La economía también se escribe en recetas. En cada hamburguesa de McDonald’s, en cada salsa servida en restaurantes texanos, hay un ingrediente indispensable…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
… el jitomate fresco mexicano (jitomate). Sin embargo, ese insumo básico enfrenta ahora una cuota compensatoria del 30%, impuesta por el gobierno de Estados Unidos, que amenaza con alterar precios, cadenas de abasto y relaciones comerciales.
El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la medida no constituye un arancel formal, sino una cuota compensatoria resultado de una investigación antidumping solicitada por productores de Florida. El acuerdo de suspensión firmado en 2019 entre exportadores mexicanos y autoridades estadounidenses ha expirado, y con él, las condiciones preferenciales de exportación.
El jitomate mexicano representa más del 50 por ciento del consumo total de tomate fresco en los Estados Unidos. Según cifras del Departamento de Agricultura de ese país (USDA, por sus siglas en inglés), las importaciones de jitomate mexicano superaron los 2 mil millones de dólares en 2023. Se calcula que alrededor de 1.8 millones de toneladas cruzaron la frontera en ese año.
La industria alimentaria estadounidense depende ampliamente del tomate mexicano. Cadenas como Subway, Taco Bell y Wendy’s utilizan producto proveniente de Sinaloa, Baja California y San Luis Potosí. En supermercados, uno de cada tres tomates frescos proviene directamente del campo mexicano.
El origen de esta medida no es nuevo. Desde hace más de una década, productores de Florida han promovido acciones legales para limitar el ingreso de jitomate mexicano, argumentando competencia desleal por subsidios. La Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos aceptó el argumento e impuso la cuota compensatoria mientras se define un nuevo acuerdo bilateral.
México no ha negado los apoyos al campo, pero rechaza que éstos constituyan una práctica de dumping. El verdadero impacto, sin embargo, será económico y logístico. Las empresas distribuidoras estadounidenses deberán asumir el costo o transferirlo a los consumidores. Se anticipa un incremento de entre 15 y 25 por ciento en el precio del jitomate fresco al menudeo.
En paralelo, los productores mexicanos enfrentan incertidumbre. Las exportaciones de tomate fresco generan más de 400 mil empleos directos, especialmente en regiones con alta marginación. Sin certidumbre en el comercio, podrían detenerse inversiones clave y paralizarse infraestructura logística que conecta el campo con los centros de distribución.
La medida también tiene un trasfondo político. Estados Unidos se encuentra en año electoral y Florida es uno de los estados clave. Los intereses de los productores locales influyen en decisiones que reconfiguran el comercio bilateral. La cuota al jitomate podría beneficiar políticamente, pero económicamente representa un riesgo inflacionario.
El propio Marcelo Ebrard advirtió que esta política no es sostenible. Los consumidores estadounidenses terminarán pagando más por sus alimentos, las cadenas de restaurantes enfrentarán ajustes y el comercio fronterizo sufrirá retrasos. México ha solicitado una nueva ronda de negociaciones para evitar que esta disputa escale.
La experiencia previa indica que el jitomate mexicano terminará por imponerse, no en tribunales, sino en anaqueles. Es más barato, más abundante y con estándares de calidad reconocidos. Pero mientras eso ocurre, las afectaciones económicas ya comenzaron.
El jitomate ha sido más que un producto agrícola; ha simbolizado la capacidad exportadora del campo nacional. Lo que hoy se debate no es sólo una cuota del 30 opr ciento, sino el valor de las relaciones comerciales y el papel del campo en la economía global.
El consumidor estadounidense seguirá pidiendo hamburguesas, ensaladas y salsas. Pero la pregunta es: ¿cuánto estará dispuesto a pagar cuando el jitomate suba de precio? Y, más aún, ¿quién asume la carga de una política que castiga al productor, tensiona al consumidor y desarticula el comercio justo?
Punto Cero
En 2023, el Congreso de la Unión aprobó la nacionalización del litio. Esto generó un boom empresarial, aunque también conflictos legales. La minera china Ganfeng Lithium demandó al Estado mexicano por la cancelación de sus concesiones. Otras empresas en Zacatecas y Sonora interpusieron amparos para mantener sus derechos de explotación, algunos con vigencia superior a cien años.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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