La reforma a la Ley de la Guardia Nacional pone en riesgo derechos fundamentales: GIDH

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister” expresó una profunda preocupación ante las reformas legislativas en materia de seguridad pública que se discuten en el Congreso de la Unión, especialmente la nueva Ley de la Guardia Nacional y los cambios al Sistema Nacional de Inteligencia.

El doctor Jesús Rey Fierro Hernández, presidente del GIDH advirtió que “estas reformas consolidan una militarización indebida de las tareas de seguridad pública, lo cual representa un retroceso en la garantía de los derechos humanos y pone en riesgo principios fundamentales como la privacidad, la legalidad y la rendición de cuentas”.

El GIDH también alertó que la propuesta, considera otorgar facultades excesivas a cuerpos militares, particularmente en materia de inteligencia e investigación, sin mecanismos democráticos de control.

Acceso discrecional a datos personales

“Otorgar a la Guardia Nacional y al Ejército acceso discrecional a datos personales y facultades de vigilancia sin controles judiciales, viola directamente el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México es parte”, afirmó.

Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que de aprobarse las reformas tal como están planteadas, México estaría institucionalizando prácticas de vigilancia sin autorización judicial previa, lo cual puede abrir la puerta a abusos, espionaje político y afectaciones a la vida privada de millones de ciudadanos.

Carácter civil

El defensor del pueblo recordó que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional debía mantener un carácter civil, a pesar de que su mando operativo haya recaído en la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, las reformas actuales apuntan a reforzar el control militar, eliminando en la práctica la supervisión ciudadana y civil de las labores de seguridad.

“La Constitución Mexicana es clara: la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles, con controles parlamentarios, auditorías externas y mecanismos de responsabilidad pública. Lo que hoy se discute atenta contra ese mandato”, enfatizó.

Por ello, el abogado litigante Jesús Rey exhortó a los legisladores federales a detener el avance de estas reformas hasta que se realice una revisión integral con participación de organismos de derechos humanos, expertos académicos y representantes de la sociedad civil.

Principios democráticos

“No se puede legislar en materia de seguridad con prisas ni sin escuchar a las voces ciudadanas. Lo que está en juego no es un modelo policial, sino el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de la población”, indicó Fierro Hernández.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, organizarse y manifestarse por vías pacíficas para exigir que cualquier cambio legal respete los principios democráticos, el marco constitucional y los tratados internacionales de los que México es parte.

“La militarización no ha resuelto la violencia en el país. Por el contrario, ha normalizado violaciones a los derechos humanos. Necesitamos un modelo de seguridad eficaz, pero fundado en la legalidad y el respeto a las libertades”, concluyó el presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–

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