El Comité expresó preocupación por violencia contra mujeres y retrocesos institucionales

Por Martín García | Reportero

El Estado mexicano fue evaluado los días 17 y 18 de junio ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en Ginebra, Suiza, durante la décima comparecencia de este tipo.

Durante la sesión, el Comité manifestó su profunda preocupación por la ausencia de pruebas verificables que respalden avances sustantivos en la justicia, participación política y económica, y eliminación de la discriminación estructural contra mujeres.

El Comité lamentó que la delegación oficial incurriera en evasivas, expusiera datos parciales y recurriera a discursos triunfalistas sin evidencia concreta.

Las organizaciones Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red TDT señalaron que las violencias de género en México se agravaron en los últimos años.

Feminicidio y datos incompletos

Según cifras oficiales, cada día fueron asesinadas 10 mujeres en el país durante el último sexenio, sin reducción efectiva en los índices de feminicidio.

Apenas el 25 por ciento de estos crímenes se investigaron bajo el protocolo correspondiente, mientras que en entidades como Guerrero y Guanajuato, el porcentaje fue inferior al 10 por ciento.

El Comité reiteró que negar la violencia feminicida contribuye a invisibilizarla y revictimizar a las víctimas y sus familias.

También subrayó que el Estado carece de datos estadísticos confiables para medir el impacto real de las políticas públicas dirigidas a las mujeres.

Retrocesos en derechos y mecanismos

El informe de la CEDAW alertó sobre el debilitamiento de organismos clave como el CONAPRED, la CNDH y la desaparición del INAI, lo cual obstaculizó el monitoreo y defensa de los derechos humanos.

La militarización afectó especialmente a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes, que enfrentaron mayor vulnerabilidad bajo este esquema.

Uno de los retrocesos más significativos señalados fue el desmantelamiento operativo de la CONAVIM, que amenazó la continuidad de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Esto implicó una posible violación al principio de progresividad en materia de derechos humanos, consagrado en tratados internacionales. –sn–