Presentaron un pliego petitorio para defender derechos adquiridos y demandaron establecer una mesa de diálogo con Hacienda y la nueva agencia federal

Por Paola Ramírez | Reportera

Frente al posible desmantelamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), empleados del organismo entregaron un pliego petitorio. La solicitud busca garantizar certeza jurídica, respeto a sus derechos laborales y continuidad en el servicio público. La incertidumbre por el proceso de transformación institucional motivó esta movilización organizada.

El documento fue dirigido a la sociedad civil y a medios de comunicación. En él se denunció la ausencia de información oficial sobre las implicaciones del cierre o reestructuración del IFT. Los trabajadores acusaron una afectación directa a su estabilidad laboral sin distinción de cargo, tipo de contrato o antigüedad.

En el texto también se solicitó respeto irrestricto a los derechos laborales ya adquiridos. Se pidió el pago íntegro de finiquitos, prestaciones proporcionales y una indemnización extraordinaria. Esta última estaría basada en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo.

El pliego fue elaborado por personal de diversas áreas del organismo autónomo. Los firmantes exigieron además la creación de un Comité de Transferencia de Talento Humano. Este debería incluir representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Petición de certeza jurídica y continuidad laboral

La solicitud propuso que dicho comité atienda la reubicación ordenada del personal. También que garantice condiciones justas para los empleados afectados por la eventual desaparición del instituto. Los trabajadores consideraron imprescindible conocer con claridad qué autoridad se hará responsable del proceso.

Entre las demandas clave figuró la publicación de lineamientos administrativos claros. Esto, ante una eventual disolución, liquidación o traslado del IFT. Solicitaron saber qué dependencia deberá responder legalmente a sus reclamos.

Se pidió también condonar las becas institucionales si la terminación laboral no resulta imputable a los trabajadores. Además, se incluyó la propuesta de crear un plan de retiro voluntario. Este debería incluir incentivos proporcionales a la antigüedad del personal.

Finalmente, reclamaron certidumbre sobre las obligaciones fiscales y administrativas. Destacaron que el eventual cierre del instituto podría complicar la presentación de declaraciones patrimoniales. La incertidumbre jurídica, afirmaron, lesiona su tranquilidad y su patrimonio.

Exigen instalación de mesa tripartita

En su pronunciamiento, los trabajadores hicieron un llamado al Pleno del IFT. Solicitaron que emita de inmediato una postura formal sobre el pliego petitorio. También apelaron a la intervención de la ATDT como interlocutora activa en las negociaciones.

Propusieron instalar cuanto antes una mesa de diálogo tripartita. En ella deberían participar los representantes de las autoridades federales, del instituto y del personal afectado. Plantearon que el objetivo sea dar seguimiento a cada uno de los puntos contenidos en el documento.

El plazo que fijaron para recibir respuestas oficiales fue de 30 días naturales. Enfatizaron que esa ventana servirá para evaluar si existe voluntad institucional. También dijeron que, tras ese lapso, podrían impulsar otras formas de movilización legal o pública.

“El pliego no se trata solo de defender plazas”, escribieron los firmantes. “Se trata de salvaguardar trayectorias profesionales, vocaciones y compromisos con el servicio público”. La frase final resumió el ánimo de quienes durante años trabajaron en regulación de telecomunicaciones.

Reclamo al Ejecutivo federal y a organismos públicos

La misiva también aludió al Gobierno de la República. Señaló que la desaparición del IFT sería un retroceso en el ejercicio regulatorio autónomo. Afirmaron que el país no debe prescindir de instituciones técnicas con personal calificado.

Reiteraron que el personal del instituto ha cumplido funciones claves en la garantía del derecho a la información. “No somos burócratas invisibles”, indicaron en su escrito. “Somos profesionales comprometidos con el avance digital del país”.

Solicitaron que la Secretaría de Gobernación, la Función Pública y la Cámara de Diputados se pronuncien. Consideraron necesario que el Congreso revise las implicaciones sociales y jurídicas de la reforma que busca eliminar al IFT.

Finalmente, exigieron que sus derechos no se vean comprometidos por decisiones unilaterales. Llamaron a respetar la progresividad de los derechos laborales reconocida por tratados internacionales. “Queremos certeza jurídica, no promesas”, concluyeron. –sn–