Implementación del CNPCyF modifica procesos

Por Fausto Hernández | Reportero

El juicio civil ordinario comenzó a extinguirse conforme avanzó la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) en todo el país. En la Ciudad de México, jueces del fuero común señalaron la necesidad de mejorar la claridad en las demandas para evitar demoras y rechazos.

El juez civil Francisco Jiménez Rodríguez, adscrito al Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México , afirmó que mientras se consolida el nuevo sistema de oralidad, es vital que los escritos iniciales sean precisos. Ello permitiría agilizar los procedimientos ante tribunales locales.

Desde el Juzgado 25 Civil de Proceso Escrito, Jiménez Rodríguez explicó que la redacción ambigua en las demandas obliga a los jueces a prevenir a los promoventes. Este escenario podría implicar una demora en la admisión o incluso el desechamiento.

“Se debe establecer qué es lo que yo quiero, las prestaciones, cuál es el objeto que yo quiero, la narración de los hechos, los fundamentos de derecho y los documentos que yo tenga”, indicó el impartidor de justicia.

Juicios menores a 890 mil pesos

El juez recordó que en la actualidad existen dos vías para resolver controversias civiles en la capital. Los asuntos que superan los 890 mil pesos se siguen por la vía ordinaria, mientras que los de menor cuantía se ventilan en juicio oral civil.

“Hoy el juicio civil ordinario es casi una figura que estamos conociendo, pero con el tiempo va a desaparecer”, aseguró. Lo anterior se relaciona con la entrada en vigor del CNPCyF, que obliga a desahogar los casos mediante la oralidad.

Detalló que mientras un juicio civil ordinario puede durar hasta un año, los procedimientos orales toman menos tiempo. “En promedio, después del emplazamiento, un juicio oral civil se resuelve en tres meses”, señaló el funcionario judicial.

La figura del juicio ordinario civil sirve para resolver aquellas controversias que no cuentan con una vía especial de tramitación. Es el caso de las disputas relacionadas con arrendamiento o hipotecas.

Transición hacia la oralidad civil

Explicó que las reglas para determinar la vía procedente descansan en dos criterios principales. El primero, que la ley no prevea una tramitación especial; el segundo, que la cuantía del asunto supere el monto de 890 mil pesos.

“Si es menor me voy a juicio oral civil”, subrayó. Añadió que, en la medida en que se generalice la implementación del nuevo código, estas diferencias procesales dejarán de existir.

El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del PJCDMX, ha respaldado esta transformación procesal como parte de una modernización judicial. La migración al modelo oral ha implicado capacitación constante y rediseño administrativo.

Fuentes del poder judicial confirmaron que en los próximos meses continuará la reconversión de juzgados civiles de proceso escrito hacia juzgados orales, a fin de cumplir con los plazos legales.

Claridad, factor determinante

Durante una charla ante estudiantes de derecho, Jiménez Rodríguez insistió en que la claridad y estructura de las demandas resultan cruciales. “Si no establezco lo que pretendo, se corre el riesgo de que se deseche”, expresó.

Llamó a los litigantes a identificar el tipo de acción, presentar los documentos y argumentar los fundamentos de manera coherente. La práctica forense debe ajustarse a los nuevos criterios del CNPCyF, puntualizó.

La reforma judicial federal pretende unificar criterios y garantizar mayor acceso a la justicia. En la capital del país, los operadores jurídicos han comenzado a adoptar estos cambios.

Según datos oficiales, la oralidad permite mayor control del juez sobre el proceso, favorece la inmediación y acelera la resolución de conflictos. También elimina trámites innecesarios y reduce el uso de papel.

Cierre progresivo de juzgados escritos

El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México informó que paulatinamente dejarán de recibir nuevos asuntos en los juzgados de proceso escrito. Solo atenderán causas en trámite hasta su conclusión.

Para finales de 2025, se espera que el juicio ordinario civil haya desaparecido por completo. La oralidad será la única forma de tramitar procedimientos civiles y familiares.

Durante este periodo de transición, jueces y servidores públicos deberán adecuar sus métodos de trabajo. Las universidades también han comenzado a actualizar sus planes de estudio.

El CNPCyF, aprobado por el Congreso de la Unión en 2023, obligó a los poderes judiciales estatales a armonizar sus normativas. La Ciudad de México fue de las primeras en activar el nuevo esquema. –sn–