Acusa persecución institucional que afectó a tres generaciones.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Alejandra Cuevas Morán presentó una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a quien señaló de haber emprendido una persecución judicial contra su familia durante casi una década. La denuncia se formalizó este miércoles, después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó su liberación en 2022.
En sus redes sociales, Cuevas Morán afirmó que su encarcelamiento fue producto de una venganza institucional. “Fui encarcelada por cuidar. Mi madre, por amar. Mis hijos, por resistir”, publicó al dar a conocer el inicio del proceso ante la CIDH. Agregó que el fiscal usó el poder del Estado para perseguir a su familia y quebrarla durante tres generaciones.
La disputa se originó en septiembre de 2015, tras la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, quien tenía 82 años. Estuvo hospitalizado durante un mes en una clínica privada, pero la familia de su pareja, Laura Morán Servín, no tuvo acceso a él en ese periodo. Gertz culpó a Morán y a Cuevas por el fallecimiento.
Aunque la Fiscalía capitalina cerró la investigación en 2016, el caso se reactivó cuando Gertz Manero asumió como fiscal general en 2019, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, el proceso judicial escaló hasta llegar a la SCJN.
Detención sin sustento legal
En octubre de 2020, Alejandra Cuevas fue detenida en Paseo de la Reforma mientras viajaba con su hijo Gonzalo Castillo Cuevas. Fue acusada de homicidio por omisión bajo la figura de “garante accesoria”, que más tarde la SCJN declaró inexistente en el marco jurídico mexicano. Fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.
Durante 528 días permaneció privada de su libertad, sin juicio ni pruebas suficientes. “No fui encarcelada por un delito, sino por representar una amenaza para quien detenta el poder”, declaró en un video difundido tras su denuncia internacional. Su liberación ocurrió en marzo de 2022 por orden unánime de la SCJN.
El máximo tribunal del país dictaminó que la figura legal empleada para imputarla carecía de fundamento y que no existía disposición normativa para responsabilizarla como garante. También concluyó que Laura Morán, entonces de 94 años, no debía enfrentar cargos penales.
Antes de que la Corte resolviera su libertad, la defensa de Cuevas había obtenido un amparo que fue impugnado por la FGR. Ante la posibilidad de influencias indebidas, el caso fue atraído por el entonces presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar.
Filtraciones y presiones políticas
Durante el proceso se filtró una llamada entre Gertz Manero y su fiscal especializado en Control Competencial. En la conversación, ambos reconocían haber accedido de manera ilegal a los proyectos de resolución de los amparos 540/2021 y 541/2021. El fiscal incluso mencionó que había influido en “tres o cuatro ministros”.
El nuevo proyecto de resolución fue asignado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propuso conceder el amparo liso y llano. En su análisis jurídico, determinó que no existía delito que imputar. La Corte coincidió con esa postura y ordenó la liberación inmediata de Alejandra Cuevas. –sn–
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