Habitantes y organizaciones exigen justicia ante violaciones a derechos humanos
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Un operativo militar realizado en San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas, provocó alarma y tensión entre los habitantes el pasado 24 de abril.
La acción involucró a fuerzas federales, estatales y civiles armados, quienes arribaron en aproximadamente 39 vehículos oficiales y particulares.
De acuerdo con denuncias del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), ocurrieron allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y robos.
La magnitud del despliegue militar fue inusual en la región, lo que generó un clima de miedo y zozobra entre las comunidades indígenas.
Denuncian allanamientos y detenciones arbitrarias
El Frayba informó que el operativo comenzó alrededor de las 15:30 horas, sin previo aviso ni orden judicial que justificara la intervención.
La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) confirmó que la irrupción violó procedimientos legales básicos.
Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal participaron en la acción, acompañados por civiles armados.
La presencia de civiles sin uniforme oficial exacerbó la violencia durante el operativo, denunciaron testigos y organizaciones.
Reportan desaparición forzada de dos bases de apoyo zapatistas
Durante la operación fueron detenidos José Baldemar Sántiz Sántiz, de 45 años, y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 21 años.
Ambos fueron trasladados a un destino desconocido sin informar a sus familiares ni presentar documentación oficial.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Frayba ni los familiares conocen su paradero, incrementando la preocupación.
La organización de derechos humanos advirtió que este hecho podría constituirse como una desaparición forzada.
Robos durante el operativo militar en Aldama
Testigos denunciaron que durante la incursión fueron robados vehículos, motocicletas, teléfonos celulares y herramientas de trabajo.
Entre los objetos sustraídos figuraron también mercancías y dinero perteneciente a los pobladores de San Pedro Cotzilnam.
El Frayba documentó que las pérdidas materiales representan un grave golpe económico para las familias afectadas.
Además, señalaron que estos robos agravan aún más las violaciones a los derechos humanos en la región.
Contexto de hostigamiento previo al operativo
Organizaciones sociales han venido alertando sobre un patrón de vigilancia y hostigamiento militar en comunidades zapatistas.
En eventos recientes como el Encuentro Rebel y RevelArte, se registraron patrullajes y retenes de carácter intimidatorio.
Dicho encuentro fue organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Caracol de Jacinto Canek.
La presencia militar en espacios tradicionalmente autónomos ha sido percibida como un acto de provocación y represión.
Violaciones a derechos humanos en Chiapas
Desde principios de 2025, diversas comunidades han denunciado allanamientos y detenciones arbitrarias en diferentes municipios de Chiapas.
El Frayba subrayó que las acciones de las fuerzas de seguridad violan los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal.
Casos como el de San Pedro Cotzilnam muestran un deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en el estado.
La organización exigió el cese inmediato de estas prácticas y una investigación independiente de los hechos.
Exigen presentación de detenidos y medidas de protección
El Frayba hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para la presentación inmediata de los detenidos.
Solicitaron que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Eduardo Ramírez Aguilar garanticen la integridad física de José Baldemar y Andrés Manuel.
Además, exigieron que se abra una investigación sobre las violaciones de derechos cometidas durante el operativo.
La comunidad internacional fue exhortada a observar la situación y respaldar la exigencia de justicia.
Conclusiones del Frayba y acciones futuras
El Frayba calificó el operativo como una acción ilegal, arbitraria y represiva contra las comunidades zapatistas.
Demandaron medidas cautelares inmediatas para los pobladores de Tierra Blanca y el cese de los operativos militares en la región.
Reiteraron que la lucha por la presentación con vida de los detenidos continuará hasta obtener justicia.
"Los derechos humanos se defienden, gobierne quien gobierne", concluyó el comunicado. –sn–
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