Omar García Harfuch denunció una serie de resoluciones judiciales que favorecieron a miembros de organizaciones delictivas, entre octubre de 2024 y abril de 2025

Por Martín García | Reportero

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que se documentaron 193 decisiones judiciales que favorecieron a presuntos operadores del crimen organizado.

Durante la conferencia presidencial de este jueves, el funcionario explicó que estas resoluciones incluyeron traslados, egresos definitivos y cambios de medidas cautelares para personas privadas de su libertad por delitos graves.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, ocurrieron 164 egresos por modificación de medidas cautelares, además de dos egresos definitivos relacionados con crímenes de alto impacto.

También se efectuaron 27 traslados a centros penitenciarios de menor seguridad, pese a la oposición del sistema de Prevención y Reinserción Social de la SSPC.

Casos de traslados injustificados

Según lo expuesto, muchos traslados ocurrieron sin fundamento sólido, incluso cuando los internos enfrentaban cargos por secuestro, homicidio y portación de armas de fuego.

García Harfuch subrayó que tales resoluciones surgieron a pesar de recomendaciones técnicas que consideraron dichos traslados no viables.

Entre los jueces señalados se encuentra Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

Dicho juez, de acuerdo con la información oficial, resolvió casos que facilitaron la liberación de personas ligadas a delitos como delincuencia organizada y peculado.

Fallos que beneficiaron a criminales

En abril de 2025, Salazar Hernández autorizó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, del Cártel de Sinaloa, al penal de Aguaruto, donde recientemente se decomisaron armas y drogas.

En enero de 2023, ordenó la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.

En marzo de 2024, dictó auto de no vinculación a proceso contra Juan Enrique “N”, alias La Pingua, operador de la facción Los Escorpiones del mismo cártel.

También en noviembre de 2024, revocó la prisión preventiva de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, sobrino de Cárdenas Guillén.

Acción penal pendiente

En diciembre de 2024, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que se ejercería acción penal contra el juez Gregorio Salazar Hernández.

El motivo: su presunta implicación en delitos contra la impartición de justicia, aunque hasta ahora no se ha concretado una sanción judicial en su contra.

No es el único juez señalado; Silvestre Peña Crespo, con funciones en Guanajuato, emitió cinco resoluciones para trasladar a internos acusados de delitos graves.

Además, los jueces Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, ambos de Sonora, emitieron 58 y 15 resoluciones, respectivamente, para modificar medidas cautelares.

Organizaciones beneficiadas

Durante el mismo periodo, se identificaron 26 liberaciones de operadores delictivos pertenecientes a cárteles como el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la Familia Michoacana.

También figuraron miembros del Cártel del Golfo y del grupo criminal Los Rojos, según lo indicado por el secretario federal de seguridad.

El funcionario explicó que el patrón común entre los casos radicó en decisiones judiciales contradictorias con las evaluaciones de seguridad de la SSPC.

Las autoridades penitenciarias clasificaron a dichos reos como de alta peligrosidad, debido a los delitos por los cuales fueron vinculados.

Solicitan revisión del Poder Judicial

García Harfuch pidió una revisión minuciosa sobre el actuar de jueces que han favorecido a personas con antecedentes criminales vinculados al crimen organizado.

Indicó que los órganos jurisdiccionales no siempre consideraron los elementos técnicos y de seguridad aportados por las instituciones penitenciarias.

Asimismo, llamó a fortalecer los mecanismos de control interno en el Poder Judicial, para evitar decisiones que puedan vulnerar la seguridad nacional.

El secretario insistió en que los traslados y egresos no deben responder a criterios administrativos, sino a análisis de riesgo real y sustentado. –sn–