Vivimos en un país de violencia sistemática. Urge que el Estado garantice los derechos humanos. La presidente Sheinbaum dijo que actualmente se revisa el RNPDNO. Proponen que el acceso a museos sea gratis para estudiantes
Por Luis Muñoz
Vivimos en un país donde el abuso de poder, la impunidad y la violencia sistémica se han normalizado, y donde el propio aparato estatal ha sido omiso, cuando no cómplice, de múltiples violaciones graves a los derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial.
Lamentable que estas conductas se hayan normalizado, pero una de las acciones para revertir esta situación es que el Estado garantice los derechos humanos, demandó con carácter urgente el Grupo Integral de Derechos Humanos “Lex-magister” (GIDH).
México, hoy, figura con el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo.
Según Red Lupa, la desaparición de personas en México es generalizada y sistemática. Después de un año de llegar a 100,000 casos de personas desaparecidas la cifra aumentó en un 7.3% en el 2023 y siguió aumentando en el 2024 en un 6.3%. A la fecha los reportes de casos de personas desaparecidas siguen creciendo.
Traducido en cifras, se estima que existen 124 mil 300 personas en calidad de desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas mantiene un registro total de casi 2 mil personas desaparecidas y sin localizar desde que comenzó 2024. Hasta el pasado 15 de marzo del año pasado había un total de 99,729 registros de personas desaparecidas o no localizadas en el país.
En este contexto, GIHD lamentó el rezago estructural y la inacción del Estado mexicano para proteger y garantizar los derechos fundamentales de su población.
Jesús Rey Fierro Hernández, presidente del GIHD dijo que “el derecho a defender garantías no puede seguir siendo un riesgo en México. Vivimos en un país donde el abuso de poder, la impunidad y la violencia sistémica se han normalizado…”
Reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, el doctor Fierro Hernández sostuvo que a pesar de contar con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 32 comisiones estatales, se carece de una verdadera eficacia en esta delicada materia.

Denunció que “estas instancias no son autónomas; siguen subordinadas al poder político y carecen de capacidades técnicas y jurídicas para actuar con contundencia; no han logrado responder ante desapariciones forzadas, asesinatos de periodistas ni ataques contra defensores de derechos humanos”.
El defensor del pueblo, como se le conoce, recordó que conforme al marco internacional, defender los derechos humanos es en sí mismo un derecho consagrado por la Declaración sobre los Defensores de los DH que, dicho sea de paso, se suma un aniversario más de la Declaración Universal que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia.
Recientemente, el doctor Fierro mencionó que “el activismo social debe ser protegido por el Estado y no criminalizar, como frecuentemente ocurre en México. Dijo que casos sobran, México es el país más peligroso y letal para ejercer el periodismo en América Latina; los actos de corrupción son sistemáticos, hechos que vulneran a la población, como la militarización de la Guardia Nacional o la extinción de órganos autónomos, como el Instituto de Transparencia; o el desabasto de medicamentos en el sistema de salud nacional”.

Como presidente del GIDH, dijo que respalda el llamado de organizaciones internacionales para establecer mecanismos independientes que investiguen violaciones a derechos humanos y otorguen garantías reales a las víctimas.
“México, lamentablemente, se encuentra entre los países con mayor número de desapariciones forzadas en el mundo; sin justicia ni protección efectiva para quienes luchan por la verdad y la reparación”.
Citando al teólogo y filósofo español, Ignacio Ellacuría, dijo que “Los derechos humanos no son un lujo, sino la base de una sociedad justa”. En este sentido, afirmó que esa visión sigue vigente y debería inspirar una transformación profunda en las instituciones mexicanas, particularmente desde el atril presidencial donde la titular del poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, criminaliza, lo mismo a periodistas que defensores de las garantías individuales, como los diversos colectivos de personas desaparecidas, entre ellos los familiares de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en 2014.
Acotó, sin embargo, que “sin justicia social ni dignidad humana, no hay democracia posible”. Señaló, además, que el gobierno federal no ha asumido su responsabilidad histórica frente a las violaciones sistémicas. “Requerimos acciones concretas, voluntad política y un nuevo pacto social que ponga al centro la dignidad humana”.
Finalmente, el GIDH hizo un llamado urgente a la sociedad civil, a la academia, a las organizaciones nacionales e internacionales, y a todas las instituciones comprometidas con el respeto a la vida y la justicia, para que redoblen esfuerzos y trabajen de forma articulada para que los derechos humanos dejen de ser letra muerta y se conviertan en una realidad tangible para todas las personas que habitan el territorio mexicano.
La presidente Claudia Sheinbaum dijo sobre el tema que actualmente se está realizando una nueva revisión al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y que los resultados se presentarán el próximo mes de junio.
Explicó que “la revisión la había hecho en su momento el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta vez nosotros quisimos realizar de nuevo una revisión de todo esto. Las personas que aparecen en alguna base de datos del Gobierno y que están en este momento en búsqueda física, estamos localizándolos para certificar que, en efecto, se encuentran vivos o con sus familiares”.
La primera mandataria añadió que también se están revisando los casos de las personas desaparecidas cuyos datos “vienen de carpetas de investigación, los que ya han sido localizados, cuáles están vinculados o no con un registro sólo de fiscalías, o realmente tienen carpeta de investigación”.
En su conferencia mañanera, la titular del Ejecutivo federal informó que con corte al 7 de mayo, el RNPDNO tiene un registro de 360 mil 28 personas desaparecidas en México desde 1952.
De éstas, 128 mil 58 personas mantienen el estatus de “desaparecidas y no localizadas”, equivalente al 35.57% de todas. Jalisco, con 15 mil 238, es la entidad federativa con la mayor cantidad de personas sin localizar.
De acuerdo a lo expresado, la revisión que realiza el Gobierno a estas carpetas y bases de datos es uno de los “niveles” en los que trabajan sobre el tema de desapariciones.
Sheinbaum Pardo señaló que al mismo tiempo están trabajando en las leyes y recordó que presentó una propuesta al Congreso. “Decidimos, precisó, que los colectivos de familiares de buscadores revisaran la propuesta…”.
Como una cuestión relevante, destacó el protocolo de atención preventivo, en el caso de que alguna persona tenga algún reporte de desaparición.
Finalmente expresó que “estamos trabajando en las tres áreas y con gusto, ya muy pronto lo vamos a poder presentar. Yo creo que todavía nos va llevar este mes, todo el mes de mayo, y en junio estaríamos presentando ya el reporte”, recalcó la presidente Sheinbaum Pardo.
CON EL OBJETIVO DE permitir a miles de niñas, niños y jóvenes ejercer su derecho a la cultura, el diputado local Pedro Haces Lago presentó una iniciativa que busca garantizar el acceso gratuito y permanente a todos los museos, centros culturales y recintos artísticos públicos de la Ciudad de México para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior. Desde la tribuna del Congreso de la Cdmx el legislador de Morena denunció que “acceder a un museo sigue siendo un lujo para miles de estudiantes”, y subrayó que en pleno 2025, muchas familias no pueden costear una visita cultural debido al alto costo de los boletos.
Lo que debería ser un derecho, “se convierte en un lujo imposible, haciendo más visible la brecha económica y cultural entre la población”, señaló.

A FIN DE GARANTIZAR la conservación prioritaria de los documentos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (Morena) presentó una iniciativa en el Congreso local para reformar los artículos 116 y 117 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México.
“Un archivo, dijo, es mucho más que un conjunto de hojas encuadernadas. Es un testigo silencioso del pasado, un guardián de la memoria colectiva, y, en muchos casos, la única vía que tienen las víctimas para alcanzar la justicia”, afirmó.
Mateos argumentó que esta reforma, además de ser legal y técnica “es profundamente humana, profundamente política y profundamente necesaria”.
*Periodista: lm0007tri@yahoo.com.mx
Columna anterior: Las 16 alcaldías deben fomentar el arte urbano: Elizabeth Mateos


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