La mandataria federal pidió eliminar o reformular el artículo sobre plataformas digitales para evitar interpretaciones erróneas sobre censura

Por Paola Ramírez | Reportera

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Poder Ejecutivo, aclaró que la nueva iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no busca imponer restricciones a la libertad de expresión en plataformas digitales.

Subrayó que el propósito de su propuesta se centró en impedir la difusión de propaganda política o ideológica proveniente de gobiernos extranjeros dentro del territorio nacional.

Afirmó que no existe intención alguna de censurar contenidos ni limitar la circulación de opiniones, y aseguró que el artículo polémico puede modificarse o eliminarse sin obstáculo alguno.

Durante una conferencia matutina, Sheinbaum Pardo recalcó su apertura al debate legislativo, así como a enriquecer el contenido de la iniciativa con aportaciones externas.

Gobierno abre la puerta al debate legislativo

La presidenta propuso realizar un periodo extraordinario de sesiones en mayo, para discutir la reforma con la participación de especialistas en telecomunicaciones.

Insistió en que su gobierno ha sido congruente con los principios de la Cuarta Transformación, entre ellos el respeto irrestricto a la libertad de expresión.

“Que no se diga que queremos imponer. Que se abra la discusión, que se escuche a todos los sectores y que la ley se fortalezca con transparencia”, afirmó la mandataria.

Reiteró que el artículo cuestionado sobre plataformas digitales no representa el eje de la propuesta legal, sino un elemento secundario susceptible de ser revisado.

Reforma busca impedir propaganda extranjera

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la polémica surgió por la redacción de un artículo que permitía a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) bajar plataformas digitales.

Explicó que esa facultad sólo aplicaría en caso de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificara irregularidades fiscales o legales en su funcionamiento.

“El artículo necesita precisión para no dar argumentos a la oposición ni provocar alarma pública”, indicó la titular del Ejecutivo durante su intervención.

Añadió que no se trata de censura de contenido, sino de soberanía digital frente a campañas internacionales disfrazadas de información.

IFT y Cofece desaparecerán: Estado retoma facultades

La propuesta contempla también la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), creados durante el periodo neoliberal.

Sus funciones serán transferidas a la nueva ATDT y a un nuevo órgano antimonopolio cuya integración dependerá del Ejecutivo y el Senado.

Sheinbaum Pardo argumentó que esta reestructuración permitirá al Estado mexicano recuperar competencias que le fueron arrebatadas por reformas anteriores.

“El nuevo esquema no tiene relación alguna con el autoritarismo. Se basa en eficacia, austeridad y control democrático”, sostuvo.

Exige claridad y apertura en la discusión pública

Al respecto, convocó a expertos, académicos y representantes de la sociedad civil a participar en un análisis abierto del proyecto en un posible periodo extraordinario.

Solicitó que el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, acuda al Senado para explicar los fundamentos técnicos y jurídicos de la iniciativa.

Resaltó que el país no regresará al modelo anterior, caracterizado por organismos autónomos que operaban sin control ciudadano ni rendición de cuentas.

Indicó que, si bien existen puntos que pueden fortalecerse, su gobierno no retrocederá en la transformación estructural del Estado.

Defiende la libertad de expresión como principio de gobierno

Durante su exposición, Sheinbaum Pardo insistió en que su administración ha promovido y defendido la libertad de prensa como uno de sus principios fundacionales.

Rechazó que existan intenciones ocultas para controlar el discurso público o castigar a quienes ejercen su derecho a informar y opinar.

“Siempre hemos defendido la libertad de expresión. No hay razón para dudar de nuestros principios democráticos”, expresó con firmeza.

Finalizó señalando que la ley debe responder al contexto nacional actual, con reglas claras, objetivos legítimos y procedimientos abiertos al escrutinio.

Periodistas y organizaciones llaman a vigilar la reforma

En reacción, colectivos de periodistas y defensores de derechos digitales solicitaron transparencia total en la discusión y redacción de la ley.

Demandaron garantías de que ninguna disposición legal podrá usarse para restringir el libre flujo de información en medios y redes sociales.

Se pronunciaron a favor de proteger la soberanía digital del país, pero advirtieron que ello no debe implicar retrocesos en libertades ciudadanas.

Instaron al Senado a vigilar con rigor los términos de la propuesta y a promover foros incluyentes antes de su eventual aprobación. –sn–