SN Redacción
Que personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sean absueltas, como sucedió con José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, es «producto de la muy deficiente labor de investigación» de la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Karam, quien actualmente está en prisión domiciliaria, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). En entrevista, Santiago Aguirre, director de esta organización que representa a las familias de los estudiantes, resaltó que, pese a la ratificación de absolución de un Tribunal Colegiado el 22 de mayo, a raíz de un amparo directo interpuesto por el Centro Prodh, el exalcalde tiene abiertas varias causas penales.
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) iniciará funciones el 1 de septiembre de 2025 como parte de la reestructura del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este nuevo órgano sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la tarea de investigar y sancionar a los juzgadores federales por faltas graves o negligencia. El TDJ estará compuesto por cinco magistrados, tres mujeres y dos hombres, y sus resoluciones serán definitivas, sin posibilidad de apelación.
La magistrada Celia Maya García presidirá el Tribunal durante su primer periodo (2025-2027). Nacida en Querétaro, es doctora en Derecho y cuenta con tres maestrías. La segunda integrante es Eva Verónica de Gyvés Zárate, originaria de Oaxaca. Tiene formación en Derecho Penal y fue consejera del CJF entre 2019 y 2024. También fue propuesta por el entonces presidente López Obrador. El cuarto magistrado será Bernardo Bátiz Vázquez, con una amplia trayectoria legal y política. Se desempeñó como procurador de justicia en la Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador como jefe de gobierno, y también fue consejero del CJF entre 2019 y 2024.
Tras enfrentamientos entre autoridades de inmigración y manifestantes que protestan contra las redadas de indocumentados, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue en Los Ángeles de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, se opuso a la medida de Trump y dijo que la acción del republicano era «deliberadamente incendiaria y sólo escalará las tensiones».
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que, en términos generales, no recomienda replicar una elección judicial como la del pasado 1 de junio en México. Dijo que el organismo regional contravino principios de no injerencismo sobre los Estados integrantes. La SRE, a través de la Misión Permanente de México ante OEA, expresó mediante una nota diplomática, dirigida al secretario general de la organización, Albert Ramdin, su «firme rechazo» a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores.
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, enfrenta un nuevo capítulo en su proceso legal en México, luego de que una jueza federal aceptara revisar una demanda de amparo promovida por su defensa. El recurso impugna la segunda orden de formal prisión dictada en su contra en mayo pasado, relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, admitió el recurso legal que busca revertir dicha resolución judicial.
Yarrington permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Según la encuesta de victimización y percepción de la seguridad, que elabora cada año el Instituto Nacional de Estadística, la extorsión es el tercer delito que más sufre la población. En 2023, último año de estudio, 5,213 mexicanos de cada 100,000 dijeron haber sido víctimas de extorsionadores. Es decir, casi siete millones de ciudadanos al año: más de 18,000 cada día, 780 por hora, 13 cada minuto.
Parte del problema es la cantidad de casos que se denuncian: prácticamente ninguno. Según la encuesta mencionada, el 96.7% de las víctimas de extorsión no denuncia los hechos, seguramente por temor a las consecuencias. No es una cifra excepcional en el panorama mexicano. Según los cálculos de diferentes organizaciones dedicadas a monitorear el sistema de justicia, los niveles de impunidad en el país superan el 90%. Nueve de cada 10 delitos nunca se resuelven.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de bloquear la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en 2021 contra fabricantes de armas ha generado indignación entre defensores de derechos humanos, víctimas, políticos y académicos de ambos países. El Máximo Tribunal desestimó el litigio argumentando que México no probó una relación directa entre la fabricación de armas y su tráfico ilegal, fenómeno que, según autoridades mexicanas, alimenta la violencia de los cárteles.
El retiro de los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Zócalo de la Ciudad de México «no es el final» de la lucha por la abrogación de la Ley del Issste de 2007. Es «sólo un receso para reorganizarnos. Volveremos y seremos muchos más». Los maestros llamaron al gobierno federal a «no equivocarse» y pensar que la protesta finalizó.
Aunque de forma casi imperceptible para el ciudadano común, la inteligencia artificial (IA) ya está reformando las entrañas del mundo empresarial en Latinoamérica. De acuerdo con un estudio de la consultora NTT Data, uno de cada cuatro negocios en la región —incluyendo a México— ha integrado esta tecnología como parte de su operación cotidiana, no por moda, sino por estrategia.
El senador colombiano y precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue herido de bala ayer durante un acto proselitista en esta capital, en un ataque que recibió el repudio general de la clase política del país sudamericano. El partido político —al que pertenece el exmandatario Álvaro Uribe— informó en un comunicado que sujetos armados dispararon por la espalda al legislador de 39 años cuando participaba de un acto en el barrio de Fontibón, al oeste de Bogotá.
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