SN Redacción
El gobierno de Estados Unidos entregó en deportación controlada a las autoridades mexicanas a Edgar Damián Sandoval Albarrán, La Rana o El Wereke, considerado uno de los testigos clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que ya fue puesto a disposición de un juez federal con sede en Toluca, para que rinda su declaración preparatoria y se le dicte auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
En julio de 2024, la juez Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, con sede en Toluca, emitió orden de aprehensión contra Sandoval Albarrán, por los mismos delitos.
Luego de que el Instituto para las Mujeres en la Migración denunció que una venezolana fue detenida junto a su hijo menor por agentes del INM en el AIFA, y de que promovió un amparo indirecto a su favor, dicho órgano informó que emitirá a la mujer y al infante “de manera inmediata” tarjetas de visitante por razones humanitarias.
El Consejo General del INE dejó 46 vacantes para cargos de magistraturas de Circuito y juzgadores de Distrito por no cumplir con el promedio mínimo requerido en la Constitución, así como por la declaración 8de8 contra la violencia de género. De estos cargos, 45 de las candidaturas electas no cuentan con la calificación mínima de 8 en licenciatura o de 9 en especialidad.
Uno más no cumple con la declaración 8de8, ya que está en prisión preventiva, acusado de abuso sexual. El destino de estos cargos es incierto, pues corresponderá a otras autoridades, como el Senado o el TEPJF, decidir qué pasará con los lugares vacíos.
Expertos en temas electorales consideraron inviable la realización de elecciones extraordinarias para definir los 46 espacios anulados por el INE. En la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y avalada por Morena, la Constitución no prevé un mecanismo para resolver casos donde los candidatos ganadores incumplen requisitos. “No hay una respuesta”, afirmó el abogado constitucionalista Francisco Burgoa.
Los contratos millonarios que firmaron el Tren Maya y las empresas españolas Acciona Construcción, AZVI e Ineco, señaladas en el “Caso Koldo”, no estuvieron exentos de denuncias en México, sin consecuencias legales. Acciona y Grupo México iniciaron las obras sin estudio de impacto ambiental; varias veces fueron detenidas por amparos y cambios de ruta del tren.
Entre enero y mayo de este año, bancos, casas de bolsa y otras instituciones financieras reportaron millones de transferencias internacionales de fondos iguales o superiores a mil dólares. La cifra representa un alza de 539 mil operaciones respecto al mismo periodo de 2024, según datos de Hacienda.
Los reportes de operaciones internas preocupantes, que se emiten cuando hay sospechas sobre empleados o directivos, sumaron 483 entre enero y mayo, frente a los 390 de 2024. La UIF procesa esta información para su análisis, además de atender juicios de amparo y audiencias dentro del marco jurídico.
«Laureano», el laurel de la India de la alcaldía Benito Juárez en riesgo por un desarrollo inmobiliario, y otros once árboles, fueron incluidos por el gobierno capitalino en la lista de ejemplares patrimoniales, lo que implica crear planes de manejo específicos. El árbol, ubicado en Miguel Laurent, en la colonia Tlacoquemécatl Del Valle, cobró relevancia por el temor vecinal ante posibles daños de una obra. Vecinos promovieron un amparo para garantizar su protección.
El notario Miguel Ángel Beltrán Lara señaló que cualquier persona afectada por el incumplimiento en materia de patrimonio cultural puede acudir a vías legales, incluyendo amparos, para exigir a las autoridades la protección de bienes como las colecciones del Museo Dolores Olmedo.
Trabajadores del Poder Judicial de la ciudad de México rechazaron el llamado de autoridades capitalinas para levantar el paro el próximo 30 de junio. Esto en respuesta a declaraciones del magistrado presidente del TSJ-Cdmx, Rafael Guerra Álvarez, y del gobierno capitalino emitidas el jueves 26 de junio.
La Suprema Corte de Justicia admitió la primera impugnación contra la elección de magistrados del TEPJF. La presidente Norma Piña aceptó el juicio promovido por Iván Bravo Olivas, y lo turnó al ministro Jorge Pardo, quien deberá presentar un proyecto de sentencia al Pleno. Es la primera vez que la Corte procesa una impugnación contra resultados electorales desde 1996.
El sector empresarial expresó al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que una de cada dos empresas ha sido víctima de delitos en el último año, como robo, extorsión y cobro de piso. Tras la reunión privada entre el CCE y el funcionario, los empresarios recibieron al próximo presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar.
La SCJN avaló el aumento en la tasa de retención a los intereses de ahorradores, vigente desde 2024. Esta pasó de 0.15% a 0.50%, cifra menor al 1.4% que propuso el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte negó un amparo contra la constitucionalidad de esta reforma, contenida en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de 2024.
El gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum se lanzó contra Grupo Salinas y urgió a la SCJN a resolver los litigios fiscales en su contra. Durante la conferencia matutina se informó que las empresas de Ricardo Salinas Pliego deben 74 mil millones de pesos en 32 litigios abiertos.
Sheinbaum pidió que los ministros voten a favor de que esas compañías cumplan sus obligaciones fiscales.
El Senado aprobó crear la Plataforma Única de Identidad que integrará datos biométricos para ayudar en la localización de personas desaparecidas. Toda autoridad deberá iniciar la búsqueda desde el primer momento en que se reciba una denuncia o se conozca del caso.
El Senado también aprobó en comisiones la nueva Ley de Telecomunicaciones, que obliga a empresas de telefonía a entregar datos para la geolocalización de dispositivos. El dictamen, aprobado con 13 votos a favor, uno en contra y una abstención, eliminó el artículo 109 que permitía a la Agencia Digital bloquear contenidos en plataformas digitales sin orden judicial.
La intervención temporal de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa se debió a «problemas en la línea de financiamiento», explicó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Dijo que la medida fue preventiva, para evitar interrupciones en el sistema bancario y proteger los ahorros de los clientes.
Fitch Ratings redujo las calificaciones de riesgo de Intercam Banco, Intercam Grupo Financiero, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, y las colocó en observación negativa tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU sobre debilidades en prevención de lavado de dinero. La agencia argumentó que la situación afecta la capacidad de estas entidades para cumplir sus compromisos financieros.
La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó una iniciativa para permitir al presidente Donald Trump poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento. Con seis votos a favor y tres en contra, el Tribunal avaló limitar las medidas cautelares de jueces federales en estos casos.
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