La ex funcionaria está implicada en omisiones durante los hechos de Ayotzinapa en 2014.

Por Martín García | Reportero

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), realizó un operativo conjunto para cumplir una orden judicial en contra de Lambertina Galeana Marín (Lambertina “N”). La detención se efectuó en Chilpancingo, Guerrero, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN). Las fuerzas federales actuaron tras un trabajo de gabinete y campo que permitió ubicar a la sospechosa.

Las autoridades localizaron un domicilio en la calle Abasolo, colonia Ruffo Figueroa, donde se encontraba la acusada. Se recabaron pruebas suficientes y se presentaron ante un juez de control. Este otorgó una orden de cateo para intervenir legalmente el inmueble.

Cateo autorizado por juez

El despliegue operativo ocurrió sin incidentes y en estricto apego a protocolos de legalidad. En el sitio fue asegurada Lambertina “N”, quien previamente se desempeñó como servidora pública estatal. A la detenida se le notificó el motivo de su aprehensión y sus derechos conforme a la ley.

La mujer fue trasladada y puesta a disposición de la autoridad que la requiere para continuar el proceso. La SSPC informó que esta detención es parte de las acciones del gabinete de seguridad. Las dependencias federales reiteraron su compromiso con la legalidad.

Relación con Ayotzinapa

Según las investigaciones, la ex funcionaria está vinculada con la alteración de pruebas del caso Ayotzinapa. Particularmente se le atribuye participación en la desaparición de grabaciones clave del Palacio de Justicia de Iguala. Dichas imágenes formaban parte de las pruebas del ataque a los 43 normalistas en 2014.

Las cámaras captaron momentos fundamentales los días 26 y 27 de septiembre de ese año. Los registros desaparecieron de manera irregular durante las primeras diligencias. La responsabilidad de Lambertina “N” está asociada con la manipulación u omisión de esos materiales.

Procesos en curso

Las pruebas recopiladas permitieron formular cargos por desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Ambas conductas están previstas y sancionadas por la ley penal vigente en México. La autoridad judicial determinará en las próximas horas la situación jurídica de la ex funcionaria.

El caso representa un avance en el esclarecimiento de responsabilidades institucionales. La captura se integra a los esfuerzos del gobierno federal por esclarecer los hechos ocurridos en Iguala. Las instituciones aseguran que continuarán los procedimientos hasta alcanzar justicia.

Compromiso del gabinete de seguridad

La SSPC, junto con Defensa, Semar, Guardia Nacional y FGR, trabaja de manera coordinada en este tipo de investigaciones. Las autoridades reiteraron su responsabilidad de garantizar el acceso a la verdad. Se reconoció la colaboración entre las dependencias para lograr detenciones legales.

El operativo fue producto de inteligencia interinstitucional aplicada con precisión. Según la SSPC, estos esfuerzos forman parte de la política de seguridad y justicia del país. La coordinación permitió actuar con eficacia en un caso de alta sensibilidad nacional.

Vínculo con la administración de justicia

Además de desaparición forzada, se acusa a Lambertina “N” de delitos cometidos por servidor público. Las autoridades documentaron acciones que impidieron el acceso a pruebas clave del caso. Estos hechos agravaron las irregularidades detectadas desde los primeros días de investigación.

La vinculación de la detenida refuerza la tesis sobre encubrimientos institucionales. El caso Ayotzinapa continúa abierto con múltiples líneas de investigación activas. La detención pretende enviar un mensaje sobre la rendición de cuentas en niveles estatales y federales.

Reactivación de investigaciones

El gobierno federal ha reactivado órdenes de aprehensión en varios frentes relacionados con Ayotzinapa. Desde 2022 se giraron mandamientos judiciales contra funcionarios vinculados con omisiones. Estas acciones buscan responsabilizar tanto a autores materiales como a encubridores.

La detención de Lambertina “N” representa un paso más en esa estrategia. La colaboración entre fuerzas armadas y ministerios públicos ha resultado clave. Las víctimas y sus representantes han exigido avances reales y verificables en el caso.

Transparencia y justicia

La SSPC aseguró que se garantizará el respeto al debido proceso y a los derechos de la detenida. Las autoridades reiteraron que su objetivo es esclarecer completamente lo ocurrido. Organizaciones civiles han insistido en castigar a quienes alteraron o destruyeron evidencia.

La detención refuerza la narrativa oficial sobre justicia sin impunidad. Las familias de los normalistas siguen exigiendo verdad y sanciones para todos los responsables. Este proceso judicial podría derivar en más imputaciones contra otros actores implicados. –sn–