Organizaciones de la sociedad civil exigen justicia sin intereses. Llamado desde la sociedad

Por Deyanira Vázquez | Reportera

Organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos realizaron un llamado contundente. Durante la conferencia “La justicia no se negocia”, exigieron que la Suprema Corte garantice los derechos humanos. El mensaje se centró en que la próxima integración del Poder Judicial debe ser independiente. Según sus demandas, ninguna ministra o ministro debe responder a intereses económicos ni políticos.

El evento expuso preocupaciones sobre la influencia de las corporaciones en decisiones judiciales clave. Empresas tabacaleras, refresqueras, mineras y de plásticos fueron señaladas por sus interferencias. Según los participantes, estas industrias han intentado frenar políticas de salud y justicia ambiental.

Isabel Rubio, abogada especialista en justicia y salud, señaló obligaciones internacionales del país. Indicó que la Suprema Corte debe alinearse con tratados en materia de salud. Además, pidió mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Los organizadores subrayaron avances judiciales en salud pública, como el etiquetado frontal de advertencia. Mencionaron también la regulación del tabaco y la publicidad dirigida a infancias. No obstante, advirtieron que decisiones recientes han revertido políticas importantes. Esas resoluciones, señalaron, favorecieron a industrias poderosas.

Industrias contra la salud

Claudia Moreno, oficial de incidencia de Salud Justa, denunció presiones de la industria tabacalera. Según ella, la estrategia ha consistido en usar amparos para evadir regulaciones. Entre estas normas figuran la prohibición de vapeadores y espacios libres de humo.

Moreno detalló que las decisiones finales han recaído en la Suprema Corte de Justicia. Por ello, remarcó la importancia de elegir personas sin conflictos de interés. Advirtió que solo así se podrá proteger el bienestar colectivo frente al poder corporativo.

Larisa de Orbe, directora de Acción Ecológica, alertó sobre la emergencia causada por los plásticos. Indicó que las empresas involucradas dominan toda la cadena de producción. Desde la extracción de combustibles fósiles hasta el diseño del producto, el daño es continuo.

La directora mencionó que el nuevo poder judicial debe enfrentar esa interferencia empresarial. Las decisiones, según expresó, deben centrarse en la salud y el interés común. Recordó además que el Acuerdo de Escazú obliga a proteger el medio ambiente y permitir la participación comunitaria.

Transparencia y justicia social

Para las organizaciones convocantes, los nuevos integrantes de la Suprema Corte enfrentan un desafío central. El poder económico ha logrado imponer criterios favorables a sus intereses. A través de litigios, han frenado normas que beneficiaban a la población general.

En este contexto, la sociedad civil urgió a las y los aspirantes a la Suprema Corte. La petición incluyó mantener una postura firme ante las presiones del poder político y empresarial. Asimismo, pidieron una Corte que escuche a la ciudadanía e incorpore evidencia científica.

Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, explicó que se necesita verdadera independencia judicial. Señaló que no basta con autonomía respecto al poder político. Es indispensable, dijo, que también exista separación frente al poder económico.

Zúñiga agregó que la salud pública no debe sacrificarse por intereses financieros. Llamó a que las personas candidatas resuelvan sin conflicto de interés. Para ello, recomendó que se escuchen las voces de la sociedad organizada.

SCJN bajo escrutinio social

Las personas defensoras exigieron justicia sin subordinaciones ante el capital privado. El mensaje común fue la necesidad de una Suprema Corte comprometida con el bien común. Advirtieron que las decisiones judiciales impactan profundamente en el tejido social.

El evento puso en evidencia cómo los intereses corporativos condicionan decisiones del Poder Judicial. Algunas resoluciones recientes, aseguraron, priorizaron a las empresas sobre la ciudadanía. Recordaron que dichas decisiones han tenido consecuencias en salud y medio ambiente.

Organizaciones insistieron en que la transparencia debe ser condición innegociable. Exigieron que las futuras ministras y ministros informen sus vínculos con el sector privado. Además, pidieron procesos de selección abiertos, donde participe la sociedad civil. –sn–