entorno virtual.
Incertidumbre jurídica por nuevas facultades
Expertos consultados alertaron sobre la vaguedad del artículo 109. Explicaron que entregar a una agencia el poder de bloquear plataformas sin control judicial puede violar garantías constitucionales.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión también se pronunciaron en contra. Argumentaron que la iniciativa amenaza el ecosistema digital mexicano.
El dictamen no establece mecanismos claros de supervisión ni recursos legales ante posibles abusos. Tampoco define con precisión qué contenidos serían susceptibles de bloqueo.
Especialistas en derecho digital previeron una ola de amparos en caso de que la reforma sea aprobada. Advirtieron que se vulnerarían principios de legalidad y proporcionalidad.
Llaman a un proceso legislativo transparente
Diversos sectores exigieron mayor apertura en el proceso legislativo. Criticaron que la reforma avanzara sin consulta con universidades, periodistas o empresas tecnológicas.
La ONU-DH recordó que las decisiones regulatorias deben construirse con base en principios de inclusión. Reafirmó su compromiso con el acompañamiento técnico al Estado mexicano.
Por su parte, colectivos ciudadanos iniciaron campañas para frenar el dictamen en el Pleno. Reunieron firmas y difundieron información sobre los riesgos de la ley.
La discusión final se prevé para la próxima semana en la Cámara Alta. Se anticipa un debate intenso entre oficialismo y oposición sobre el futuro de los derechos digitales en México. –sn–
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