Investigan muerte de juez y ataque armado.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Autoridades de los estados de Oaxaca y México informaron sobre la muerte del juez Everardo Maya Rodríguez y el asesinato de la alcaldesa Lilia García Soto, en hechos distintos ocurridos el fin de semana, respectivamente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizó el cuerpo sin vida del juez Maya Rodríguez dentro de una camioneta, en el municipio de Zinacantepec. Las indagatorias preliminares apuntaron a un posible suicidio.

El juez adquirió notoriedad tras ser mencionado en una conferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por haber concedido un amparo al exalcalde José Luis Abarca, relacionado con el caso Ayotzinapa.

Casos de alto perfil judicial

Además de ese amparo, el juez Maya Rodríguez ordenó en 2023 la suspensión de la aprehensión de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. El acusado fue detenido a inicios de ese año y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

En ese contexto, la fiscalía estatal confirmó que Maya Rodríguez falleció en su vehículo particular. Las autoridades continúan el peritaje forense y el análisis del entorno del jurista.

Mientras tanto, en el estado de Oaxaca, la alcaldesa de San Mateo Piñas, Lilia García Soto, perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado cuando sostenía una reunión pública.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del palacio municipal, donde sujetos armados ingresaron para ejecutar el atentado, según informó la fiscalía estatal en un comunicado.

Violencia contra autoridades locales

La fiscalía añadió que en el mismo ataque también murió un ciudadano de la comunidad. Los agresores se desplazaban en motocicletas y abrieron fuego en plena vía pública.

El fiscal Bernardo Rodríguez confirmó que las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos responsables. Cinco líneas de investigación fueron abiertas.

Entre los móviles analizados se encuentran denuncias de corrupción que involucran a la administración anterior, así como reclamos por la explotación ilegal de madera en la región.

Los hechos ocurrieron a solo dos semanas del homicidio de Salvador Bastidas, alcalde de Tacámbaro, en el estado de Michoacán, y a un mes del asesinato del regidor Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec.

Alerta por asesinatos recientes

El asesinato de García Soto se sumó a una serie de agresiones recientes contra funcionarios municipales. Las fiscalías de Oaxaca y Michoacán se han coordinado con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad.

En ambos casos, se intensificó el despliegue de elementos estatales y federales para preservar el orden público. También se priorizó la atención a los familiares de las víctimas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca implementó operativos en la región Costa y Sierra Sur, con apoyo de corporaciones federales.

El Congreso de Oaxaca expresó su condena por los hechos y solicitó al gobierno estatal esclarecer el crimen con urgencia.

Entorno de inseguridad política

Organizaciones de derechos humanos y asociaciones civiles documentaron un incremento en las agresiones contra ediles y regidores desde 2023.

En un informe reciente, el Observatorio Nacional Ciudadano contabilizó más de 30 agresiones letales contra autoridades municipales en el país durante el último año.

El caso de San Mateo Piñas evidenció la situación de vulnerabilidad que enfrentan funcionarios locales en comunidades con conflictos por recursos naturales.

El gobierno federal reiteró su compromiso con la seguridad de los servidores públicos municipales, mediante la coordinación con los estados y fiscalías locales. –sn–

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