El exmandatario no acudió a una audiencia clave y recibió un trato judicial considerado irregular por el Ministerio Público.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La FGR reveló que el pasado 9 de mayo Silvano “A” no se presentó a la audiencia judicial, tal como lo había ordenado la Jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. El imputado debía responder a cargos por presunto peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Ante esta incomparecencia, el Ministerio Público de la Federación (MPF) solicitó un informe oficial sobre la situación. Cuatro días después, la jueza comunicó que tuvo por comparecido al acusado, con base en un escrito que éste presentó. Dicho documento no fue ratificado, lo que, según la FGR, vuelve inválido el acto procesal.
A pesar de ello, Vargas Alarcón agendó una nueva audiencia para dentro de tres meses, contraviniendo el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta norma estipula que las audiencias deben celebrarse en un plazo no mayor a 15 días tras una inasistencia sin justificación.
Fiscalía cuestiona decisión judicial
La FGR subrayó que no existe base legal para que la jueza no haya confirmado la orden de aprehensión que se mantenía vigente. De acuerdo con el análisis jurídico realizado por el órgano autónomo, la suspensión de esa orden representó una actuación parcial e injustificada.
Además de la denuncia penal, la Fiscalía iniciará una queja procesal ante las instancias competentes. Para el fiscal general Alejandro Gertz Manero, estas acciones son necesarias para salvaguardar la legalidad del proceso penal en curso.
Según el MPF, los beneficios judiciales otorgados al imputado constituyen una protección indebida. Añadió que el procedimiento actual evidencia una falta de apego a la normatividad judicial por parte de la juzgadora.
Investigación por desfalco millonario
El exgobernador de Michoacán enfrenta acusaciones por un supuesto quebranto al erario público por más de 3 mil 412 millones de pesos. Este monto corresponde a compras infladas de cuarteles para la Guardia Civil durante su mandato.
El Ministerio Público ha implicado también a cuatro excolaboradores del exmandatario en la presunta red de corrupción. Las adquisiciones se efectuaron para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Los contratos en cuestión habrían registrado sobreprecios injustificados. El MPF aseguró que existen pruebas suficientes para demostrar una simulación de actos administrativos para encubrir el desvío.
Aureoles evade control judicial
Según la FGR, la conducta del imputado demuestra una intención clara de eludir la justicia. El hecho de que la jueza haya considerado válida su comparecencia sin verificar su autenticidad agrava la situación jurídica.
Las autoridades insistieron en que la defensa de Silvano Aureoles ha dilatado el proceso con recursos judiciales carentes de sustento. A pesar de ello, la Fiscalía aseguró que agotará todos los mecanismos legales para garantizar su comparecencia.
Fuentes cercanas al expediente judicial detallaron que existen más de 300 pruebas documentales relacionadas con las operaciones ilícitas. Entre estas figuran transferencias bancarias, contratos simulados y declaraciones patrimoniales inconsistentes.
Silvano Aureoles acumula señalamientos
La figura de Silvano Aureoles Conejo ha estado en la mira desde el fin de su mandato en 2021. Diversas auditorías locales y federales documentaron irregularidades en el manejo de fondos públicos, particularmente en materia de seguridad pública.
Durante su administración, el gasto en infraestructura de la Guardia Civil aumentó más de 400 por ciento. Sin embargo, los informes indican que las obras no justificaron tal incremento y presentan deficiencias estructurales.
El actual proceso penal forma parte de un paquete de 12 carpetas de investigación abiertas contra el exmandatario. La FGR adelantó que, de no presentarse a la siguiente audiencia, solicitará el uso de la fuerza pública para su localización. –sn–

