La nueva normativa obliga desde el pasado 28 de junio a garantizar que todos los productos y servicios digitales sean accesibles.

Por Deyanira Vázquez | Reportera

Desde el pasado sábado 28 de junio, todas las compañías en España están legalmente obligadas a garantizar que sus webs, aplicaciones, plataformas y productos digitales sean accesibles para cualquier persona, incluidas personas con discapacidad, mayores y usuarios con baja competencia tecnológica.

Las empresas deberán asegurar textos claros, alto contraste visual, compatibilidad con lectores de pantalla y ofrecer atención al cliente accesible. Además, se exige formación interna y la documentación detallada de todo el proceso.

No cumplir con la nueva Ley de Accesibilidad Digital puede derivar en sanciones de hasta un millón de euros y dañar gravemente la reputación de la marca. Aunque se contemplan excepciones en casos de «carga desproporcionada», los expertos coinciden en que la norma es también una oportunidad para reforzar el compromiso social y ampliar el público potencial.

Isabel García, CEO de Bleta , una startup española con la inclusión digital en su ADN, conoce de primera mano el impacto de la exclusión: «La accesibilidad no es una opción, es una necesidad», subraya. Para García, esta nueva normativa supone «un punto de inflexión» que obligará a las empresas a replantear el diseño de sus productos desde la empatía y la funcionalidad real.

En Bleta, sus aplicaciones pasan por pruebas constantes con usuarios reales, validando que cada detalle, desde el tamaño de los botones hasta la estructura de los menús, tenga sentido para quien las usa. No se trata solo de cumplir un estándar técnico, sino de evitar frustración y miedo en quienes ya se sienten desplazados por lo digital. –sn–