Centro Prodh alertó sobre riesgos en la CURP biométrica y omisiones forenses clave. Centro Prodh advierte retrocesos legislativos.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que las recientes reformas a la Ley General en materia de desapariciones, aprobadas por la Cámara de Diputados, resultaron insuficientes y no ofrecieron respuestas estructurales ante la crisis de personas no localizadas en el país.

La organización señaló que la modificación normativa no constituye un avance sustantivo para atender “la crisis más dolorosa que enfrenta el país”. Criticó que el dictamen fue votado de forma apresurada, sin una participación adecuada de los familiares de personas desaparecidas ni de especialistas en la materia.

Entre los puntos más sensibles se encuentra la implementación de una CURP biométrica, que nutrirá la llamada Plataforma Única de Identidad. De acuerdo con el Centro Prodh, esta medida representa un riesgo para la privacidad y otros derechos, debido a la ausencia de controles adecuados en su operación.

Se eliminó el reporte administrativo

Otro de los retrocesos señalados fue la eliminación del reporte administrativo de desaparición, lo cual deja como única vía de atención a la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Este cambio excluye a muchas víctimas en regiones bajo control de grupos criminales, donde no hay condiciones para denunciar.

El informe de la organización resaltó que las familias de migrantes y comunidades con miedo a represalias pierden así una herramienta clave para alertar sobre la desaparición de personas. Esta exclusión institucional, según indicaron, dificulta aún más el seguimiento de casos no judicializados.

La organización subrayó que la nueva legislación omitió completamente la atención al rezago forense, un tema crítico en la identificación de personas. Además, no se mencionó al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), cuya operación ha sido bloqueada por fiscalías que alegan vacíos legales.

Críticas a la visión oficial

El Centro Prodh cuestionó la lógica detrás de los cambios legales, que parte de la premisa de que la crisis de desapariciones es un asunto meramente estadístico. Afirmaron que la interconexión de bases de datos no resolverá el problema sin una política pública integral y con enfoque de derechos humanos.

Indicaron que la legislación carece de medidas concretas para avanzar en la solución de la emergencia forense. No se plantearon estrategias efectivas para el manejo de cuerpos no identificados, ni se fortalecieron los mecanismos de búsqueda con enfoque territorial y comunitario.

La organización civil lamentó que la reforma haya sido aprobada vía fast track durante un periodo extraordinario de sesiones, lo cual privó a las familias del derecho a participar en el debate legislativo. En contraste, recordaron que la ley original de 2017 fue producto de un proceso más amplio e incluyente.

Llamado a revisión profunda

Frente a este escenario, el Centro Prodh llamó a los legisladores y autoridades del gobierno federal a retomar el diálogo con las familias de personas desaparecidas. Afirmaron que la reconstrucción institucional debe centrarse en la verdad, la justicia y la memoria.

También pidieron garantizar recursos para fortalecer al Sistema Nacional de Búsqueda, así como establecer políticas públicas que atiendan los factores estructurales que han dado origen al fenómeno de las desapariciones en el país. La omisión de estos puntos, insistieron, representa un retroceso preocupante.

Finalmente, solicitaron al Ejecutivo federal no promulgar la reforma en sus términos actuales. Proponen que se convoque a un proceso de revisión amplio, transparente y participativo, donde puedan incorporarse los elementos que realmente respondan a la dimensión de la crisis. –sn–

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