Más de 600 hoteles y moteles operaron sin regulación. Feminicidios aumentaron en estos espacios inseguros.

Por Fausto Hernández | Reportero

En la ciudad de México, más de 600 hoteles y moteles funcionaron sin controles, convirtiéndose en entornos de riesgo extremo para mujeres. La informalidad y la violencia feminicida se combinaron para generar espacios donde el peligro se volvió constante. Organizaciones del sector hotelero alertaron sobre esta situación crítica desde años anteriores.

Datos de la Fiscalía General de Justicia indicaron que el 14% de los feminicidios registrados desde 2015 ocurrieron en hoteles. La falta de controles permitió que los agresores actuaran con impunidad y escaparan sin consecuencias. Las víctimas fueron encontradas sin vida, muchas veces sin que se iniciara una investigación efectiva.

Entre 2015 y 2023 se documentaron al menos 39 feminicidios en estos lugares, según recuentos de organizaciones civiles y periodistas. Sin embargo, la Fiscalía solo reconoció oficialmente 28 casos. Esta disparidad evidenció una falta de seguimiento institucional sobre los hechos.

Las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztapalapa concentraron el 70% de los feminicidios cometidos en hoteles. En particular, Cuauhtémoc acumuló 19 asesinatos, cifra que encendió las alarmas entre colectivos feministas y especialistas.

Moteles convertidos en trampas

El patrón en los feminicidios se repitió de forma constante: mujeres encontradas muertas en habitaciones, rastros mínimos y agresores desaparecidos. Además, la mayoría de las carpetas de investigación permanecieron estancadas. La impunidad prevaleció.

Casos emblemáticos, como el del Hotel Emperador, ubicado en el Centro Histórico, o el Novo Coapa, en Tlalpan, fueron escenario de al menos tres feminicidios cada uno. Ninguno de estos inmuebles fue clausurado, pese a los antecedentes criminales.

Durante 2024 se registraron al menos nueve feminicidios más dentro de hoteles capitalinos. De estos casos, solo uno concluyó con una resolución judicial. Las víctimas pertenecían a distintos estratos sociales, lo que mostró que el riesgo era generalizado.

El colectivo Brigada Callejera documentó también el asesinato de 23 trabajadoras sexuales durante 2023. Muchos de estos crímenes ocurrieron en hoteles irregulares, donde la ausencia de cámaras y controles facilitó los ataques.

Fallas institucionales graves

La Secretaría de las Mujeres informó una reducción del 34% en muertes violentas de mujeres entre 2019 y 2024. Sin embargo, activistas afirmaron que las cifras no correspondían con la realidad observada en hoteles. La percepción de impunidad creció entre la ciudadanía.

De los 34 feminicidios registrados en lo que va del año, solo 58 personas fueron vinculadas a proceso penal. Esto implicó que más de la mitad de los casos permanecieran sin detenidos. Las familias enfrentaron múltiples trabas para acceder a la justicia.

El 30% de los hoteles capitalinos operó fuera de la ley. Además, el 45% no exigió identificación oficial y el 60% careció de videovigilancia. Esto representó condiciones óptimas para delitos como el feminicidio y la trata de personas.

En zonas como Tepito y La Merced, algunos hoteles estuvieron ligados a redes criminales que explotaron sexualmente a mujeres. A pesar de las denuncias, las inspecciones gubernamentales fueron insuficientes o nulas.

Llamados al gobierno capitalino

La Cámara Hotelera solicitó al gobierno capitalino realizar un censo completo de los hoteles y moteles en operación. El organismo identificó que 40% de los inmuebles eran moteles de paso, con escasa supervisión y funcionamiento clandestino.

La cámara empresarial propuso implementar protocolos como el registro biométrico de huéspedes y botones de pánico. Además, exigió sancionar a funcionarios que permitieron la operación de hoteles irregulares, especialmente en zonas críticas.

A pesar de la vigencia de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, emitida en 2019, muchas víctimas y sus familias no obtuvieron respuesta institucional. Los compromisos asumidos por las autoridades se incumplieron reiteradamente.

La familia de Yuridia, mujer asesinada por estrangulamiento en un motel de Cuauhtémoc en 2023, continuó buscando justicia. Su caso ilustró la falta de voluntad para investigar a fondo los feminicidios cometidos en hoteles.

Sin justicia, sin respuestas

El 2024 inició con un repunte de feminicidios dentro de hoteles capitalinos. Los números superaron las expectativas institucionales, y la cifra negra siguió creciendo ante la ausencia de inspecciones eficaces.

Especialistas y defensores de derechos humanos señalaron que la permisividad institucional favoreció la violencia contra mujeres. En muchos casos, los hoteles no reportaron incidentes, ni colaboraron con las investigaciones policiales.

De los nuevos casos documentados, solo el asesinato de una joven en un hotel de Benito Juárez concluyó en sentencia. Los demás expedientes permanecieron abiertos sin avances significativos, lo que generó frustración entre colectivos feministas.

Organizaciones civiles exigieron una reestructuración profunda en el sistema de verificación de hoteles. También solicitaron que se transparentaran las bases de datos sobre establecimientos sancionados o clausurados. –sn–