Critican uso de CURP biométrica. Cuestionan reforma reciente.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Familiares de personas desaparecidas protestaron frente a la Cámara de Diputados luego de la aprobación de la reforma en materia de identidad y búsqueda. Las y los manifestantes acusaron que esta iniciativa priorizó el control poblacional por encima del acompañamiento a víctimas.
Frente al recinto legislativo, los inconformes colgaron pancartas y fotos con los rostros de desaparecidos. Un cartel fijado a los barrotes decía “Clausurado, hasta encontrarles”, mientras que en la banqueta escribieron “Sin las familias no. Espiar no es buscar”.
La protesta ocurrió en respuesta a la nueva ley que establece una CURP con datos biométricos y la creación de una Plataforma Única de Identidad. Los manifestantes alertaron sobre el riesgo de que estas herramientas se usen como instrumentos de vigilancia.
De acuerdo con testimonios recabados, las familias de víctimas no fueron consultadas ni tomadas en cuenta en la elaboración de la reforma.
Temen vigilancia masiva
El activista Jorge Verástegui González expresó que la iniciativa no atiende el fenómeno de las desapariciones. Afirmó que se trata de una simulación disfrazada de política pública.
Indicó que “el riesgo es mucho mayor y el beneficio en términos de búsqueda es menor”, ya que los perpetradores rara vez usan documentos oficiales de las víctimas para trámites ante autoridades.
Según Verástegui, la Plataforma Única de Identidad representa una concentración de información sensible que puede vulnerar la privacidad de toda la población. Además, sostuvo que los cambios no aportan nuevas herramientas para localizar personas.
“Los ajustes que se realizaron son cosméticos”, comentó el activista, quien denunció que no se fortalecieron las condiciones de búsqueda.
No atendieron demandas sociales
El también defensor de derechos humanos aseguró que la incorporación de dependencias al Sistema Nacional de Búsqueda o la base de carpetas de investigación no resuelven la crisis forense y de desapariciones.
Cuestionó que la iniciativa avance sin garantizar una participación sustantiva de las familias. Recordó que las víctimas son el centro del problema, y deben ser consideradas para construir soluciones reales.
Además, explicó que los procesos burocráticos alejados de las comunidades no generan resultados efectivos ni reducen la impunidad.
En redes sociales, diversas organizaciones respaldaron la protesta y se sumaron al llamado para detener la reforma.
Caso Teuchitlán reactivó discusión
Tras el hallazgo del presunto campo de adiestramiento criminal en Teuchitlán, Jalisco, la discusión sobre la reforma volvió al centro del debate público. La Secretaría de Gobernación anunció mesas de diálogo con colectivos de búsqueda.
Sin embargo, activistas aseguraron que los acuerdos no se reflejaron en el contenido final de la reforma. Denunciaron que los legisladores no incorporaron las propuestas planteadas en dichos espacios.
Varios colectivos subrayaron que el texto final ignoró preocupaciones sobre protección de datos y vigilancia.
Las y los familiares afirmaron que mantendrán las protestas hasta que se reviertan los cambios aprobados. –sn–


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