La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió riesgos constitucionales y comerciales en la iniciativa del Congreso. Abogó por diálogo técnico y respeto al T-MEC.

Por Deyanira Vázquez | Reportera

La iniciativa de reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, promovida en la actual legislatura, provocó una reacción crítica por parte de Coparmex, al considerar que compromete principios esenciales del ecosistema digital nacional. El organismo patronal celebró el reciente aplazamiento de su discusión en el Congreso, al considerarlo una oportunidad para mejorar el texto legislativo.

A través de un pronunciamiento oficial, expuso su inquietud sobre diversas disposiciones del proyecto que podrían vulnerar derechos fundamentales. La confederación empresarial remarcó su disposición para participar en un diálogo abierto y técnico con todos los actores involucrados.

Riesgos regulatorios y violaciones al T-MEC

Coparmex subrayó que el dictamen propuesto eliminaba la autonomía del regulador en telecomunicaciones, lo cual contraviene compromisos internacionales. Señaló que esta medida podría erosionar la certeza jurídica en el sector, afectando inversiones y confianza empresarial.

Advirtió que el nuevo esquema permitiría a entidades estatales ofrecer servicios comerciales con subsidios y sin licitación. Tales condiciones, argumentó, generarían una competencia desleal, contraria al artículo 18.18 del T-MEC sobre empresas propiedad del Estado.

La organización indicó que esta asimetría distorsionaría el mercado y frenaría la innovación tecnológica en el país. Además, alertó que la agencia creada por la reforma tendría la capacidad de bloquear plataformas digitales sin autorización judicial.

Según el artículo 109 del proyecto, esta facultad atentaría contra la libertad de expresión y el debido proceso. También abriría la puerta a actos de censura y a conflictos constitucionales e internacionales.

Definiciones imprecisas y fragmentación normativa

El documento de Coparmex denunció la ambigüedad con la que se definieron las plataformas digitales en el artículo 3. Apuntó que la redacción permitiría una sobrerregulación que contradice el principio de neutralidad tecnológica.

Además, el alcance expansivo de la definición comprometería servicios digitales fuera del ámbito de telecomunicaciones tradicionales. Esto podría generar una fragmentación normativa que entraría en conflicto con los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC.

La organización empresarial también cuestionó la eliminación de la definición legal de neutralidad de la red. Criticó que esta responsabilidad se delegara a lineamientos futuros, sin certeza para los actores del ecosistema digital.

Para Coparmex, conservar el artículo 145 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión resultaría fundamental. Solo así podrían mantenerse condiciones justas y transparentes para operadores, inversionistas y usuarios.

Daños económicos por suspensión de trámites

Otro punto alarmante, según Coparmex, fue el contenido del transitorio décimo séptimo del proyecto de reforma. Este establecía una suspensión de trámites de hasta 60 días, lo que afectaría directamente el desarrollo digital del país.

Entre los procedimientos detenidos se encontrarían licitaciones, autorizaciones y despliegues de infraestructura clave. A juicio de la organización, esto comprometería los avances en tecnologías emergentes como la red 5G.

En su análisis, Coparmex recordó que el sector telecomunicaciones representa el 3.3% del PIB nacional. Además, genera más de 265 mil empleos directos, lo que lo convierte en un motor clave de la economía mexicana.

Datos del Banco Mundial señalan que un incremento del 10% en banda ancha puede elevar el PIB hasta 1.38%. Esto prueba la importancia estratégica de un marco legal robusto y equitativo para el desarrollo digital.

La confederación hizo un llamado al Congreso de la Unión a revisar el texto con responsabilidad. Pidió apego a los compromisos internacionales y a la Constitución mexicana para evitar retrocesos.

En su posicionamiento, insistió en mantener un diálogo plural que integre voces técnicas, empresariales y sociales. Solo así, consideró, podrá construirse una legislación que promueva conectividad, competencia y derechos fundamentales. –sn–