Piden corresponsabilidad internacional para frenar flujo de armas. Urgen medidas contra armas ilegales.

Por Martín García | Reportero                                      

Si Estados Unidos no asume un papel activo para frenar la producción y tráfico de armas, toda acción civil quedará rebasada, afirmó el doctor en Derecho José Guadalupe Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

El profesor de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano insistir en la corresponsabilidad internacional para contener el flujo ilegal de armas hacia el país, al advertir que “mientras haya un arma más en manos del crimen, habrá un derecho menos garantizado para la ciudadanía”.

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, Medina Romero explicó que esta conmemoración no debe reducirse a lo simbólico, sino asumirse como un llamado urgente para romper el ciclo de violencia derivado de la proliferación armada.

En México, alertó, este fenómeno representa una crisis estructural de derechos humanos, debido al vínculo directo entre armas ilegales y hechos como desapariciones, desplazamientos, feminicidios y masacres.

Crimen organizado y armas de EU

Más del 70 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provino del mercado estadounidense, muchas de ellas adquiridas de forma legal en estados del sur y traficadas de manera ilícita a través de la frontera, puntualizó el especialista.

Para Medina Romero, esta realidad no se limita a un problema de seguridad pública, sino que refleja una amenaza directa al derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y al acceso a la justicia.

“Como docente de Derechos Humanos en la UNAM, afirmo que el tráfico de armas debe abordarse desde el corpus iuris internacional. La omisión institucional ante este fenómeno equivale a la negación del deber de protección del Estado”, expresó.

México ha suscrito tratados multilaterales como el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), pero su efectividad, dijo, depende de la cooperación y voluntad de países como Estados Unidos, cuyas laxas políticas de comercialización facilitan el desvío de armas a grupos criminales.

Demanda contra fabricantes de armas

El académico mencionó que la demanda civil interpuesta en 2021 por el gobierno federal contra fabricantes estadounidenses representa un precedente jurídico de alto impacto.

En dicha acción legal, el Estado mexicano señaló la responsabilidad de las empresas armamentistas por prácticas negligentes que facilitan el flujo de armas hacia organizaciones delictivas.

Desde una visión jurídica, dijo, esta demanda debe evaluarse conforme a principios de responsabilidad empresarial, debido proceso y justicia transnacional.

“Es un paso fundamental para exigir rendición de cuentas en el comercio internacional de armas y exigir que no se tolere más la impunidad de quienes lucran con la violencia”, sostuvo.

Acciones civiles y cooperación bilateral

Las iniciativas que desarrollan organizaciones como Oxfam, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas —entre ellas campañas de desarme, conferencias y jornadas de sensibilización— han sido clave para visibilizar el problema.

No obstante, advirtió que sin una política coherente de parte del gobierno estadounidense para restringir la producción y exportación de armas, todo esfuerzo ciudadano resultará insuficiente.

“Las armas que cruzan nuestras fronteras no solo matan cuerpos, también silencian derechos”, remató José Guadalupe Medina Romero, al reiterar que el Estado mexicano debe reforzar su posición internacional en defensa de la vida digna. –sn–

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