Busca reforma constitucional para perseguir de oficio. Envía propuesta al Congreso.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados con el objetivo de facultar al Congreso para expedir una Ley General contra la extorsión. La medida permitirá perseguir este delito de oficio en todo el país.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la propuesta contempla primero la modificación constitucional y posteriormente la expedición de la nueva legislación. Aseguró que todas las fuerzas políticas deberían coincidir en respaldar la medida.
“Ya no descanse en la víctima la denuncia, le estamos quitando a la víctima ese peso”, expresó. Añadió que el Estado mexicano asumirá la responsabilidad de perseguir el delito y que la extorsión afecta a toda la población.
Nueva facultad para el Congreso
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que la iniciativa propone reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución. Dicha modificación otorgará al Congreso la facultad para legislar sobre el delito de extorsión.
Actualmente, el artículo permite expedir leyes generales sobre delitos como secuestro, desaparición forzada, trata de personas y tortura. La nueva redacción incluiría la extorsión, permitiendo establecer un tipo penal único, con agravantes y sanciones uniformes.
Godoy Ramos indicó que la ley servirá para prevenir, investigar y sancionar de forma homogénea el delito en todo el territorio nacional, y estará alineada con las leyes estatales respectivas.
Sistema nacional de inteligencia
La propuesta, según la consejera jurídica, se encuentra respaldada por la recién expedida Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que sentó las bases para una nueva estrategia contra la delincuencia organizada.
La ley refuerza la coordinación entre autoridades y permitirá integrar acciones más eficaces para atender delitos como la extorsión, que han afectado de manera creciente a negocios, transportistas, productores y ciudadanos.
Extorsión con impacto nacional
Durante la presentación, Claudia Sheinbaum enfatizó que la extorsión es un problema que trasciende niveles económicos o regionales. Señaló que el fenómeno afecta a pequeñas y medianas empresas, al comercio informal, e incluso a estudiantes y familias.
Destacó que la persecución de oficio permitirá liberar a las víctimas del temor de denunciar, y aumentará la eficacia del Estado en la aplicación de justicia.
Coordinación con entidades federativas
Con la Ley General contra la extorsión, los congresos estatales deberán armonizar sus legislaciones locales conforme al modelo federal. La meta, explicó Godoy Ramos, es evitar vacíos legales y garantizar una respuesta uniforme.
Indicó que la legislación contendrá mecanismos de protección para víctimas y testigos, así como la integración de datos en el sistema nacional de inteligencia criminal.
Aprobación esperada este año
Sheinbaum Pardo manifestó que su gobierno buscará aprobar tanto la reforma constitucional como la ley secundaria durante el presente año legislativo.
Confió en que los grupos parlamentarios apoyarán la propuesta por tratarse de una demanda social ampliamente reconocida. “No veo por qué nadie no esté de acuerdo”, declaró.
Reacción de organismos civiles
Diversas organizaciones sociales han solicitado durante años una legislación nacional contra la extorsión. Las quejas sobre amenazas, cobros ilegales, extorsión telefónica y cobro de piso han crecido en sectores productivos.
La posibilidad de que el Estado investigue de oficio se considera un avance, especialmente en regiones donde persisten condiciones de miedo o control por parte del crimen organizado.
Delito con alta incidencia
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la extorsión ha mantenido una tendencia al alza durante los últimos años.
Durante 2024 se registraron más de 10 mil carpetas de investigación por este delito, aunque analistas estiman una cifra negra de hasta el 90 por ciento. –sn–
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