Sedena y FGR deberán explicar protocolos de actuación en contra de civiles.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una Recomendación por violaciones graves. Cinco personas denunciaron tortura y abuso sexual entre 2010 y 2013.

La Recomendación 183VG/2025 fue dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por tortura física y psicológica. También se señaló a personal de la Fiscalía General de la República por actos de violencia sexual. Los hechos ocurrieron en Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Michoacán y San Luis Potosí. Las víctimas presentaron sus quejas entre 2010 y 2013 ante instancias oficiales.

Expedientes acumulados

De manera individual, cinco personas y una defensora pública federal presentaron denuncias ante la CNDH. Las quejas quedaron documentadas en cinco expedientes distintos por hechos similares de tortura. La CNDH decidió agrupar los casos bajo una sola Recomendación por economía procesal. Se invocaron principios de concentración y simplificación administrativa en el acuerdo.

Las investigaciones incluyeron entrevistas, exámenes médicos, análisis periciales y documentos oficiales. En los cinco casos se identificó un patrón común de abuso sistemático por parte de personal armado. Las detenciones ocurrieron sin órdenes judiciales y en contextos ajenos al estado de derecho.

Participación de militares

Del análisis de los expedientes, se acreditó la responsabilidad de elementos de diversas Zonas Militares. La CNDH señaló que se documentaron prácticas ilegales sistemáticas por parte de personal castrense. En uno de los casos, ocurrido en Tamaulipas, también participó personal de la entonces PGR. El organismo calificó los hechos como violaciones graves a derechos humanos.

Las víctimas relataron golpes, asfixias, amenazas de muerte y simulacros de ejecución. En uno de los casos, una mujer fue agredida sexualmente por personal uniformado. Todas las acciones ocurrieron en instalaciones militares o sitios clandestinos de retención. Los agresores actuaron en funciones oficiales y bajo mando institucional.

FGR también implicada

Los elementos de la actual FGR colaboraron en al menos uno de los actos de tortura. En ese hecho, se reportó además una agresión sexual hacia una de las víctimas. Los informes incluyeron testimonios, dictámenes médicos y peritajes psicológicos. Los hechos resultaron atribuibles a personal de seguridad en funciones.

La CNDH confirmó que los abusos no fueron hechos aislados, sino parte de una lógica institucional. Se acreditó que los mandos tenían conocimiento o toleraban esas conductas. Las víctimas también fueron incomunicadas durante lapsos prolongados, sin contacto con familiares ni abogados. La violencia física y psicológica fue intencional y sistemática.

CNDH exige profesionalización

La Recomendación exige a la Sedena y la FGR presentar su programa de profesionalización interna. Deben mostrar cómo capacitan a su personal para erradicar prácticas de tortura. También deberán prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el documento. El programa deberá centrarse en derechos humanos, integridad y legalidad institucional.

Ambas instituciones están obligadas a entregar documentación de sus métodos de capacitación. También deberán demostrar que se imparten contenidos sobre prevención de abusos y uso legítimo de la fuerza. La CNDH evaluará el contenido y efectividad de los cursos que ofrecen actualmente. En caso de no cumplir, la Recomendación será considerada desatendida.

Rutas de reparación

Además de las medidas preventivas, se solicitó reparar el daño a las cinco personas afectadas. La CNDH pidió garantizar el acceso efectivo a la justicia y la verdad. También exigió brindar atención médica, psicológica y acompañamiento legal a las víctimas. Los casos aún permanecen en investigación por parte de las autoridades competentes.

Se solicitó a la Sedena y a la FGR colaborar con las investigaciones penales vigentes. Deberán facilitar la identificación y sanción de los responsables. Las víctimas también tienen derecho a medidas de no repetición que incluyan reformas internas. El organismo autónomo enfatizó que el silencio institucional perpetúa la impunidad.

Violaciones acreditadas

En los cinco casos, se documentó la existencia de detenciones arbitrarias y tortura. Uno de los testimonios refiere violencia sexual ocurrida durante un interrogatorio ilegal. Los abusos fueron cometidos por elementos que portaban uniforme oficial, según consta. Se comprobaron daños físicos, psicológicos y secuelas permanentes en las personas agredidas.

La documentación integra certificados médicos, informes psicológicos y pruebas forenses. Se recabaron pruebas suficientes para establecer el carácter sistemático de las agresiones. Los hechos ocurrieron en instalaciones militares o bajo custodia directa de personal armado. La CNDH concluyó que existió una violación directa al derecho a la integridad personal.

Historial de impunidad

Entre 2010 y 2013 se registraron múltiples denuncias contra cuerpos de seguridad federales. En esos años, las fuerzas armadas intervinieron con facultades ampliadas en seguridad pública. Muchos casos quedaron sin sanción penal ni administrativa para los responsables. La CNDH ha documentado un patrón de impunidad en hechos similares.

El informe agrega que persisten obstáculos legales y operativos para investigar al personal militar. Los tribunales castrenses y la falta de cooperación entre instituciones afectan la rendición de cuentas. Las víctimas también enfrentan represalias, estigmatización o desplazamiento. La justicia no ha sido expedita ni efectiva, concluyó el organismo.

CNDH concluye investigación

El organismo autónomo finalizó su análisis con la emisión de 183VG/2025 el 9 de junio de 2025. La recomendación fue notificada oficialmente a la Sedena y a la FGR ese mismo día. Ambas instituciones deberán responder formalmente sobre su aceptación y cumplimiento. La CNDH dio un plazo para entregar evidencia del cumplimiento de las medidas sugeridas.

La recomendación quedó publicada en el sitio oficial de la CNDH y será objeto de seguimiento. En caso de incumplimiento, se podrá notificar a instancias internacionales. Las víctimas también pueden recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión recordó que la tortura está prohibida por tratados internacionales firmados por México. –sn–

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