La Cámara de Diputados destinó millones al resguardo de un inmueble cerrado. La Antigua Garita no opera para el público.

Por Gabriela Díaz | Reportera

El edificio conocido como Antigua Garita de San Lázaro permanece cerrado, pese a una inversión millonaria. Aunque su restauración concluyó en 2023, hasta ahora no cumplió su propósito original. Su rehabilitación formó parte de un plan para abrir un nuevo corredor cultural legislativo.

En los hechos, el lugar sirvió solo como una oficina eventual para reuniones políticas. La Junta de Coordinación Política lo utilizó en algunos encuentros internos. La ciudadanía nunca tuvo acceso al recinto, a pesar del compromiso de apertura pública.

Según reportes oficiales, se canalizó un nuevo gasto durante este 2025. La Cámara firmó un contrato con el Servicio de Protección Federal (SPF) para vigilar el espacio. El monto ascendió a 2 millones 351 mil 330 pesos con vigencia para todo el año.

Uso limitado y sin acceso

Este gasto adicional apareció en el reporte financiero de enero a marzo de 2025. La adjudicación fue directa mediante el documento LXVI-DGAJ-101/2024. La vigilancia se realiza sin precisar el número de elementos asignados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) otorgó el servicio mediante su corporación policial. El contrato estableció la protección continua de las instalaciones. Sin embargo, el espacio no ofrece funciones culturales ni acceso al público.

Las irregularidades derivaron del incumplimiento de su objetivo. La Antigua Garita no alberga actividades legislativas abiertas ni muestra su acervo histórico. La rehabilitación concluyó con retrasos, obras inconclusas y nula operación real.

Funcionarios justificaron su uso como punto estratégico para encuentros de coordinación política. No obstante, las visitas ciudadanas o culturales no se llevaron a cabo. La ciudadanía desconoce el interior y su relevancia histórica.

Obra millonaria sin retorno

La rehabilitación costó más de 29 millones de pesos. Adicionalmente, se construyó un puente para conectar la sede legislativa. Este vínculo arquitectónico sufrió retrasos y duplicó su costo hasta alcanzar los 26 millones.

El proyecto incluyó una empresa constructora, pero otra concluyó las obras. Este cambio afectó los tiempos de entrega y generó inconsistencias en su ejecución. La inauguración se realizó en agosto de 2023, aún con trabajos inconclusos.

La apertura al público duró unas horas durante ese evento. No volvió a permitirse el acceso desde entonces. Las razones obedecen a desacuerdos entre fracciones parlamentarias. No se logró consensuar su operación cultural.

Durante la legislatura 2021-2024 se impulsó la restauración del inmueble. El objetivo consistía en vincular a la población con la historia parlamentaria. Sin embargo, al cierre de 2024 no hubo acciones efectivas para su apertura.

Sin retorno social ni legislativo

A pesar de la inversión, la Antigua Garita no rindió beneficios visibles. No generó espacios culturales ni encuentros ciudadanos. El acceso fue suspendido por tiempo indefinido sin una fecha estimada de funcionamiento.

El espacio se incorporó como parte de una extensión institucional. El plan preveía crear un circuito de interacción entre ciudadanía y legisladores. En la práctica, se convirtió en una sala privada para reuniones políticas.

El contrato con el SPF representó una erogación recurrente. No se justificó con funciones activas ni resultados tangibles. La vigilancia responde a un bien inmueble cerrado, sin actividad operativa o pública.

Las críticas internas refieren a la falta de planeación legislativa. No se previó una ruta de funcionamiento para después de la entrega de obras. El recinto quedó inactivo y sin atribuciones visibles de utilidad social.

Opacidad en costos y funciones

La Cámara de Diputados no emitió información clara sobre su uso. No ofreció un calendario de apertura ni propuso actividades ciudadanas. Los reportes trimestrales solo indican el gasto en vigilancia, sin mayor explicación.

Los contratos relacionados no detallan el número de elementos de seguridad. Tampoco especifican funciones complementarias dentro del inmueble. Los datos disponibles solo confirman su resguardo permanente.

No se conoce si el recinto será ocupado por comisiones legislativas. Tampoco se ha anunciado un nuevo intento de reapertura. La falta de transparencia persiste respecto a los planes futuros del inmueble.

La situación evidencia un uso deficiente del presupuesto público. El gasto en rehabilitación y vigilancia no se corresponde con los resultados obtenidos. Las instalaciones no operan como espacio de representación ni servicio legislativo. –sn–