La Conagua clausuró un pozo clandestino en el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Se abastecían hasta 25 pipas.

Por Mireya Estrada | Corresponsal

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la dirección de Efraín Morales López, clausuró un pozo que operaba sin título de concesión en el acuífero Cuautitlán-Pachuca. La acción formó parte de una estrategia federal para garantizar el acceso legal y sustentable al agua.

La dependencia realizó la inspección con apoyo de la Guardia Nacional, tras recibir denuncias ciudadanas en el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (Podan). El sitio operaba de forma irregular, extrayendo líquido sin autorización para su distribución mediante camiones cisterna.

Durante la revisión en campo, se confirmó la flagrante extracción de aguas subterráneas, que abastecía alrededor de 25 unidades de reparto. La operación, ilegal, ponía en riesgo la sostenibilidad del acuífero y contravenía el marco jurídico vigente.

Las autoridades ejecutaron una clausura temporal del pozo, como medida preventiva para frenar el daño al cuerpo de agua. Además, se iniciaron procedimientos legales ante las instancias correspondientes para determinar sanciones definitivas.

Extracción ilegal documentada

El hallazgo ocurrió luego de múltiples reportes ciudadanos sobre actividad anómala en la zona. La Conagua, al constatar la falta de permisos, procedió conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.

El acuífero afectado, Cuautitlán-Pachuca, se encuentra entre los cuerpos de agua subterránea más presionados del centro del país. Las extracciones no reguladas, como la clausurada, agravan su situación hídrica.

De acuerdo con el personal técnico, el pozo operaba en una zona estratégica para el abasto regional. El volumen extraído no contaba con control alguno, lo que impidió verificar el impacto ambiental acumulado.

La intervención fue posible gracias a la colaboración entre ciudadanía y autoridades federales. La acción reafirma el papel activo que puede jugar la sociedad en la protección de recursos naturales esenciales.

Avanza el Acuerdo Nacional

Esta clausura se enmarca en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, impulsado por el gobierno federal. El plan busca regular todas las concesiones de uso, distribución y aprovechamiento del agua.

Desde que se firmó el acuerdo, la Conagua ha reforzado su capacidad de inspección en campo. Las acciones coordinadas permiten ubicar sitios con operación irregular y frenar su impacto en la disponibilidad del recurso.

El jefe de la Conagua, Efraín Morales López, confirmó que estas medidas forman parte de una política pública integral. El objetivo es lograr una gestión ordenada, sustentable y socialmente justa del agua en todo el territorio nacional.

El gobierno federal ha reiterado que el agua es un bien público, no una mercancía. Por ello, los operativos como el ejecutado esta semana en Cuautitlán buscan frenar su explotación ilegal por intereses privados.

Llamado a denunciar irregularidades

La dependencia hizo un llamado a la población para reportar cualquier extracción sospechosa en sus comunidades. El Podan permanece activo como canal oficial para enviar evidencias y ubicar sitios sin concesión vigente.

Cada denuncia ciudadana fortalece la vigilancia sobre los acuíferos, que son propiedad colectiva. Las autoridades exhortaron a empresarios, organizaciones y gobiernos locales a colaborar con esta estrategia nacional.

La clausura del pozo clausurado fue registrada en actas técnicas para dar paso a procesos judiciales. Los resultados del peritaje definirán las sanciones administrativas y penales correspondientes al caso.

Por su parte, la Guardia Nacional reiteró su disposición de colaborar en acciones conjuntas para proteger el agua. El cuerpo de seguridad federal participa en operativos que requieren presencia física para asegurar instalaciones.

Resguardo de los acuíferos

La extracción sin concesión debilita la recarga natural de los acuíferos, alertó la Conagua. En zonas como Cuautitlán, la demanda ha superado la disponibilidad, y cada pozo ilegal pone en peligro la sustentabilidad.

La inspección reveló que no existía medición alguna sobre los volúmenes extraídos. Tampoco se encontró documentación que acreditara un título de concesión, lo que confirmó la ilegalidad de la operación.

El organismo federal advirtió que continuarán los operativos sorpresa en distintas regiones del país. El objetivo es detectar, clausurar y sancionar cualquier punto de extracción irregular de aguas nacionales.

El compromiso institucional, dijeron, es garantizar que el agua sea accesible para las comunidades y no se privatice. Esta visión coincide con los principios establecidos por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. –sn–