La asignación de 13 MMDP fue un despropósito: Israel Betanzos. Se rompe el equilibrio de poderes. Vivienda para policías, propone la diputada Rebeca Peralta.

Por Luis Muñoz  

La elección del poder Judicial del 1 de junio es un tema del que se seguirá hablando, sobre todo cuando se conozca el sentido que le den a sus resoluciones.

Ese domingo, considerado un día aciago, se eligieron jueces, magistrados y ministros, provocando más confusiones y dudas que certezas.

Para el dirigente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos, la elección del poder judicial fue un ejercicio fallido, pues el proceso exhibió grandes irregularidades. 

Organismos de la sociedad civil como México Evalúa, CIDE y Artículo 19 documentaron la falta de condiciones para una elección libre e informada. La Organización de Estados Americanos (OEA) y observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron carencia de neutralidad en el proceso de selección previa de candidatos.

Además, Betanzos consideró que la asignación de más de 13,000 millones de pesos a la elección judicial fue un despropósito que ha generado críticas sobre las prioridades del gasto público.

Comentó que ante desafíos significativos en salud pública, seguridad y educación, esos recursos podrían haberse invertido en áreas con impacto más directo en necesidades reales de la población mexicana.

“Un ejemplo es el Instituto Nacional de Cancerología, cuyo presupuesto anual es de aproximadamente 1,500 millones de pesos, lo que representa apenas 11% del costo de la elección judicial”.

Señaló que la campaña de difusión en este proceso fue insuficiente y tardía; muchos ciudadanos no conocían a los candidatos, como tampoco sus trayectorias; a ello se agregó un diseño de boleta que contenía listas largas de nombres sin perfiles, provocando que una gran cantidad de votos fueran nulos o en blanco.

Betanzos sostuvo que es difícil que la elección mejore el sistema de justicia para México. En su opinión es necesario fortalecer la defensoría pública y la carrera judicial para garantizar integridad, capacidad, independencia y honestidad en el sistema de justicia.

¿Hugo Aguilar Ortiz es amigo del ex presidente Andrés Manuel López? 

De acuerdo con la revista Proceso, Aguilar Ortiz fue operador de AMLO para megaproyectos como el Tren Maya.

Esto lo convierte, de facto, de dirigente campesino a presidente de la Suprema Corte de la Nación.

Esto ¿qué significa?

Qué López Obrador, aún desde las sobras, ¿influyó para que Aguilar sea el sucesor de Norma Piña, dejando a un lado a Lenia Batres?

No es seguro que así haya sido, pero es probable. En política todo es posible.

Proceso señaló que Aguilar enfrentará el rechazo de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso. 

“No nos representa”, denuncian en entrevista.

El procedimiento de la elección judicial no concluyó hace 4 días. Aún falta que se terminen de contabilizar los votos, la entrega de constancias de mayoría y el comienzo de funciones de la nueva conformación de la SCJN.

Se rompe el equilibrio de poderes…

Hay voces que expresar que con el poder Judicial afín a la 4T se rompe el equilibrio de poderes. Dicho de otro modo: con la elección judicial México entró a un régimen político donde no existe el equilibrio de poderes, afirmó la analista política Alejandra Cullen en entrevista con “A las nueve con Uno”. 

Ella explicó que la elección en nada mejorará el sistema de justicia y que cuando haya pleitos contra el Estado nadie podrá ganarle porque la mayoría de los jueces tienen cercanía o le deben el puesto a Morena, y los que no estén en ese caso corren el riesgo de ser sancionados por el tribunal de disciplina. 

“Es un régimen autoritario”, dijo.

Sin embargo, hay quienes aseguran, como Eduardo Huchim, periodista y ex consejero electoral, que era  necesario renovar el poder Judicial dada su mala reputación y su pésima evaluación. Además, rechaza que llegue gente sin preparación académica ni gente afín a la 4T.

El tiempo dirá a quien le asiste la razón.

VIVIENDA A POLICIAS DE LA CDMX

El Congreso capitalino aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada local, Rebeca Peralta León, en el cual se exhorta a los titulares de las Secretarías de Vivienda y de Seguridad Ciudadana de la Cdmx, así como a los de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva (Caprepol) y la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar (Caprepa), para que celebren un convenio de colaboración que permita otorgar, a través del  Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), créditos de vivienda a todos los policías de ciudad.

Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Palacio Legislativo de Donceles, vía virtual, los representantes populares dieron luz verde a la propuesta de la diputada del PVEM, en la cual se solicita a los Secretarios de Vivienda y de Seguridad Ciudadana de la Cdmx, Inti Muñoz Santini y Pablo Vázquez Camacho, respectivamente, a que colaboren para que los elementos policiacos puedan adquirir una vivienda adecuada, ofertada en los Programas y/o proyectos de Vivienda de la capital del país.

La propuesta representa no sólo un acto de justicia social, sino también una herramienta eficaz para fortalecer la institucionalidad, la motivación y la permanencia del personal policial y, sin duda, representará una muestra concreta de reconocimiento institucional al trabajo de los elementos de la policía, y el fortalecimiento de la seguridad pública desde un enfoque humano, social y justo”, expresó la legisladora por el Distrito 24 de la alcaldía Iztapalapa.

“Hoy, añadió Peralta León, en este Congreso debemos tener claro que el derecho a la vivienda no puede seguir siendo una promesa lejana para quienes son responsables de salvaguardar los derechos y la integridad de todas las personas que habitan y transitan por la ciudad”. 

La legisladora afirmó que los oficiales de policía de la ciudad de México son mujeres y hombres que trabajan jornadas extenuantes, enfrentan condiciones adversas, y muchas veces lo hacen sin contar con las garantías mínimas para su bienestar y el de sus familias”.

Rebeca Peralta considera que se debe fortalecer la política de promoción y construcción de viviendas incentivada por el Gobierno de la ciudad de México, de una forma asequible y que beneficie incluso el desempeño de sus actividades y responsabilidades asignadas como servidores públicos.

Comentó que, si bien las normas que rigen las actividades de las cajas de previsión ∫ı Y Caprepa incluyen fondos y créditos para vivienda como prestaciones laborales, los créditos hipotecarios otorgados resultan insuficientes para el número de elementos adscritos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024, la Cdmx cuenta con un total de 92, 663 elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública.

*Periodista: lm0007tri@yahoo.com.mx

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