El país vivió una elección inédita y baja participación ciudadana. Coparmex observó irregularidades preocupantes.

Por Deyanira Vázquez | Reportera

Este domingo se llevó a cabo la primera elección por voto directo de Jueces, Magistrados y Ministros, como parte de la reforma judicial promovida por el gobierno federal. La jornada electoral presentó fallas que, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comprometieron la legitimidad del proceso y abrieron la puerta al debilitamiento institucional.

Desde el anuncio de la reforma en febrero de 2024, y tras su aprobación en septiembre, Coparmex alertó sobre las deficiencias técnicas y operativas de la iniciativa. La organización afirmó que esta elección no respondió a una exigencia ciudadana sino a una imposición política, carente de diagnóstico técnico y consenso plural.

Observadores reportan anomalías

Durante la jornada, Coparmex participó como observador electoral y documentó más de mil informes sobre irregularidades. Las incidencias incluyeron retraso en la instalación de casillas, baja afluencia de votantes, violencia y compra de votos en algunos municipios.

También se reportó el uso de “acordeones” y otras formas para inducir el sufragio, lo cual, según la confederación, demostró la falta de garantías para un ejercicio libre y razonado. En diversas zonas se observó desorganización y ausencia de información para los ciudadanos.

La organización patronal enfatizó que el proceso no debe convertirse en modelo para futuras elecciones. Señaló que la reducción de casillas, los tiempos cortos de organización y las carencias logísticas afectaron gravemente la jornada.

Reforma sin legitimidad social

José Medina Mora, presidente de Coparmex, cuestionó que la reforma judicial haya sido promovida como una demanda popular. Afirmó que el desinterés y la escasa participación demostraron que no existía un respaldo genuino de la sociedad a esta medida.

La confederación consideró que el resultado representó un retroceso en términos de independencia judicial y profesionalismo. Señaló que los jueces electos carecen de evaluación técnica, lo cual debilitó su legitimidad y el desempeño del sistema.

En este sentido, advirtió que nombrar funcionarios sin criterios profesionales ni transparencia convirtió la justicia en un concurso de popularidad. A su juicio, eso impactó negativamente en el acceso a derechos y la percepción de legalidad en el país.

Impacto económico y jurídico

Coparmex también alertó sobre las consecuencias económicas derivadas de esta reforma. Señaló que varias empresas transnacionales optaron por trasladar sus controversias a tribunales internacionales ante la falta de confianza en el sistema judicial mexicano.

Particularmente, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) enfrentaron mayores riesgos, pues carecen de recursos para litigar fuera del país. La politización de la justicia, advirtió la organización, podría dejarlas en la indefensión.

La confederación reiteró que sin un Poder Judicial autónomo y profesional no es posible hablar de inversiones sostenibles ni de desarrollo económico. La justicia, dijo, debe garantizar imparcialidad y confianza jurídica.

Propuesta de reforma alternativa

Coparmex anunció que no se limitará a criticar el proceso electoral del 1 de junio. Adelantó que trabajará en una propuesta técnica de reforma judicial, con participación de expertos, organizaciones civiles y representantes del sector productivo.

El objetivo será construir un modelo que asegure profesionalismo, evaluación de perfiles y un sistema imparcial. También buscará incorporar buenas prácticas internacionales y mecanismos de rendición de cuentas para fortalecer el Estado de Derecho.

En los próximos días, la organización continuará sistematizando sus hallazgos sobre la elección, dará seguimiento al cómputo distrital y documentará cualquier otra irregularidad que surja en el proceso postelectoral.

Monitoreo permanente

La confederación indicó que evaluará periódicamente el funcionamiento del nuevo modelo judicial. Emitirá informes independientes y mantendrá vigilancia sobre la actuación de los jueces electos, para denunciar cualquier intento de control político.

Según sus declaraciones, la justicia no puede depender de procesos sin transparencia, sin evaluación objetiva ni sin respaldo ciudadano. Afirmó que seguirá defendiendo la autonomía del Poder Judicial como una condición indispensable para el desarrollo nacional.

La organización concluyó que defender el Estado de Derecho es defender el futuro del país. Reiteró que la legitimidad del sistema de justicia debe construirse sobre ética, preparación y neutralidad. –sn–