Fallo unánime favoreció a La Prensa y fortalece el periodismo investigativo.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que benefició al diario La Prensa. La resolución desechó una demanda civil por 25 millones de dólares. Esta decisión fue interpretada como una victoria para la libertad de expresión en América Latina.

La Corporación La Prensa fue demandada por la sucesión del exmagistrado César Pereira Burgos, fallecido. El caso se originó por tres publicaciones periodísticas realizadas en 2006. La Sala Primera de lo Civil del alto tribunal concluyó de forma unánime que no existieron ilícitos.

El magistrado ponente del fallo fue Olmedo Arrocha Osorio, quien argumentó que los textos publicados respondieron al interés público. Según la resolución, el diario actuó dentro del marco legal y del derecho ciudadano a estar informado. El tribunal indicó que el contenido no fue probado como falso.

En el fallo también se advirtió sobre las consecuencias de las demandas desproporcionadas. La Corte mencionó que no puede considerarse ilícito aquello que no se demuestra como falso. Además, señaló que inflar las sumas solo busca acallar voces críticas.

Riesgos de la autocensura judicial

El diario La Prensa consideró que la decisión evita la judicialización excesiva del periodismo. La sentencia también alertó sobre el riesgo de autocensura que conllevan las demandas exorbitantes. El tribunal reconoció que esas prácticas buscan frenar la labor informativa.

La Corte Suprema afirmó que las pretensiones económicas desmedidas afectan el ejercicio libre del periodismo. Indicó que tales acciones buscan castigar la divulgación de asuntos de interés público. Esto representa un obstáculo para la fiscalización ciudadana.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, elogió el fallo y lo consideró una victoria democrática. El directivo salvadoreño aseguró que el interés colectivo debe prevalecer sobre intereses particulares. Además, subrayó que el periodismo de investigación requiere protección legal.

La SIP insistió en que este precedente robustece la libertad de expresión. Martha Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana, también valoró la decisión. Indicó que se reafirma la imposibilidad de sancionar a periodistas por cumplir su función pública.

Precedente judicial fortalece al gremio

Ramos advirtió que el periodismo no puede penalizarse por investigar figuras públicas. Afirmó que se trató de un mensaje claro ante el uso abusivo de la justicia. Señaló que este tipo de acciones buscan inhibir la publicación de información incómoda.

El fallo adquiere relevancia porque La Prensa enfrenta actualmente otros procesos judiciales. La empresa acumula 14 juicios civiles y cinco penales. Las demandas provienen de exfuncionarios, contratistas y políticos.

Entre los demandantes figuran el exjefe de Estado Ernesto Pérez Balladares y la exjueza Argentina Barrera. Las pretensiones económicas suman cerca de 40 millones de dólares. Estos casos se vinculan a coberturas informativas del diario panameño.

La SIP ya había alertado sobre las fallas legales en Panamá. La legislación vigente permite el congelamiento de activos sin sentencia. Esta medida puede solicitarse desde el inicio del juicio y genera fuertes afectaciones económicas.

Libertad de prensa, prioridad regional

Las demandas desmedidas también elevan los costos judiciales para los medios. Esto obliga a redirigir recursos económicos que debieran destinarse a la labor informativa. La SIP denunció que se trata de una estrategia legal para silenciar al periodismo.

El organismo hemisférico ha impulsado reformas legales en varios países. Entre sus propuestas, está evitar que las figuras públicas litiguen en materia penal. Recomiendan que los casos se diriman en lo civil con sanciones proporcionales.

La Corte Suprema panameña subrayó que no debe criminalizarse la expresión de opiniones. Afirmó que los jueces deben evitar servir como instrumentos para limitar derechos. Consideró que la transparencia y la fiscalización son pilares democráticos.

El fallo se interpreta como un respaldo directo al ejercicio profesional del periodismo. En particular, el periodismo de investigación ha sufrido presiones crecientes. Las demandas civiles y penales constituyen mecanismos para restringir su ejercicio.

Reacción internacional respalda el fallo

Varias organizaciones internacionales manifestaron apoyo a la decisión judicial. Consideraron que fortalece las garantías institucionales en Panamá. Además, solicitaron que el fallo se convierta en ejemplo regional.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH también valoró el fallo. En un comunicado anterior, había mostrado preocupación por el uso punitivo del derecho civil. Reiteró que la prensa debe operar sin amenazas legales.

Los medios panameños celebraron el fallo como una reivindicación a su labor informativa. Señalaron que la sentencia devuelve confianza al sistema judicial. También llamaron a revisar las leyes actuales para evitar abusos similares.

La sentencia también fue interpretada como un freno a la instrumentalización del poder judicial. Diversos expertos sostuvieron que el fallo podría incidir en otras resoluciones pendientes. Esto, a favor del equilibrio entre libertad de prensa y reparación legítima.

El caso representa uno de los precedentes más relevantes en los últimos años en Panamá. A diferencia de fallos anteriores, se definió de forma unánime y con criterios de fondo. Además, involucró una suma millonaria que generó alarma en el gremio. –sn–