Omar García Harfuch reportó bloqueos, ataques y artefactos explosivos tras violencia registrada en tres estados
Por Paola Ramírez | Reportera
El pasado 25 de abril, fuerzas federales se enfrentaron con presuntos criminales en los municipios de Tarímbaro y Apatzingán, en Michoacán. El saldo oficial fue de seis personas muertas y una más herida, según informó el secretario de Seguridad.
Omar García Harfuch publicó en su cuenta oficial de la plataforma X que la agresión ocurrió cuando elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional repelieron ataques en la región. En el operativo se aseguraron armas y equipo táctico.
El funcionario federal detalló que las autoridades incautaron siete armas largas, así como un vehículo en poder del grupo delictivo. El evento se sumó a una serie de actos violentos que han persistido en la zona en los últimos meses.
Michoacán se ha mantenido como uno de los focos más conflictivos en materia de seguridad pública. Diversos reportes han señalado el incremento de operativos militares en esa entidad federativa.
Violencia se extendió a Guanajuato y Jalisco
La violencia registrada no se limitó a Michoacán. Según García Harfuch, también ocurrieron disturbios en Guanajuato y Jalisco, con bloqueos, incendios y ataques contra autoridades.
En total, se reportaron hechos violentos en 26 municipios michoacanos, dos más en territorio guanajuatense y uno en Jalisco. El saldo preliminar incluyó dos policías fallecidos y varias agresiones coordinadas.
“Se estabilizó la situación en dichas entidades”, publicó el titular de Seguridad en X. Confirmó también la presencia de artefactos explosivos y ataques a tiendas comerciales.
A pesar del despliegue federal, los incidentes continuaron hasta la tarde del 24 de abril. Se observaron camionetas quemadas y grupos civiles armados bloqueando accesos a comunidades.
Versiones apuntaron a detención de líder criminal
Aunque las autoridades no confirmaron el origen exacto de los ataques, versiones extraoficiales sugirieron que el detonante fue la detención de un presunto miembro del CJNG.
Según fuentes cercanas a las investigaciones, el detenido mantenía vínculos directos con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los principales líderes del cártel. La noticia habría provocado una reacción violenta.
La presidente Claudia Sheinbaum intentó minimizar los hechos al referirse a ellos como un “conflicto entre dos grupos criminales”. No obstante, los bloqueos reflejaron una movilización organizada.
Por su parte, García Harfuch negó que los hechos fueran consecuencia de una detención. Aseguró que la presencia federal buscó garantizar el orden en zonas conflictivas.
Fiscalía de Michoacán confirmó dos detenciones
La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la captura de dos personas relacionadas con los disturbios del 23 de abril. Ambas fueron localizadas durante un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales.
El primer detenido conducía un vehículo con alteraciones en su número de identificación, además de portar equipo de comunicación. Se le encontró cerca del sitio donde ocurrieron los bloqueos.
El segundo individuo, identificado como Aristeo “N”, confesó trabajar para una célula delictiva. En su detención se recuperaron casquillos percutidos y un galón de gasolina utilizado para los incendios.
Las autoridades aseguraron que se trató de una operación cuidadosamente planeada. Indicaron que continúan las labores de inteligencia para evitar nuevas escaladas de violencia.
Michoacán sigue bajo constante vigilancia militar
Desde enero, Michoacán ha estado bajo un esquema de intervención militar por parte del Ejército Mexicano. Más de 5,000 elementos han sido desplegados en distintos municipios.
La violencia no ha cesado a pesar de la presencia federal. Los grupos delictivos mantienen control territorial en algunas zonas, especialmente en la región de la Tierra Caliente.
La Guardia Nacional instaló bases temporales de operaciones en puntos estratégicos. Sin embargo, pobladores de zonas rurales denunciaron desplazamientos forzados y amenazas.
Diversos colectivos civiles solicitaron mayor transparencia en las acciones militares. Acusaron abusos de autoridad y falta de información sobre el paradero de detenidos.
Autoridades evitaron esclarecer los móviles exactos
Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha explicado con precisión el motivo de la reciente ola de violencia. Tampoco se ha informado sobre el número total de detenidos o los resultados de las investigaciones.
Analistas en seguridad advirtieron sobre una posible lucha interna por el control de rutas de trasiego. Señalaron que los enfrentamientos en zonas urbanas revelan un cambio en las estrategias del crimen organizado.
El gobierno federal reiteró que continuará el operativo permanente en Michoacán. Aseguró que no dará marcha atrás pese a las críticas de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
La situación en Guanajuato y Jalisco permanece bajo vigilancia. Las fiscalías locales no han emitido nuevos comunicados sobre los hechos recientes. –sn–

