Norberto Rivera gana amparo y recibe reembolso fiscal. Tribunal obliga a Tesorería capitalina a devolver pago excesivo

Por Martín García | Reportero

La juez Elizabeth Trejo Galán, del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa, notificó este martes que la administración del gobierno capitalino, que dirige Clara Brugada, ya cumplió con un sentencia. El reembolso corresponde a pagos realizados por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) por la compra de dos departamentos.

La demanda fue presentada por el prelado en mayo de 2024. En ella, cuestionó la proporcionalidad de los montos cobrados por la adquisición de ambos inmuebles, localizados en la zona sur de la capital. Cada propiedad tuvo un valor superior a los 10 millones de pesos.

En específico, uno de los departamentos costó 11 millones 289 mil 831 pesos, y el otro 12 millones 8 mil 85 pesos. Por estos, Norberto Rivera pagó 651 mil 101 y 700 mil 150 pesos de ISAI, respectivamente.

Pago de derechos también impugnado

Además, el ministro de culto cubrió 23 mil 61 pesos por cada trámite de inscripción ante el RPPC. La autoridad judicial determinó que ese cobro fue excesivo en comparación con la cuota general de 2 mil 302 pesos establecida para operaciones similares.

La sentencia declaró desproporcionales los cobros realizados por la Tesorería capitalina. Por tal motivo, ordenó al órgano fiscal devolver un total de 1 millón 437 mil 73.78 pesos al solicitante, monto que fue transferido en cumplimiento al fallo a una cuenta bancaria del ex representante de la iglesia católica en México.

La sentencia fue dictada originalmente el 23 de mayo de 2024. Sin embargo, el gobierno local impugnó la resolución. La apelación fue resuelta en diciembre del mismo año, lo que obligó a las autoridades a dar cumplimiento al amparo.

Adquisición ocurrió en marzo de 2024

Los departamentos fueron adquiridos por Norberto Rivera en marzo de 2024, dentro del complejo inmobiliario Torre Mitikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez. La operación se inscribió en el RPPC tras cumplir con el pago de impuestos.

El trámite fue realizado conforme a los lineamientos vigentes. No obstante, la defensa del excardenal alegó que los cobros aplicados resultaron excesivos respecto a lo establecido por la ley. El tribunal federal le dio la razón en ese punto.

La resolución judicial no cuestionó la legalidad de la compraventa ni de los inmuebles adquiridos. Únicamente se pronunció sobre la proporcionalidad del ISAI y los derechos de inscripción en el Registro Público.

Reembolso se efectuó en 2025

Con la declaratoria emitida esta semana por la juez federal, el caso quedó formalmente cerrado. La Tesorería capitalina acató el fallo y realizó la devolución económica correspondiente. Norberto Rivera manifestó su conformidad con la resolución.

El expediente fue gestionado bajo las reglas del juicio de amparo directo. El caso sentó precedente en cuanto a los criterios sobre proporcionalidad en el cobro de impuestos en la Ciudad de México, particularmente en operaciones inmobiliarias.

El gobierno federal no intervino en la resolución del caso. Tampoco existe hasta ahora un pronunciamiento por parte del Congreso capitalino o de la Secretaría de Finanzas local sobre el impacto de esta resolución en la recaudación pública.

Autoridades no emitieron posicionamiento

Hasta la tarde de este martes, el gobierno de la Ciudad de México no había ofrecido postura pública respecto al cumplimiento del fallo. La devolución del monto al excardenal se efectuó sin mayor difusión oficial por parte de las autoridades.

El caso se originó como un asunto administrativo sobre los alcances del ISAI. El tribunal resolvió que las cuotas variables, al aplicarse sobre propiedades de alto valor, generan un impacto desproporcionado para los adquirentes.

Según la sentencia, esto contraviene el principio constitucional de equidad tributaria. En consecuencia, se justificó la devolución del monto excedente y la reconfiguración del criterio utilizado para establecer la cuota correspondiente. –sn–