Docentes denuncian cobros en Veracruz.

Por Roberto Córdova | Corresponsal                                     

Maestros de Veracruz denunciaron prácticas irregulares del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 32, relacionadas con los procesos de cambio de adscripción. Aunque el procedimiento lo regula la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros (USICAMM), se reportó la exigencia de pagos indebidos por parte de líderes sindicales.

El Acuerdo que contiene las disposiciones para el ciclo 2025-2026 establece que los sindicatos no tienen facultades para autorizar cambios de centro de trabajo. El Artículo 32, fracción X, señala que cualquier modificación fuera de los lineamientos será nula. Docentes de la región de Xalapa denunciaron que les pidieron sumas económicas para facilitar estos movimientos laborales.

SNTE no tiene facultad decisoria

El documento normativo es claro: “Los procesos para la autorización de cambios serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales” (Artículo 13). También precisa que los sindicatos solo podrán participar como observadores, sin influencia en las decisiones. El Artículo 7 agrega que los cambios no autorizados no podrán ser regularizados.

Además, establece que las asignaciones deben salvaguardar el derecho a la educación, sin afectar la continuidad del servicio. Cualquier solicitud de dinero o favores constituye una infracción grave. Ante ello, los denunciantes solicitaron a autoridades estatales y federales investigar las quejas y reforzar los mecanismos de vigilancia.

Normativa SEP-USICAMM 2025-2026

La SEP y la USICAMM anunciaron un nuevo marco normativo para el ciclo 2025-2026. Solo podrán participar maestros con nombramiento definitivo, dos años de servicio continuo y sin notas desfavorables. El proceso contempla publicación de convocatorias, verificación documental, listado de resultados y evento público de asignación.

El orden de asignación se basará en antigüedad, tiempo en el centro, grado académico y promedio. Los maestros podrán apelar si consideran que su solicitud fue mal evaluada. Todo el proceso se realizará a través de plataformas digitales, permitiendo consultar estatus, recibir notificaciones o desistirse en cualquier etapa.

Se sancionarán prácticas ilegales

El acuerdo prohíbe expresamente gestiones informales o pagos por cambio de adscripción. Toda acción fuera del procedimiento autorizado será sancionada administrativa o penalmente. Se reitera que el sindicato no tiene autoridad para decidir asignaciones, su papel se limita a acompañamiento y protección de derechos.

Las autoridades educativas de cada estado deberán informar periódicamente a la USICAMM sobre el desarrollo del proceso. También actualizarán los sistemas de nómina y asignación de plazas tras los cambios. La intención es profesionalizar y despolitizar los movimientos laborales en el magisterio.

SEP supervisará equidad en procesos

La SEP busca garantizar procesos justos para todos los maestros del país. El uso de plataformas digitales y criterios objetivos forma parte de una estrategia nacional para prevenir prácticas discrecionales. La dependencia también prepara campañas de información para docentes interesados en participar en estos procedimientos.

De acuerdo con fuentes oficiales, en ciclos anteriores se detectaron irregularidades en al menos cinco entidades, incluidas Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Las quejas sobre presunta corrupción sindical han sido reiteradas en regiones rurales y suburbanas.

Transparencia y legalidad, prioridades federales

La Secretaría de Educación Pública reafirmó que no tolerará violaciones al proceso de cambio de adscripción. Todas las denuncias documentadas serán atendidas por instancias competentes, incluidas contralorías y fiscalías administrativas. La autoridad educativa federal promueve una cultura de denuncia y rendición de cuentas.

El acuerdo vigente responde a recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que observó inconsistencias en adscripciones sin autorización entre 2019 y 2023. Por ello, la SEP enfatiza el uso obligatorio de plataformas oficiales y lineamientos claros para todos los participantes. –sn–

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