Alejandro Irarragorri, prófugo por fraude fiscal: Santos Laguna denuncia “presiones judiciales”

Por Martín García | Reportero

El empresario Alejandro Irarragorri, dueño del club Santos Laguna, fue declarado prófugo por un juez federal tras no presentarse a una audiencia judicial. Las autoridades lo investigaron por presunta defraudación fiscal cometida entre 2014 y 2017.

El caso derivó de un esquema fiscal presuntamente fraudulento en el que se simularon pagos a jugadores y técnicos como «primas de riesgo de trabajo». La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la acusación.

El club de futbol negó las acusaciones y rechazó lo que llamó “presiones judiciales disfrazadas de actos legales”. También afirmó que su presidente no recibió una notificación formal de la nueva audiencia.

De acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, el empresario incurrió en evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por más de 17 millones de pesos entre enero y julio de 2017.

Irregularidades fiscales en pagos a jugadores y cuerpo técnico

Según el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el club buscó deducir pagos simulados por casi 98 millones de pesos. Lo hizo mediante un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera.

La estrategia pretendía ocultar la relación laboral real entre el club y los beneficiarios, indicó el tribunal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó la deducción y el tribunal respaldó su decisión.

A esto se sumaron pagos a proveedores sin sustento legal, como una empresa clasificada por el SAT como facturera. También incluyeron pagos por servicios sin comprobar y multas impuestas por la Femexfut.

Los conceptos irregulares superaron los 218 mil pesos adicionales, según los dictámenes de la autoridad tributaria. Todo esto alimentó la carpeta de investigación iniciada por la FGR desde marzo de 2023.

Comparecencia virtual y orden judicial por inasistencia

El 20 de marzo pasado, Irarragorri compareció de forma virtual ante el juez Luis Alfredo Mendoza García, del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón. Durante la audiencia, el juez determinó su cancelación.

El juez ordenó una nueva audiencia para el 24 de marzo, pero no hubo una notificación formal de comparecencia presencial. La defensa aseguró que no se respetaron los plazos legales mínimos.

Ante la ausencia del directivo, Karla Cecilia Marín, asistente de registros judiciales, lo declaró formalmente “evadido de la justicia”. Esto abrió la puerta para girar una orden de aprehensión en su contra.

El caso escaló del ámbito fiscal al penal, situación que fue cuestionada por la defensa del empresario. La FGR podría solicitar una ficha roja a la Interpol si no logra ubicarlo en territorio nacional.

Santos Laguna se pronuncia y defiende a su dirigente

El Club Santos Laguna emitió un comunicado en su página oficial. En él, cuestionó la legalidad del proceso judicial y defendió la actuación de su dirigente conforme a derecho.

Afirmó que la audiencia del 20 de marzo se atendió en tiempo y forma mediante videoconferencia. Añadió que la reprogramación careció de fundamento legal y violó el debido proceso.

El club manifestó que no existió un apercibimiento formal que justificara una medida cautelar. También sostuvo que una disputa fiscal no debía trasladarse al ámbito penal.

“El Club Santos Laguna reitera su confianza en las instituciones y en que se demostrará la legalidad de nuestras acciones”, subrayó el comunicado. Además, insistió en que defenderán sus derechos por las vías legales.

Club cuestiona judicialización de conflicto tributario

En el mismo documento, la institución futbolística criticó la vía penal para tratar lo que calificó como una diferencia de interpretación tributaria. Señaló que tales conflictos deben resolverse por la vía administrativa.

“El Club siempre ha cumplido con las obligaciones fiscales de manera responsable”, reiteró la institución. También pidió respeto a la presunción de inocencia de Alejandro Irarragorri Gutiérrez.

El empresario encabeza el Grupo Orlegi, propietario también del club Atlas, de la Primera División del futbol mexicano. Desde hace años ha sido una de las figuras más influyentes en la Liga MX.

Las autoridades federales continúan con el análisis del caso. Mientras tanto, el club apeló al marco legal para enfrentar la situación sin acciones de fuerza desproporcionadas.

Investigación penal sigue en curso; defensa insiste en ilegalidad

Hasta el momento, ni el SAT ni la Procuraduría Fiscal se han pronunciado públicamente sobre el comunicado del club. La defensa de Irarragorri planeó interponer un recurso contra la declaratoria de “prófugo”.

El proceso penal inició formalmente tras la denuncia presentada en marzo del año pasado. Las autoridades indicaron que existen elementos suficientes para imputar un fraude al fisco federal.

La defensa del empresario reiteró que se vulneró su derecho a una defensa adecuada. También argumentó que el juez actuó con parcialidad e ignoró los procedimientos formales.

El caso representa uno de los más mediáticos en torno a directivos del futbol mexicano en los últimos años. La FGR aún analiza los pasos a seguir, sin descartar la acción internacional para localizar al empresario. –sn–