Ocurren 16 casos desde 2018
Por Martín García | Reportero
Desde 2018 a 2025, la violencia política criminal cobró 16 vidas en la capital mexicana. El informe “Votar entre Balas” de Data Cívica reveló datos que relacionan estos hechos con el proceso electoral. Según su reporte, la mayoría de las víctimas militaban en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El estudio fue elaborado junto con Animal Político y México Evalúa, quienes recopilaron más de siete años de agresiones. La investigación recibió un reconocimiento internacional del Global Investigative Journalism Network. Este proyecto figuró entre las diez iniciativas de datos más relevantes del mundo, según Sigma Awards 2025.
En el reporte se detalló que los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz formaron parte de esta violencia. Ambos colaboradores de la jefatura de gobierno fueron ultimados durante abril, en plena coyuntura política. La ONG subrayó que estos crímenes no se trataban de hechos aislados.
Además de los 16 asesinatos, se contabilizaron 25 eventos vinculados a amenazas, atentados y ataques armados. Los autores del informe identificaron patrones de hostigamiento contra actores públicos. Afirmaron que este tipo de violencia afectó procesos democráticos y estructuras institucionales.
Violencia dirigida a servidores públicos
Entre los casos documentados se encuentra el de Erick Millán Romero, ocurrido en 2023. Se desempeñaba como supervisor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Su homicidio evidenció la vulnerabilidad de los funcionarios capitalinos.
El documento incluyó también el asesinato de la activista Samantha Fonseca. Ella participaba como precandidata al Senado y murió tras salir del Reclusorio Sur. El ataque ocurrió en enero de 2024 y fue registrado como violencia política criminal.
En febrero del mismo año, un funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc fue víctima de un atentado armado. El ataque provocó su muerte y dejó cuatro personas lesionadas, incluida su pareja sentimental. Ese mes se reportaron tres eventos similares en distintas instancias del gobierno local.
En uno de esos hechos, dos servidores públicos de la Secretaría de Salud fueron asesinados. La organización alertó sobre la impunidad que rodeó esos crímenes. Además, llamó a reconocer los riesgos que enfrentan quienes se vinculan a tareas públicas.
Reconocimiento internacional al informe
El informe “Votar entre Balas” resultó uno de los más completos sobre violencia político-criminal. La organización Sigma Awards lo premió por su metodología rigurosa y transparencia en el análisis. Fue seleccionado entre cientos de postulaciones de diferentes continentes.
El premio lo entregó la Global Investigative Journalism Network, red que agrupa a periodistas de investigación. La distinción posicionó al proyecto como referente internacional. El análisis permitió identificar zonas de riesgo y patrones de agresión política.
El equipo de Data Cívica, Animal Político y México Evalúa integró información de medios, fiscalías y autoridades locales. También entrevistó a familiares de víctimas, activistas y expertos en seguridad. Su objetivo fue visibilizar el costo humano de la lucha por el poder político.
El estudio subrayó que las agresiones no se concentraron únicamente en estados con alta criminalidad. La capital del país figuró entre las entidades con mayor número de incidentes. La violencia política trascendió niveles de gobierno, partidos y regiones.
Morena, el partido con más víctimas
La ONG precisó que Morena encabezó el listado de organizaciones con mayor número de víctimas. Esto se relacionó con su presencia mayoritaria en cargos de gobierno. Sin embargo, también registraron ataques contra miembros de otros partidos.
El informe no responsabilizó a ningún grupo directamente, pero vinculó los hechos con dinámicas de control político. Señaló que las elecciones representaron momentos de especial vulnerabilidad. Las víctimas incluían funcionarios, aspirantes, activistas y operadores electorales.
El documento advirtió sobre el incremento de violencia contra mujeres políticas. Cinco de los casos registrados en abril de 2025 fueron contra mujeres. En el resto de los eventos, los ataques se dirigieron a hombres o instalaciones oficiales.
Tres atentados de abril de 2025 se perpetraron contra oficinas públicas sin dejar víctimas. La ONG subrayó que estos hechos generaron un clima de intimidación en el ámbito institucional. Propuso estrategias para blindar procesos electorales y proteger a actores políticos.
Organizaciones alertan por escalada
Data Cívica alertó que la normalización de esta violencia podría dañar el sistema democrático. Exigió mayor acción de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables. También pidió garantizar la seguridad de quienes ejercen funciones públicas.
El reporte recomendó que los partidos políticos asuman protocolos de protección. La colaboración entre instancias de seguridad y órganos electorales fue otro de los planteamientos. Indicaron que los mecanismos actuales resultaban insuficientes ante la amenaza latente.
El informe sugirió reforzar la fiscalización de campañas y la transparencia en el financiamiento electoral. Estas acciones, dijo la organización, contribuirían a reducir los incentivos para la violencia. También planteó capacitar a candidatos y funcionarios en manejo de riesgos.
Finalmente, propusieron crear un registro nacional de violencia político-criminal. Este sistema permitiría detectar patrones, evaluar intervenciones y generar políticas públicas. Según los autores, sólo con información confiable será posible detener esta espiral. –sn–

